Diarios de Urgencia
Director: CARLOS AZNAREZRedacción: Leandro Albani, Facundo Guillén, Ana Guillermina Roca, Antonela Di Candia, Marina Pérez Damil, Waldemar Sarli.
CONSULTE NUESTRA WEB www.
LA CONTRAINFORMACIÓN AL DÍA
Información, opinión y denuncia de Latinoamérica y el Tercer Mundo
7 DE NOVIEMBRE 2014
______________________________
CONVOCATORIA PARA ESTE SABADO EN BUENOS AIRES
SENDIC SIGUE PRESENTE!!
"HABRA PATRIA PARA TODOS O NO HABRA PATRIA PARA NADIE____________________________________
MEXICO
La indignación en MEXICO crece
Cierran también la CNDH; la acusan de solapar violaciones a derechos humanos
Estudiantes
clausuranla sede de la PGR en solidaridad con normalistas
Aspecto de la protesta ante la PGR
Viernes 7 de noviembre de 2014
clausuradade manera simbólica por cientos de estudiantes de diversas instituciones que de manera unánime gritaron durante horas que
el Estado fue el responsable de la desaparición de los 43normalistas de Ayotzinapa.
Una protesta similar fue efectuada frente a la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La reja que resguarda la sede de la PGR se convirtió en un largo
tendederodonde se colgaron imágenes de los estudiantes que desde el pasado 26 de septiembre fueron privados ilegalmente de su libertad por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, por órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca Velázquez, y luego entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Estudiantes, profesores y padres de familia comenzaron a manifestarse frente a la PGR a las ocho de la mañana con pancartas y mantas. A gritos pidieron el
castigo para los responsables y la entrega con vida de los normalistas.
En la movilización participaron alumnos de escuelas y facultades de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y Colegio de Bachilleres, así como estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física, entre otras. Aunque la protesta fue pacífica, jóvenes encapuchados lanzaron durante unos minutos algunas piedras y botellas llenas de pintura roja contra la fachada de la PGR.
Centenares de jóvenes y adultos entonaron frente a la sede de la procuraduría canciones de Joan Manuel Serrat y otros trovadores. Leyeron poesías, entre ellas Amor, de Jalil Gibrán.
Algunos jóvenes cantaron otras composiciones y lanzaron consignas para exigir las renuncias del presidente Enrique Peña Nieto y del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
Profesores del Colegio de Bachilleres dijeron al micrófono que a todos los docentes de esa institución les advirtieron que serían sancionados si acudían a la movilización convocada por los estudiantes. Aunque no quisieron revelar su nombre, fueron acogidos por los universitarios. Dijeron que pidieron un día sin goce de sueldo para acompañarlos en la protesta.
Mientras se lanzaban consignas, algunos estudiantes se untaron pintura roja en las palmas de las manos y luego las colocaron en cada barrote de las rejas de la PGR.
Escurrieron un poco de la pintura en la banqueta, como símbolo de la sangre de los miles de desaparecidos que han sido víctimas de autoridades o grupos criminales, sobre todo desde el sexenio de Felipe Calderón.
Sobre la reja que proteje los vidrios de los auditorios de la dependencia los manifestantes escribieron:
La justicia se hace en las calles, no en los tribunales;
¡Peña-Murillo, lárguense!;
No al Estado que mata, condena y desaparece a toda la gente.
Un largo letrero de papel con la leyenda
Por otra parte, integrantes de organizaciones sociales se reunieron
frente a la sede de la CNDH para clausurarla de forma simbólica, debido a
su actuación
Poco después de las 13 horas, activistas de colectivos como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Eslabones por la Paz, el Comité Cerezo México, el Frente Popular Francisco Villa Independiente y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala bloquearon la lateral de Periférico, junto el puente de Luis Cabrera.
Lanzaron consignas como
En los pasados cinco años, ejemplificaron,
Las fallas y omisiones del organismo no tienen que ver sólo con el trabajo de uno de sus titulares, sino con el
Nadin Reyes, integrante del comité Hasta Encontrarlos, subrayó que la CNDH es una entidad que no ayuda a investigar y resolver los casos de violaciones a los derechos humanos, y en esa medida es
Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México, coincidió en que el organismo aún dirigido por Raúl Plascencia Villanueva ha silenciado los efectos de la política de
La indignación por la desaparición de 43 normalistas
de Ayotzinapa hace más de un mes tras una agresión policial no
disminuye. Este viernes los estudiantes convocan más acciones que exigen
la aparición con vida de los jóvenes desaparecidos en Iguala, en el
estado de Guerrero.
El corresponsal de teleSUR en México, Eduardo
Martínez, reportó que: “Ya se tienen varias actividades programadas para
el día de hoy como el paro de 72 horas”.
El periodista explicó que estas movilizaciones
reclaman que “el Gobierno mexicano no les ha dado respuesta” en torno al
paradero de los estudiantes. También cuestionan que el presidente
mexicano Enrique Peña Nieto “emprederá su gira por Asia pese a la
situación en el país”.
