Escrito por Amnistía Internacional
AI exige a Peña Nieto reconocer la problemática de derechos humanos
que atraviesa el país, que los hechos ocurridos en Ayotzinapa no son
aislados y que constituyen un crimen de Estado.
Los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, no responden a hechos aislados, sino a un contexto de violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, en recientes declaraciones, el Presidente califica las protestas sociales y las voces críticas a su gobierno como intentos de “desestabilizar al país y atentar contra el proyecto que impulsa su gobierno”. Tras los hechos de violencia ocurridos recientemente, ha incluso justificado en el discurso el uso de la fuerza cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden.
La afirmación del presidente pone en evidencia que su
administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos
humanos que enfrenta México y que en los últimos años, la falta de
acceso a la justicia y la impunidad ante violaciones graves a los
derechos humanos ha sido una constante.
Además, su declaración parece ignorar el elevado
número de personas desaparecidas en el país, que de acuerdo a cifras
oficiales son 22 mil y que la practica de tortura se ha elevado en un
600%. A esto se suman el cúmulo de medidas que no han sido efectivas
para la búsqueda de personas, así como las medidas de implementación de
las bases de datos estandarizadas.
“Enrique Peña Nieto muestra una vez más la falta de
compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive
en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas
de justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de
desestabilizar son la piedra angular de una sociedad democrática.”
afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional
México.
“Los hechos han rebasado ya los compromisos verbales,
es momento de que el Presidente reconozca la grave crisis de derechos
humanos que ha atravesado México en los últimos años y que su
administración no ha logrado combatir la impunidad en el país.”
Los reportes sobre abusos de derechos humanos
cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo
desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y
la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma en el país. Las
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes
frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos,
enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y
las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus
posibilidades de obtener reparación integral son escasas. El sistema de
justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los
delitos y a la sociedad en general.
Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos
humanos que las personas enfrentan en la vida diaria, que evidentemente
no reflejan un proyecto de nación comprometido con la protección y
garantía de los derechos humanos.
“Esta actitud hace caso omiso del dolor de quienes
sufren las consecuencias de las violaciones de derechos humanos. La
violencia institucional a la que se enfrentan las familias de personas
desaparecidas y de las víctimas de tortura en el sistema de justicia no
ha cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e
ineficaces mientras la impunidad impera.”
El Secretario General de Amnistía Internacional,
Salil Shetty, se reunió con Enrique Peña Nieto durante el mes de febrero
para expresarle las preocupaciones de la organización en materia de
derechos humanos. Durante esta reunión, se entregó un memorándum acerca
de los retos de derechos humanos en México, mismos que se comprometió a
atender y anunciar públicamente las medidas que tomaría para hacer
frente a esta grave situación; este compromiso no ha sido atendido,
muestra de ello es la negativa a tomar en cuenta las recomendaciones
realizadas a México en el marco del Examen Periódico Universal,
particularmente las relacionadas con la aceptación de la competencia del
Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU y aquella relativa a
abolir la práctica del arraigo.
Ante esta situación, AI exige a Peña Nieto reconocer
la problemática de derechos humanos que atraviesa el país, que los
hechos ocurridos en Ayotzinapa no son aislados y que constituyen un
crimen de Estado.
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