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La enorme agitación que explotó estos últimos días concierne no solamente la criminalidad y la violencia, sino también el poder social y el tema de la política democrática. Y lo que está en juego en la batalla que se libra hoy día por el México actual no es solamente el futuro de la paz y la prosperidad de los habitantes al sur del Río Bravo, sino también la democracia y la justicia al norte de la frontera.
Antes de asumir el cargo el 1° de diciembre del 2012, Peña Nieto publicó un artículo en el Washington Post en el que trataba de disipar las inquietudes respecto a sus íntimos vínculos con la vieja guardia, la más corrupta y atrasada del autoritario Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el país de 1929 al 2000. Invitaba a los observadores a olvidar el pasado del partido y en su lugar examinar su “plan para abrir el sector energético de México a la inversión privada, nacional e internacional”.
Promulgación de la «reforma energética», abriendo el camino a las privatizaciones del sector energético
En visperas de su primer encuentro con el presidente Barack Obama en
Washington, Peña Nieto afirmaba que tales reformas “contribuirían a
garantizar la independencia energética us-americana”, puesto que “México
posee la quinta reserva más importante de gas de esquisto a nivel
mundial, además de importantes reservas de petróleo en aguas profundas y
un enorme potencial en materia de energías renovables”.Obama, el ejército us-americano y el Congreso aceptaron apresuradamente el pacto con el diablo de Peña Nieto. Apoyarían ciegamente su presidencia a cambio de acciones rápidas para reformar el sector energético.
Durante los dos últimos años, ambas partes
cumplieron fielmente sus compromisos. En diciembre de 2013, Peña Nieto
hizo pasar a la fuerza la reforma histórica del artículo 27 de la
Constitución, poniendo fin al monopolio del Estado sobre la industria
petrolera y abrió las puertas a la especulación y a las grandes
inversiones privadas por parte de los gigantes internacionales del
petróleo. La mayoría de los mexicanos rechazó categóricamente estas
reformas, pero fueron aplastados por el buldócer del Congreso de la
Unión y esas reformas fueron adoptadas por una mayoría de los Congresos
locales en solamente 10 días, sin debate y en violación flagrante del
proceso democrático.
- ¿Tienes petróleo?
-¿Tienes una reforma migratoria?
Mediante esta reforma legal se autorizó la transferencia de la renta petrolera pública al sector privado, cumpliendo los más anhelados sueños de Washington. Los EE.UU. llevaban años intentando implementar reformas similares en el Irak ocupado. Pero en México un presidente leal y corrupto resultó ser mucho más eficaz que una ocupación militar directa.
Como era de esperar, la mayor parte de la prensa
internacional aplaudió vigorosamente la reforma petrolera. “Mientras que
la economía de Venezuela se derrumba y se estanca el crecimiento de
Brasil, México se está convirtiendo en el productor latinoamericano de
petróleo al que vale la pena seguir de cerca – y un modelo en cuanto a
la forma en la que la democracia puede servir un país en vía de
desarrollo”, escribía el Washington Post en un editorial. El Financial Times
proclamaba con entusiasmo que “el voto histórico de México a favor de
la apertura de su sector petrolero y gasífero a la inversión privada,
después de 75 años bajo el yugo del estado, representaba una jugada
política maestra para Peña Nieto”. Por su parte la revista Forbes señaló
que si bien el anterior presidente Felipe Calderón “había tal vez
impulsado reformas reales en el sector, era Peña Nieto el que entraría
en los libros de historia”. Desde que Peña Nieto tomó el poder, el
gobierno de los EE.UU. no ha emitido ninguna condena sobre la corrupción
o las violaciones de los derechos humanos en México. Esto en un
contexto en el cual las principales organizaciones internacionales tales
como Human Rights Watch, Artículo 19, y decenas de ONG locales han
documentado un aumento escandaloso de la represión de las protestas y de
la violencia contra la prensa bajo la actual administración. La tímida
reacción del gobierno us-americano frente a la masacre de los
estudiantes acaecida el 26 de septiembre forma parte de una estrategia
consistente en mirar hacia otro lado.
-Pregunta: ¿es hora de terminar la guerra contra el narcotráfico?
- Respuesta unánime: ¡NO!
Pero el gobierno de los EE.UU no se limitó a permanecer como simple
observador. También reforzó su implicación directa en la guerra contra
el narcotráfico en México. El Congreso asignó miles de millones de
dólares al financiamiento del sistema de seguridad del gobierno mexicano
durante estos últimos años. Las autoridades mexicanas y us-americanas
establecieron Centros de fusión de inteligencia en todo el país con el
fin de compartir informaciones. Y el Wall Street Journal acaba de
revelar que agentes us-americanos portan uniformes militares mexicanos
para participar directamente en misiones especiales, como el reciente
arresto de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el poderoso jefe del cártel de
Sinaloa.- Respuesta unánime: ¡NO!
Ahora que la legitimidad de la administración de Peña Nieto se derrumba como un castillo de naipes, que fue claramente simbolizada por la quema pública de su enorme efigie en la plaza del Zócalo, el jueves pasado en el centro de la Ciudad de México, la pregunta que todo el mundo se hace es si el gobierno us-américano continuará la lucha hasta el final para defender a Peña Nieto o si todavía existen dentro del establishment político de los EE.UU. márgenes de maniobra en favor de la paz y de la democracia al sur del Río Bravo.
Las medidas tomadas recientemente por las autoridades mexicanas indican que continuarán recibiendo el apoyo indefectible de Washington.
Según varios testigos, durante las enormes
manifestaciones del 20 de noviembre en México, provocadores encapuchados
lanzaron cocteles molotov a la policía, y asistieron tranquilamente al
maltrato de periodistas y de observadores de derechos humanos, así como
al arresto de inocentes estudiantes. Peña Nieto inmediatamente hizo
inculpar a 11 estudiantes por delitos federales graves –terrorismo,
crimen organizado y conspiración- y los hizo encerrar en cárceles de
alta seguridad a cientos de kilómetros de la capital.
Si la situación permanece con el rumbo actual, México podría pronto seguir el camino de Perú durante el autogolpe de Alberto Fujimori de 1992, ante los ojos de la administración Obama. A menos que los ciudadanos us-americanos alcen la voz en apoyo y solidaridad con sus vecinos mexicanos, el país podría convertirse en la presa de una nueva guerra sucia apoyada por los EE.UU contra estudiantes y militantes, similar a la represión durante los años 70 y 80, que costó centenares de miles de vidas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua y en Honduras. Aún es tiempo de actuar antes que la América del Norte de hoy se convierta en una copia de la América Central de hace 30 o 40 años.
Durante una ceremonia en el Palacio Nacional en
México, DF, el jueves 27 de noviembre 2014, Enrique Peña Nieto anunció
un nuevo plan anticrimen que incluye la introducción de un número o
documento nacional de identidad, que le da al Congreso el poder de
disolver gobiernos municipales corruptos y y de poner las fuerzas de
policía locales – a menudo corruptas – bajo el control de los gobiernos
de los 31 estados del país (que, obviamente, no son para nada
corruptos). El plan se centrará inicialmente en cuatro de los estados
más conflictivos de México: Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas.
Foto Eduardo Verdugo / AP.
REBELIONGracias a: Tlaxcala
Fuente: http://tinyurl.com/oxjp54p
Traducido por Luis Alberto Reygada
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