Este jueves, el clamor mundial se hizo sentir en el tuitazo por Ayotzinapa,
que en el marco de la Acción Global por Ayotzinapa, fue convocado a
través de las redes sociales para exigir que los 43 estudiantes
desaparecidos el pasado 26 de septiembre aparezcan con vida.
México no se rinde
Viernes 7 de noviembre de 2014,
Eran las 11 de la noche del 31 de mayo de 2013, en
un paraje de encinos y matorrales, aproximadamente a 300 metros de una
vereda de terracería que se adentra en el monte por la carretera entre
Iguala y Puente de Ixtla. Nicolás Mendoza Villa, chofer del ingeniero
Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala,
permanecía tirado en el suelo, secuestrado junto con su jefe y otros
cuatro miembros de la organización, por hombres armados vestidos de
negro. Llevaban poco más de 24 horas sometidos con armas largas,
torturados interminentemente. Hernández Cardona tenía una herida de bala
en una pantorrilla, provocada por un disparo en el momento en que el
grupo fue interceptado.
Al lugar llegaron dos hombres más, dando órdenes a los secuestradores. Nicolás los reconoció, ya que en ese momento no estaba vendado de los ojos: el presidente municipal, José Luis Abarca, y su jefe de seguridad pública, Felipe Flores Velázquez. Ambos llevaban una cerveza Barrilito en la mano.
En su declaración ministerial ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero del pasado 11 de marzo, en calidad de testigo ocular y sobreviviente del asesinato de Hernández Cardona y sus compañeros Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Balderas Román, Mendoza Villa afirma que el ahora detenido ex edil Abarca se dirigió a Hernández, opositor político:
Arrojado a la fosa, todavía se oyó la voz de Flores, jefe de la policía local:
Mendoza Villa y otros dos secuestrados –Gregorio Dante Cervantes y Efraín Amates– lograron huir en medio de la obscuridad. Días después fueron encontrados los cuerpos de los tres activistas de la Unidad Popular asesinados, los mismos a los que Abarca había amenazado en público el 29 de mayo, en una audiencia en el ayuntamiento de Iguala, frente a todo el cabildo.
Ni las autoridades judiciales del municipio ni las del gobierno estatal, que encabezaba Ángel Aguirre, investigaron ni buscaron a los autores del triple asesinato. Lo que sí se investigó y sancionó fue la protesta que días después protagonizaron la Unidad Popular de Iguala y otras organizaciones guerrerenses, incluida la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, frente al palacio municipal. El inmueble fue apedreado y pintarrajeado. A los manifestantes se les acusó por daños en propiedad ajena, que fueron valorados en 4 millones de pesos.
Mendoza Villa aguantó vivir en Iguala unos meses más, pero después huyó, cuando supo que lo buscaban para ultimarlo. En marzo de 2014 reunió valor para presentarse a declarar ante un agente del Ministerio Público guerrerense en Chilpancingo.
En esa declaración – La Jornada tiene una copia–
agrega un detalle significativo a la luz de las fosas clandestinas
llenas de restos humanos que han sido encontrados en semanas recientes
en los alrededores de Iguala. En el lugar de matorrales de espino,
sostuvo Nicolás Mendoza, “había más personas, como seis, que tenían
secuestradas y tiradas bajo los matorrales. De ellas, eran cuatro
hombres y tres mujeres; no supe nunca sus nombres ni a qué se dedicaban.
Lo que escuché es que para perdonarle la vida iban a trabajar para
ellos, ya que se hacían llamar miembros de la organización Guerreros Unidos y que estaban bajo las órdenes del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca”.
El secuestro de los activistas había tenido lugar un día antes, 30 de mayo, cuando un grupo de la Unidad Popular se retiraba de la caseta de cobro de la carretera a Iguala, en el tramo hacia Puente de Ixtla, donde habían protestado contra Abarca. El día anterior, en audiencia pública, el alcalde había amenazado de muerte a Hernández Cardona. Ambos eran militantes del PRD; Abarca, afín a la corriente de los chuchos, y el líder social, cercano a los bejaranistas.
Los últimos en retirarse de la caseta fueron Hernández Cardona y seis compañeros, en una camioneta Honda, blanca, con placas del Distrito Federal. Nicolás se puso al volante. A la mitad del camino una camioneta Explorer se les pegó por atrás y otra Cherokee,
Al menos uno de los hombres de ese comando es descrito por Nicolás:
De acuerdo con Magda López, dirigente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, durante los 17 meses transcurridos desde el triple asesinato no se realizó ninguna investigación, a pesar de que la Procuraduría General de la República atrajo el caso y abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UELDMS/439/2014.
Tampoco se presentó una demanda formal por parte del líder de la corriente en que militaban los líderes asesinados, René Bejarano, quien, sin embargo, ha insistido en declaraciones a la prensa que
En junio de 2013, pocas semanas después de las ejecuciones, la Red; el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y Nicolás Mendoza presentaron ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez, una solicitud de protección para los sobrevivientes del ataque, por considerar que podían sufrir un nuevo atentado. No ha habido respuesta del organismo hasta la fecha, a pesar de que en septiembre fue replanteada la petición.
