Foto: Archivo
Entrevista con Roberto Rubio, presidente ejecutivo de FUNDE y del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC)
A tres años de haber nacido, luego de una intensa lucha de la
sociedad civil, la Ley de Acceso a la Información Púbica (LAIP), ha
caminado sobre una calle empedrada que ha permitido un avance
sustancial, pero aún muy lento en el tema de transparencia en El
Salvador, un avance que podría estar amenazado en estos últimos días,
según algunos analistas.
Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), señala que a pesar de lo que se ha avanzado, el Instituto de Acceso a la Información, principal garante del cumplimiento de la LAIP, ha mostrado ser más sensible a las presiones gubernamentales y que incluso hay rumores de “matar” esta ley con un nuevo reglamento en el que el presidente de la República decida quienes desnudarán a su gobierno ante la población.
FUNDE desarrolla el Centro de Asistencia Legal y Anti Corrupción (ALAC), que evalúa cada seis meses los avances y tropiezos que ha tenido la LAIP en el país. Este último, el sexto informe, deja ver la opacidad con que han actuado instituciones de gobierno, en especial Casa Presidencial.
Recientemente, FUNDE presentó una evaluación de transparencia en el sistema público, donde el órgano Ejecutivo es el que sale peor evaluado. ¿Qué significa esto?
El cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información (LAIP) no abarca ni representa todo el aspecto de opacidad o de transparencia que puede haber en un gobierno; es decir, pueden haber más elementos que reflejen esta característica. Este informe está basado en los casos que aquí nos llegan y analizamos los resultados que nos dan las instituciones: si contestaron, si no contestaron, si contestaron parcialmente… esto es una muestra de cómo está reaccionando el sector público ante la misma ley, y en este caso hemos visto que la institución que dio menos respuestas fue Casa Presidencia.
Pero si desde el inicio ha habido entidades garantes de esta ley, ¿a qué se debe el deterioro el mayor incumplimiento?
Yo creo que el Instituto de Acceso a la Información, que es el primer garante de esta ley, comenzó con buen pie cuando condenó a la directiva y al presidente de la Asamblea Legislativa a pagar una multa por no querer entregar información de los accesorios y que vino el presidente, es decir, cumplió con su papel, pero últimamente se ha visto debilitado, lo que se ha traducido en mayor lentitud.
¿Qué lo ha debilitado?
Bueno, hay varios factores, pero creo que los mayores problemas han sido que renunció un miembro propietario y aún no ha sido sustituido, y luego uno de los mejores comisionados que tienen, Jaime Campos, está de candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es decir que si se va, se debilitaría aún más el Instituto. Es más, esto ya ha empezado a generar dificultades para atender con prontitud todas las demandas que les llegan, aparte del tema presupuestario, que no les permite tener todo los recursos para satisfacer la demanda, lo que equivale a una mayor lentitud.
En algunos casos, cuando uno solicita información, no deja de tener sus dudas sobre si le estarán dando toda la información o si habrá injerencias de las jefaturas para que no se entregue lo solicitado…
Sí, también hay que decir que últimamente en el Instituto puede haber mayor sensibilidad a presiones gubernamentales, por ejemplo en el caso de las peticiones que hicimos sobre los gastos en publicidad y viajes del expresidente Mauricio Funes. En ese caso, el Instituto resolvió a favor nuestro solamente una de las cuatro peticiones
En el caso de los viajes del expresidente Funes se dijo que no se revelaba la información por razones de seguridad, pero a estas alturas esa información ya no puede poner en peligro la seguridad de él al revelar esos datos; ese argumento, que era de peso antes, ya no vale, pero el Instituto le dio la razón a Casa Presidencial. Esas son cosas que nos preocupan, esa lentitud y las razones que, sin argumento, da el Instituto para poner en reserva información.
¿Si, como usted dice, el gobierno podría estar metiendo las manos en el Instituto, podría ser que, de alguna manera, se busque maniatar la Ley de Acceso a la Información?
No hay duda que la LAIP le está resultando incómoda al poder, es una buena ley, y tan buena que es posible que la quieran matar. Ya hay rumores de que pueden intentar hacerle reformas al reglamento. Recordemos que el año pasado ya hubo un intento de matarla con un reglamento que salió del mismo despacho del expresidente Funes, pero han regresado esos rumores de que quieren tocar el reglamento.
¿De dónde han salido esos rumores?
Por ejemplo, yo he escuchado al secretario de Transparencia y Anticorrupción (Marco Rodríguez) lamentarse de que El Salvador es el único país donde no es el presidente de la República quien nombra a los miembros del Instituto, algo que hasta el momento aquí lo hacen los sectores. Ojalá que esa reforma que se insinúa no prospere.
¿Es decir que se podría reformar el reglamento para que el presidente elija a los mismos que van a desnudar a su gobierno?
