Ya salió El Socialista Centroamericano No 189.-
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Desde
inicios del mes de noviembre Guatemala se ha visto
sacudida por fuertes movilizaciones de trabajadores de
la salud y organizaciones campesinas.
Animada
por el éxito obtenido al lograr la derogación de la
Ley de Protección de a las Obtenciones Vegetales (“Ley
Monsanto”), una coalición de grupos campesinos e
indígenas ha intentado que el Congreso de la República
apruebe algunas leyes en su favor y anule otras que
considera dañinas. El primer intento fue en
septiembre, cuando presionando mediante fuertes
movilizaciones los campesinos intentaron que los
diputados aprobaran la Ley de Desarrollo Rural
Integral, pero los jefes de bloque los dejaron
plantados al no acudir a la cita en que iban a
dialogar sobre el tema.
Los
compañeros y compañeras de nuevo realizaron fuertes
bloqueos de carreteras los días 11, 12 y 13 de
noviembre, pero esta vez ni siquiera fueron recibidos
oficialmente por los diputados, salvo algunos de
bancadas minoritarias que expresaron su solidaridad.
Nuestra percepción es que esta lucha campesina está en
peligro de llegar a un callejón sin salida. Las leyes
que son objeto de la lucha, en especial la de
Desarrollo Rural, afectan aspectos estructurales de la
sociedad guatemalteca y los intereses básicos de la
oligarquía que controla el país. El gobierno y las
clases dominantes no están dispuestos a que se repita
el triunfo de agosto contra la “Ley Monsanto”,
claramente han dicho que no permitirán que los
diputados trabajen bajo la presión de acciones de
hecho. Al parecer ya han definido la fórmula:
represión en las carreteras y calles, e indiferencia
total en el Congreso, hasta vencer el movimiento por
cansancio.
Es
momento de que el movimiento campesino reflexione y
defina un cambio de táctica. Falta incorporar a otras
organizaciones campesinas de peso para lograr una
mayor fuerza; por ejemplo, hasta donde sabemos no
estuvo presente Codeca, que ha realizado importantes
luchas por la nacionalización de la industria
eléctrica. El conjunto de leyes en cuestión puede ser
parte de un plan general de lucha, pero convendría
plantear una a la vez, tal como ha sucedido en los
hechos, pues la que estuvo en el centro esta vez fue
la de Desarrollo Rural, y como sucedió en agosto con
la “Ley Monsanto”. En resumen, frente único de todas
las organizaciones indígenas y campesinas, y una nueva
táctica; esto implica logar la solidaridad de otros
sectores como estudiantes universitarios, y los
trabajadores públicos que también se están movilizando
contra el gobierno.
En
el caso de los trabajadores de salud, desde inicios de
año se han sucedido las luchas contra la crisis
crónica de los hospitales y centros de salud. El
desastre financiero del gobierno de Pérez Molina ha
causado una debacle en el sistema de salud pública que
ahora incluye salarios atrasados por varios meses de
cerca de 18,000 trabajadores. El principal sindicato
de salud, dirigido por el Frente Nacional de Lucha,
planteó en las última semanas que el Congreso apruebe
los Q 4 mil millones en bonos que solicita el gobierno
para poder cumplir sus obligaciones, al igual que un
mayor presupuesto para el área de salud en el
presupuesto gubernamental de 2015. En esto coincide
con el gobierno, pero el FNL no debe claudicar ante
Pérez Molina.
Lo
que no han señalado los compañeros trabajadores de la
salud es que la crisis financiera del gobierno se debe
en el fondo a la negativa histórica de la oligarquía a
pagar impuestos, y a las políticas neoliberales (el
TLC con Estados Unidos entre otros) que erosionan los
ingresos fiscales del gobierno mediante exenciones de
impuestos. La lucha de los trabajadores públicos debe
incluir la demanda de crear impuestos directos a la
oligarquía, por ejemplo a las ganancias de los bancos
y financieras, el cese de los privilegios fiscales a
maquilas y empresas de exportación, el aumento de las
regalías a las empresas mineras y la revisión de los
tratados de libre comercio.
Ante
todo, es indispensable la unidad de todos los sectores
en lucha contra el gobierno: campesinos, indígenas y
trabajadores del Estado en un frente único con un
mismo plan unitario de lucha.
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