Clausuradose colocó en la entrada principal de la PGR, sostenido con cinta canela, y permaneció hasta después de que se retiraron los manifestantes, al filo de las dos de la tarde.
ineficienteen casos como la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Poco después de las 13 horas, activistas de colectivos como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Eslabones por la Paz, el Comité Cerezo México, el Frente Popular Francisco Villa Independiente y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala bloquearon la lateral de Periférico, junto el puente de Luis Cabrera.
Lanzaron consignas como
Vivos se los llevaron, vivos los queremosy “Ayotzi vive, la lucha sigue”. Dieron lectura a un comunicado en el que denuncian que la CNDH
es actualmente un mecanismo estatal para mantener la impunidad y evitar que los perpetradores de las violaciones de derechos humanos sean juzgados y sancionados.
En los pasados cinco años, ejemplificaron,
de las 215 mil 545 quejas recibidas, sólo emitió 413 recomendaciones, (equivalentes a) menos de 0.2 por ciento (del total). Para la CNDH, la militarización, el paramilitarismo, la tortura, el arraigo, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada no existen.
Las fallas y omisiones del organismo no tienen que ver sólo con el trabajo de uno de sus titulares, sino con el
actuar institucional planificado para ocultar el sufrimiento de miles de víctimas y limpiar la imagen del Estado mexicano, recalcaron.
Nadin Reyes, integrante del comité Hasta Encontrarlos, subrayó que la CNDH es una entidad que no ayuda a investigar y resolver los casos de violaciones a los derechos humanos, y en esa medida es
cómplicede quienes transgreden esas garantías y favorece la impunidad, como lo comprueba el caso de los 43 normalistas desaparecidos.
Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México, coincidió en que el organismo aún dirigido por Raúl Plascencia Villanueva ha silenciado los efectos de la política de
terrorismo de Estadoque genera múltiples violaciones a esos derechos.
FUENTE: La Jornada
______________________________
Los estudiantes se han solidarizado esta semana con acciones masivas en diversos puntos de México.
7 noviembre 2014
Bajo la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” se prolonga la jornada de Acción Global por Ayotzinapa.
20 y 30 de noviembre >>> Protestas de normalistas
12,13 y 14 de diciembre >>> Convocatoria a Huelga
La desaparición de los 43 normalistas ha conmocionado al mundo, pues
devolvió a la palestra pública el tema de la violencia policial en
México. Varios países llevan a cabo acciones de calle para exigir la
aparición con vida de los jóvenes.
______________________________
MEXICO
En mayo de 2013 los secuestraron sicarios de Guerreros Unidos, declaró un sobreviviente
En mayo de 2013 los secuestraron sicarios de Guerreros Unidos, declaró un sobreviviente
El alcalde de Iguala cumplió su amenaza: mató a Arturo Hernández y 2 compañeros
Miembros del Frente Popular pidieron protección a la CIDH; no han recibido respuesta
POR Blanche Petrich
Viernes 7 de noviembre de 2014,
Al lugar llegaron dos hombres más, dando órdenes a los secuestradores. Nicolás los reconoció, ya que en ese momento no estaba vendado de los ojos: el presidente municipal, José Luis Abarca, y su jefe de seguridad pública, Felipe Flores Velázquez. Ambos llevaban una cerveza Barrilito en la mano.
En su declaración ministerial ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero del pasado 11 de marzo, en calidad de testigo ocular y sobreviviente del asesinato de Hernández Cardona y sus compañeros Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Balderas Román, Mendoza Villa afirma que el ahora detenido ex edil Abarca se dirigió a Hernández, opositor político:
Qué tanto estás chingando con el abono y pintando mi ayuntamiento. Ahora yo me voy a dar el gusto de matarte. Su jefe de seguridad, Flores, levantó a Hernández del piso y lo arrastró unos 10 metros hacia una fosa que recién habían cavado los otros sicarios.
Le pone el cañón de un arma larga a la altura de la mejilla del lado izquierdo de la cara y le da un balazo.
Arrojado a la fosa, todavía se oyó la voz de Flores, jefe de la policía local:
Métele otro putazo, porque ya va a llover. Y Abarca volvió a disparar para rematar a su víctima.
Mendoza Villa y otros dos secuestrados –Gregorio Dante Cervantes y Efraín Amates– lograron huir en medio de la obscuridad. Días después fueron encontrados los cuerpos de los tres activistas de la Unidad Popular asesinados, los mismos a los que Abarca había amenazado en público el 29 de mayo, en una audiencia en el ayuntamiento de Iguala, frente a todo el cabildo.
Ni las autoridades judiciales del municipio ni las del gobierno estatal, que encabezaba Ángel Aguirre, investigaron ni buscaron a los autores del triple asesinato. Lo que sí se investigó y sancionó fue la protesta que días después protagonizaron la Unidad Popular de Iguala y otras organizaciones guerrerenses, incluida la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, frente al palacio municipal. El inmueble fue apedreado y pintarrajeado. A los manifestantes se les acusó por daños en propiedad ajena, que fueron valorados en 4 millones de pesos.