Sí, actualmente el reglamento dice que la sociedad civil propone una terna, es decir tres candidatos, uno que lleva el sector universitario, otro las ONG´s y uno del sector privado; el presidente los elige y la Asamblea los aprueba o desaprueba. Yo creo que este es un buen reglamento.
Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), señala que a pesar de lo que se ha avanzado, el Instituto de Acceso a la Información, principal garante del cumplimiento de la LAIP, ha mostrado ser más sensible a las presiones gubernamentales y que incluso hay rumores de “matar” esta ley con un nuevo reglamento en el que el presidente de la República decida quienes desnudarán a su gobierno ante la población.
FUNDE desarrolla el Centro de Asistencia Legal y Anti Corrupción (ALAC), que evalúa cada seis meses los avances y tropiezos que ha tenido la LAIP en el país. Este último, el sexto informe, deja ver la opacidad con que han actuado instituciones de gobierno, en especial Casa Presidencial.
Recientemente, FUNDE presentó una evaluación de transparencia en el sistema público, donde el órgano Ejecutivo es el que sale peor evaluado. ¿Qué significa esto?
El cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información (LAIP) no abarca ni representa todo el aspecto de opacidad o de transparencia que puede haber en un gobierno; es decir, pueden haber más elementos que reflejen esta característica. Este informe está basado en los casos que aquí nos llegan y analizamos los resultados que nos dan las instituciones: si contestaron, si no contestaron, si contestaron parcialmente… esto es una muestra de cómo está reaccionando el sector público ante la misma ley, y en este caso hemos visto que la institución que dio menos respuestas fue Casa Presidencia.
Pero si desde el inicio ha habido entidades garantes de esta ley, ¿a qué se debe el deterioro el mayor incumplimiento?
Yo creo que el Instituto de Acceso a la Información, que es el primer garante de esta ley, comenzó con buen pie cuando condenó a la directiva y al presidente de la Asamblea Legislativa a pagar una multa por no querer entregar información de los accesorios y que vino el presidente, es decir, cumplió con su papel, pero últimamente se ha visto debilitado, lo que se ha traducido en mayor lentitud.
¿Qué lo ha debilitado?
Bueno, hay varios factores, pero creo que los mayores problemas han sido que renunció un miembro propietario y aún no ha sido sustituido, y luego uno de los mejores comisionados que tienen, Jaime Campos, está de candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es decir que si se va, se debilitaría aún más el Instituto. Es más, esto ya ha empezado a generar dificultades para atender con prontitud todas las demandas que les llegan, aparte del tema presupuestario, que no les permite tener todo los recursos para satisfacer la demanda, lo que equivale a una mayor lentitud.
En algunos casos, cuando uno solicita información, no deja de tener sus dudas sobre si le estarán dando toda la información o si habrá injerencias de las jefaturas para que no se entregue lo solicitado…
Sí, también hay que decir que últimamente en el Instituto puede haber mayor sensibilidad a presiones gubernamentales, por ejemplo en el caso de las peticiones que hicimos sobre los gastos en publicidad y viajes del expresidente Mauricio Funes. En ese caso, el Instituto resolvió a favor nuestro solamente una de las cuatro peticiones
En el caso de los viajes del expresidente Funes se dijo que no se revelaba la información por razones de seguridad, pero a estas alturas esa información ya no puede poner en peligro la seguridad de él al revelar esos datos; ese argumento, que era de peso antes, ya no vale, pero el Instituto le dio la razón a Casa Presidencial. Esas son cosas que nos preocupan, esa lentitud y las razones que, sin argumento, da el Instituto para poner en reserva información.
¿Si, como usted dice, el gobierno podría estar metiendo las manos en el Instituto, podría ser que, de alguna manera, se busque maniatar la Ley de Acceso a la Información?
No hay duda que la LAIP le está resultando incómoda al poder, es una buena ley, y tan buena que es posible que la quieran matar. Ya hay rumores de que pueden intentar hacerle reformas al reglamento. Recordemos que el año pasado ya hubo un intento de matarla con un reglamento que salió del mismo despacho del expresidente Funes, pero han regresado esos rumores de que quieren tocar el reglamento.
¿De dónde han salido esos rumores?
Por ejemplo, yo he escuchado al secretario de Transparencia y Anticorrupción (Marco Rodríguez) lamentarse de que El Salvador es el único país donde no es el presidente de la República quien nombra a los miembros del Instituto, algo que hasta el momento aquí lo hacen los sectores. Ojalá que esa reforma que se insinúa no prospere.
¿Es decir que se podría reformar el reglamento para que el presidente elija a los mismos que van a desnudar a su gobierno?
Sí, actualmente el reglamento dice que la sociedad civil propone una terna, es decir tres candidatos, uno que lleva el sector universitario, otro las ONG´s y uno del sector privado; el presidente los elige y la Asamblea los aprueba o desaprueba. Yo creo que este es un buen reglamento.
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