Mendoza Villa aguantó vivir en Iguala unos meses más, pero después huyó, cuando supo que lo buscaban para ultimarlo. En marzo de 2014 reunió valor para presentarse a declarar ante un agente del Ministerio Público guerrerense en Chilpancingo.
Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala,
fue asesinado dos días después de que el presidente municipal, José Luis
Abarca, lo amenazó en público el 29 de mayo, en una audiencia en el
ayuntamiento frente a todo el cabildoFoto Oracio Lagunas
El secuestro de los activistas había tenido lugar un día antes, 30 de mayo, cuando un grupo de la Unidad Popular se retiraba de la caseta de cobro de la carretera a Iguala, en el tramo hacia Puente de Ixtla, donde habían protestado contra Abarca. El día anterior, en audiencia pública, el alcalde había amenazado de muerte a Hernández Cardona. Ambos eran militantes del PRD; Abarca, afín a la corriente de los chuchos, y el líder social, cercano a los bejaranistas.
Los últimos en retirarse de la caseta fueron Hernández Cardona y seis compañeros, en una camioneta Honda, blanca, con placas del Distrito Federal. Nicolás se puso al volante. A la mitad del camino una camioneta Explorer se les pegó por atrás y otra Cherokee,
gris o azul, con las portezuelas abiertas y hombres armados apuntándoles, les cerró el paso.
Al menos uno de los hombres de ese comando es descrito por Nicolás:
una persona de edad aproximada de 35 a 40 años, piel morena, cabello corto lacio, con gafas, con acento costeño y que camina jorobado.
De acuerdo con Magda López, dirigente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, durante los 17 meses transcurridos desde el triple asesinato no se realizó ninguna investigación, a pesar de que la Procuraduría General de la República atrajo el caso y abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UELDMS/439/2014.
Tampoco se presentó una demanda formal por parte del líder de la corriente en que militaban los líderes asesinados, René Bejarano, quien, sin embargo, ha insistido en declaraciones a la prensa que
le comentóel caso al procurador Jesús Murillo Karam.
En junio de 2013, pocas semanas después de las ejecuciones, la Red; el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y Nicolás Mendoza presentaron ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez, una solicitud de protección para los sobrevivientes del ataque, por considerar que podían sufrir un nuevo atentado. No ha habido respuesta del organismo hasta la fecha, a pesar de que en septiembre fue replanteada la petición.
ELDIARIONY.COM –
06.11.14 - La fama la alcanzó de una forma desafortunada. El nombre de
María de los Ángeles Pineda Villa –la esposa del exalcalde de Iguala,
José Luis Abarca Velázquez—fue publicado en medios de comunicación
mexicanos y extranjeros cuando se le señaló de estar detrás de los
ataques que derivaron en la muerte de seis jóvenes y la desaparición de
otros 43 en la alcaldía que su marido gobernaba.
“Ella era la que mandaba en el municipio, el alcalde hacía todo lo que ella quería”
Sin embargo, para muchos, aunque su marido era quien ostentaba el puesto, era ella quien en realidad tenía el poder.
Esta
mujer está directamente ligada al narcotráfico, tal como lo señala la
versión digital del periódico mexicano Excélsior. Es una de los cinco
hijos del matrimonio entre Salomón Pineda Bermúdez y María Leonor Villa Ortuño, cuyas vidas se desarrollaron entre las entidades mexicanas de Guerrero y Morelos.
El medio señala que la familia completa ha estado ligada a dos de los más violentos grupos criminales de México: el cártel de los Beltrán Leyva y el cártel del Pacífico o de Sinaloa. Con el tiempo, las consecuencias de trabajar en negocios ilícitos fueron funestas.
Cuando
los Beltrán Leyva rompieron sus nexos con el cártel del Pacífico, los
Pineda Villa mantuvieron su lealtad con los primeros. Para mayo de 2009,
Salomón y María Leonor fueron detenidos y presentados como integrantes
de una célula del cártel narcotraficante que operaba en la céntrica
entidad mexicana de Morelos. Ellos en particular se encargaban delnarcomenudeo.
En ese mismo año, añade Excélsior, sus hijos Alberto, alias El Borrado, y Mario, alias El MP, fueron abatidos en Morelos.
Para 2009, con el deceso de Arturo Beltrán Leyva,
el cártel narcotraficante perdió fuerza, lo cual permitió la formación
de grupos menores entre los que se encuentran La Barredora, Los Rojos,
el cártel Independiente de Acapulco y Guerreros Unidos.
Al frente de esta última banda criminal quedaron los hermanos Salomón y María de los Ángeles Pineda Villa. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO)
mexicana ubica a otros líderes de ese grupo criminal, como Sidronio
Casarrubias Salgado, quien fue detenido antes que María de los Ángeles,
además de Benjamín Mondragón Pineda alias Benjamón, quien al verse
rodeado por elementos policiacos se quitó la vida el pasado 14 de
octubre, afirman las autoridades.
Las
investigaciones sobre los hechos de Iguala, indica la Procuraduría
General de la República (PGR, fiscalía mexicana) indican que Abarca y
Pineda otorgaban millonarias cantidades a los Guerreros Unidos para
mantener el control de la Policía Municipal.
El día de los hechos, María de los Ángeles Pineda Villa presentaba su segundo informe al frente del sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF,
organización que tradicionalmente encabezan las primeras damas). Luego
celebró con un baile organizado por su esposo. Versiones extraoficiales
aseguran que en el evento se revelaría la intención de la mujer de
suceder en el puesto a su marido.
Excélsior
señala que la presencia de jóvenes de la escuela rural en la entidad
hizo pensar al matrimonio que boicotearían la celebración, por lo que
dieron la orden a la policía de impedirles llegar al lugar.
Por su parte, la web de CNN abunda que la mujer llevaba cerca de cinco meses buscando la candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) para suceder a su marido al frente de la alcaldía de Iguala.
Tres
semanas atrás de los trágicos hechos del 26 de septiembre, Pineda Villa
fue electa consejera estatal del PRD, y se encontraba lista para tomar
posesión del cargo, con lo que se perfilaba para alcanzar la candidatura
por la alcaldía de Iguala.
“Ella
era la que mandaba en el municipio, el alcalde hacía todo lo que ella
quería”, cita el medio a un dirigente estatal de un grupo político,
quien pidió el anonimato por temor a ser víctima de represalias.
______________________________
Los forenses argentinos buscan a los estudiantes mexicanos
/ 3 November 2014
Animal Político.-Del resultado de sus investigaciones depende, en mucho, que el presidente Enrique Peña Nieto sea capaz de ofrecer una explicación que le permita superar lo que se considera la peor crisis en lo que va de su gobierno.
Es el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que desde la primera semana de octubre trabaja en las fosas clandestinas localizadas en los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero, al sur del país.
Desde el 26 de septiembre desaparecieron en esa zona 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.
Las autoridades tratan de establecer si los cuerpos localizados en las fosas pertenecen a los estudiantes.
Una tarea en la que colabora el EAAF, un grupo de especialistas reconocidos a nivel mundial por su tarea para identificar restos humanos en países donde ocurrieron violaciones masivas de derechos humanos.
Anteriormente colaboraron en otros casos en México, como en la identificación de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y de los restos encontrados en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. Ahora se encuentran en Guerrero, pero su tarea no ha sido fácil.
Desconfianza
El equipo argentino está de nuevo en México por una razón: los familiares de estudiantes desaparecidos no confían en las autoridades de este país.
Desde las horas siguientes al 26 de septiembre organizaciones civiles afirman que el gobierno busca cadáveres, y no a los estudiantes con vida.
Amnistía Internacional dijo incluso que la investigación judicial es “caótica y hostil”, y denunció que la exhumación de restos en las primeras fosas clandestinas encontradas en Iguala no se hizo de manera adecuada.
Por eso los familiares de los desaparecidos, apoyados por grupos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, advirtieron a la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) que sólo confiarán en los forenses del EAAF.
Sin embargo, aunque las autoridades mexicanas aceptaron esa propuesta los peritos argentinos encontraron un ambiente complicado para realizar su trabajo.
Desde las primeras semanas de octubre organizaciones civiles denunciaron intentos de bloquear el trabajo del equipo. “Ha habido una serie de obstáculos para que los forenses hagan su trabajo”, aseguró el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales.
Y es que al principio se restringió el acceso de los peritos argentinos a las primeras fosas y los restos depositados en la morgue, según familiares y Amnistía Internacional.
Pero la PGR rechaza que se obstaculice al equipo argentino. “Yo tengo mucha confianza en esos peritos”, afirma el procurador Jesús Murillo Karam.
Cuando se superó la polémica el EAAF empezó a realizar su trabajo de manera independiente a lo que habían hecho la Fiscalía General de Justicia de Guerrero y la PGR.
En muchos casos la investigación partió de cero, virtualmente.
Largo plazo
Esto significa que tomaron sus propias muestras de los cuerpos exhumados, los otros restos encontrados en las fosas y de los familiares directos de los estudiantes normalistas.
También realizan su propia recolección de evidencias y establecen una estrategia de trabajo desde distintas especialidades.
En este grupo participan once expertos de distintos países, entre los que se encuentran antropólogos, arqueólogos, médicos forenses y especialistas en criminalística y balística.
Todas las pruebas recabadas se envían al laboratorio de EAAF, ubicado en Virginia, Estados Unidos.
Este proceso suele ser largo y en el caso de Guerrero puede ocurrir lo mismo por las dificultades que hubo para acceder a los restos, primero, y a que todavía siguen apareciendo más fosas.
El hallazgo más reciente ocurrió en un basurero de Cocula, municipio de Iguala donde desaparecieron los estudiantes. En ese lugar los peritos están en el proceso de recabar evidencias, y faltaría aún su procesamiento y análisis.
ViolenciaLa estrategia de EAAF no se limita al análisis químico, criminalístico o genético de las evidencias, como suele realizarse en México y otros países.
Los expertos argentinos, por ejemplo, procuran recuperar el entorno de las víctimas mediante entrevistas con sus familiares, consulta de archivos e informes y registros policíacos, hospitalarios o periodísticos.
Yo tengo mucha confianza en esos peritos: Jesús Murillo Karam, procurador de México
Eso permite ubicar los sitios donde posiblemente fueron inhumadas las víctimas.
Allí se realiza el trabajo de campo que contempla una análisis del suelo, y después la recuperación minuciosa de todos los restos que allí se encuentren, de una forma similar a la que se realiza en los hallazgos arqueológicos.
Pero lo que hace distinto al EAAF es la vinculación permanente con los familiares de las víctimas, con quienes se compromete a terminar por completo todas las investigaciones.
Sucede lo mismo en Guerrero, donde los peritos realizan su trabajo con el más bajo perfil posible, no sólo porque es su estrategia sino por seguridad.
El estado es uno de los más violentos de México pues es trinchera de la guerra entre varios grupos de narcotráfico. Algo que se nota en Iguala y Cocula, donde los espías de las bandas acechan permanentemente a todos los ajenos a estos pueblos.
SilencioHasta el momento no está claro el momento en que se tendrán los resultados de la investigación del EAAF en Guerrero y, por ende, si los estudiantes desaparecidos se encuentran en alguna fosa.
BBC Mundo solicitó entrevistas con los miembros del equipo en México como en Buenos Aires, donde se encuentra una de sus sedes.
En Argentina una vocera respondió que no pueden hacer ningún comentario sobre su trabajo en México hasta que concluya la investigación.
Lea también: Cómo desaparecieron los 43 estudiantes de Iguala
Mercedes Doretti, quien encabezó la misión del equipo en Ciudad Juárez, dijo a BBC Mundo que el intenso trabajo en Guerrero no les permite conversar con los medios.
“Por ahora no veo posible realizar una entrevista”, respondió por correo electrónico.
BBC Mundo también solicitó una entrevista con la responsable de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, quien mantiene la relación oficial con EAAF. No hubo respuesta.
Del resultado de sus investigaciones depende, en mucho, que el presidente Enrique Peña Nieto sea capaz de ofrecer una explicación que le permita superar lo que se considera la peor crisis en lo que va de su gobierno.Es el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que desde la primera semana de octubre trabaja en las fosas clandestinas localizadas en los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero, al sur del país.
Desde el 26 de septiembre desaparecieron en esa zona 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.
Las autoridades tratan de establecer si los cuerpos localizados en las fosas pertenecen a los estudiantes.
Una tarea en la que colabora el EAAF, un grupo de especialistas reconocidos a nivel mundial por su tarea para identificar restos humanos en países donde ocurrieron violaciones masivas de derechos humanos.
Anteriormente colaboraron en otros casos en México, como en la identificación de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y de los restos encontrados en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. Ahora se encuentran en Guerrero, pero su tarea no ha sido fácil.
Fotos: Claroscuro
______________________________
SOLIDARIDAD EN ARGENTINA
¡Ayotzi vive, la lucha sigue!: Movilizaciones en Argentina por Ayotzinapa
por Marina Pérez Domil
(de la redacción de Resumen Latinoamericano)
6 de noviembre 2014
Cientos
de manifestantes se movilizaron éste miércoles al obelisco porteño y la
embajada de México en Argentina, en el marco de la convocatoria de la
Asamblea Interuniversitaria de México a la jornada global de apoyo a la
juventud mexicana.
Frente al Obelisco, los integrantes de la Asamblea de Mexica@s en Argentina, recordaron a sus compañeros de Atyozinapa
El
pueblo mexicano está diciendo “Basta” a tantos años de desapariciones,
impunidad, dolor e injusticia, y su clamor se hace sentir no sólo en
Latinoamérica, sino del mundo. El zócalo que se utiliza como punto de
encuentro en las plazas de México, se trasladó a la capital de
diferentes países, reuniendo a quienes exigen la aparición con vida de
los estudiantes.
Se
llegó al punto en que las nacionalidades se difuminaron y un gran parte
de la comunidad internacional se hizo piel de la famosa frase: todos
somos Ayotzinapa. La incapacidad del Gobierno del presidente Mexicano
Peña Ñieto de dar con el paradero de los estudiantes, ha resultado en
una sensibilización creciente por las desapariciones y un apoyo sin
fronteras.
Así
es como se vivió en la gran concentración que hubo en el Obelisco de la
capital de Buenos Aires, de la que participaron no sólo integrantes de
la Asamblea de Mexicanos en Argentina y organizaciones sociales, sino
también ciudadanos de diferentes países que se sumaron a las
manifestaciones.
Como
expresó un joven ecuatoriano “todos somos ahora México. La vida que
late en nuestros corazones va para ellos, para que toda esta opresión,
toda esta desaparición, esta desesperanza y este desconsuelo acabe
pronto”.
De
esa forma también se pronunciaron jóvenes de los países de El Salvador,
Colombia y Uruguay, que hablaron a través del megáfono y se sumaron a
encender las velas que ardieron durante las dos horas frente al
monumento bonaerense.
A
largo de la concentración, en la que se pintaron carteles con la frase
“No más al crimen de Estado” y se cantaron canciones en repudio al
presidente Peña Nieto, se leyó parte del comunicado de los padres de familia y de la Asamblea de Ayotzinapa en el que se llamó a “no abandonar las calles hasta que los 43 aparezcan”.
Por
otro lado, un joven mexicano recalcó que “no es suficiente la detención
del alcalde Abarca, sino que también es necesario que renuncie Peña
Nieto, los gobiernos implicados con el narcotráfico, y que se dé una
reforma en México diferente a las reformas neoliberales que se están
viviendo”.
Asimismo,
durante el acontecimiento se mencionó que el gobierno Argentino no ha
realizado ninguna declaración al respecto de la desaparición de los 43
estudiantes, y que se está esperando su posicionamiento
LOS ESTUDIANTES DE LA FUBA TAMBIEN SE MOVILIZARON
Se concentraron frente a la embajada mexicana en Buenos Aires
Horas
antes, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) hizo su
presencia en la Embajada de México para exigir una respuesta por parte
de los funcionarios mexicanos.
Según
el presidente de la Federación, Julián Asiner "nuestro propio país no
está exento de estos problemas, como lo demuestran Luciano Arruga
-desaparecido por negarse a robar para la policía-, o Mariano Ferreyra,
asesinado por patotas de la burocracia sindical que actuaron con
complicidad estatal" es por eso que convocaron a la Embajada.
Luego
del acto, los representantes de la Federación Universitaria de Buenos
Aires fueron recibidos por el Jefe de la Cancillería de la Embajada,
quien planteó que “el asunto ya está encaminado por la detención del
Presidente Municipal de Iguala, que es el autor intelectual del hecho”.
Ante
las respuestas poco contundentes de la Cancillería Mexicana, la FUBA
decidió volver a la embajada a exigir explicaciones, “dado que la
comunidad mexicana ya está pensando nuevas acciones para el 20 de
Noviembre”.
Para Nicolás Nuñez - Comisión Directiva de la Federación Universitaria Argentina- es importante la respuesta de la FUBA a la Asamblea Interuniversitaria de México ya que “somos parte del mismo movimiento estudiantil que en toda América Latina sostiene una lucha cotidiana en defensa del derecho a la educación de las generaciones presentes y futuras”.
Para Nicolás Nuñez - Comisión Directiva de la Federación Universitaria Argentina- es importante la respuesta de la FUBA a la Asamblea Interuniversitaria de México ya que “somos parte del mismo movimiento estudiantil que en toda América Latina sostiene una lucha cotidiana en defensa del derecho a la educación de las generaciones presentes y futuras”.
“Reivindicamos
para el movimiento estudiantil el llamado del Che a sentir en el cuerpo
propio cada injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte
del mundo. Lo que sucedió en México no fue solo una injusticia, fue un
crimen atroz perpetuado por el narcoestado mexicano que nos recuerda a
lo peor de las dictaduras latinoamericanas” concluyó el respresentante
estudiantil.
MEXICO /opinión
El Estado mexicano, acusado de juvenicidio
por Gilberto López y Rivas
El brutal crimen de
Estado y lesa humanidad perpetrado contra los jóvenes normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero, que ha horrorizado a la sociedad mexicana y
provocado la indignación de millones de personas en el mundo, no ha sido
una acción aislada y excepcional, una falla esporádica del sistema,
sino una constante y sistemática política de Estado durante décadas.
Desde ese 2 de octubre de 1968 en que el Ejército y los cuerpos de
seguridad asesinaron a mansalva a un número indeterminado de estudiantes
en la Plaza de Tlatelolco. Desde ese 10 de junio de 1971 en que el
grupo paramilitar los halcones, entrenado y al servicio del
Estado, disparó a discreción contra una manifestación estudiantil
pacífica en las calles de la ciudad de México. Desde la guerra sucia de
los años 70 y 80, cuando el territorio nacional, como hoy, se llenó de
cárceles y fosas clandestinas y los militares mexicanos tuvieron el
macabro privilegio de inaugurar los vuelos de la muerte,
Siendo constante y creciente no sólo la violencia política, sino
también la de carácter estructural contra los jóvenes, la
trasnacionalización capitalista neoliberal las ha incrementado
exponencialmente. Ser joven en el México de hoy es una condición de
riesgo extremo. Lo que los monopolios de comunicación internacionales no
han hecho público, tan sesgados para tratar el tema México, es que en
los últimos ocho años, más de 120 mil personas han sido ejecutadas extrajudicialmente,
mientras miles han sufrido desaparición forzada, y que de ellas, la
gran mayoría son jóvenes y pobres. La mayor parte de las mujeres
asesinadas y víctimas de la violencia de género son jóvenes. La
generación que nació en estas décadas de barbarie neoliberal sufre la
pérdida de conquistas civilizatorias del llamado Estado benefactor, que
ha significado una reducción drástica de sus posibilidades de acceso a
educación, salud, cultura, a los espacios y tiempos lúdicos y a la
inserción laboral en la ciudad y el campo. La juventud padece, asimismo,
formas preferentes de explotación, esto es, sobrexplotación, así como
un mayor grado de precarización en las condiciones de vida, desempleo y
subempleo en el ámbito laboral. También han sido el sector con mayores
índices de desplazamiento forzado dentro y fuera de México.técnicade desaparición forzada exportada por los asesores franceses en contrainsurgencia, que lanzaban al mar desde aviones a revolucionarios argelinos durante la lucha por la independencia.
De ahí la importancia y pertinencia de la Audiencia Temática sobre la Destrucción de la Juventud y las Generaciones Futuras del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, que tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre en el Museo de la Ciudad de México, y en cuyo proceso de preparación de la acusación y de la audiencia, que duró más de un año, han participado cientos de jóvenes de más de 20 estados del país. Cabe señalar que el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, a partir del eje central de sus trabajos, El libre comercio, la violencia estructural y la impunidad, llevará a cabo su audiencia final durante los días 12, 13 y 15 de noviembre en el Centro Cultural Universitario.
La acusación en torno a la juventud parte de una
autodefinición de este sector, no sólo como un rango demográfico, el 32
por ciento del total de la población del país, sino también como una
relación social de la actual mundialización del capital:
El documento base denuncia al Estado mexicano por entregar y destruir a la juventud como parte del desmantelamiento y entrega del país. Acusan al Estado mexicano en su conjunto, a los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a los gobiernos de todos los presidentes desde Gustavo Díaz Ordaz a Enrique Peña Nieto; a quienes firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; al gobierno de Estados Unidos y sus organismos de seguridad e inteligencia; a los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, a la OEA y a los organismos de la ONU cómplices de los crímenes que denuncian; a las empresas trasnacionales que saquean y devastan el país; a los medios de comunicación que ocultan y tergiversan la realidad de la nación ocupada; a los intelectuales, organizaciones no gubernamentales e institutos al servicio de la injerencia extranjera; a las universidades y centros de investigación impulsoras del proyecto neoliberal; a las instancias y grupos criminales extraestatales, los narcotraficantes, paramilitares y otros que resulten responsables.
Los jóvenes consideran que la modificación y creación de leyes para reconfigurar el Estado al servicio del capital transnacional y del imperialismo estadunidense ha significado en los hechos la declaración de una guerra social asimétrica, general y permanente contra nuestros pueblos, nuestra madre tierra, nuestra nación. “Una guerra que para sostenerse requiere de aniquilar a la juventud y cerrarle el paso a las generaciones futuras… Denunciamos que esta guerra es una guerra juvenicida. El juvenicidio en este sentido es más que un homicidio de un joven; es cuando tratan de arrebatarnos nuestra fuerza vital, nuestra humanidad y nuestra potencialidad para trasformar la realidad, es decir, nuestra juventud”.
Somos la parte más agraviada de la nación destruida, del suelo ocupado. Somos la generación que nació con el libre comercio, la última generación joven del país. Somos las secuelas y vestigios de lo que el neoliberalismo aún no ha barrido. Somos el presente al que se le niega el pasado y se le cierra toda posibilidad de futuro. Somos las generaciones pasadas de un futuro que amenaza con no existir, las generaciones de un pasado liquidado. Somos las y los jóvenes de México, las y los condenados de la patria.
El documento base denuncia al Estado mexicano por entregar y destruir a la juventud como parte del desmantelamiento y entrega del país. Acusan al Estado mexicano en su conjunto, a los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a los gobiernos de todos los presidentes desde Gustavo Díaz Ordaz a Enrique Peña Nieto; a quienes firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; al gobierno de Estados Unidos y sus organismos de seguridad e inteligencia; a los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, a la OEA y a los organismos de la ONU cómplices de los crímenes que denuncian; a las empresas trasnacionales que saquean y devastan el país; a los medios de comunicación que ocultan y tergiversan la realidad de la nación ocupada; a los intelectuales, organizaciones no gubernamentales e institutos al servicio de la injerencia extranjera; a las universidades y centros de investigación impulsoras del proyecto neoliberal; a las instancias y grupos criminales extraestatales, los narcotraficantes, paramilitares y otros que resulten responsables.
Los jóvenes consideran que la modificación y creación de leyes para reconfigurar el Estado al servicio del capital transnacional y del imperialismo estadunidense ha significado en los hechos la declaración de una guerra social asimétrica, general y permanente contra nuestros pueblos, nuestra madre tierra, nuestra nación. “Una guerra que para sostenerse requiere de aniquilar a la juventud y cerrarle el paso a las generaciones futuras… Denunciamos que esta guerra es una guerra juvenicida. El juvenicidio en este sentido es más que un homicidio de un joven; es cuando tratan de arrebatarnos nuestra fuerza vital, nuestra humanidad y nuestra potencialidad para trasformar la realidad, es decir, nuestra juventud”.
El Estado mexicano está enjuiciado por desvío de poder y por ser un
Estado criminal y deberá responder ante el Tribunal de los Pueblos y
ante los propios ciudadanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario