Escrito por Diario Co Latino
Foto Diario Co Latino/Juan Carlos Villafranco
Recuerdan a sus familiares que durante el conflicto armado fueron
desaparecidos o asesinados, Laura Antonia Serrano Arias una de las
personas que están en las listas de inmenso mural.
Marcelina de 73 años de edad llega fielmente en vísperas del “Día de los Fieles Difuntos” al Monumento a la Memoria y la Verdad, entre cientos de nombres contempla el de su hijo, Carlos Armando Contreras, el llanto es incontenible.
“Solo queremos la verdad para que se haga justicia y
luego, que pidan perdón, ya pasó mucho tiempo, ahora solo pedimos que
nos digan dónde quedaron, queremos la verdad”, dijo. Carlos Contreras
desapareció en 1980 en San Antonio Abad, cuando se desplazaba a su
trabajo en Antiguo Cuscatlán, contaba con 18 años, y era un joven que
militaba en las LP-28.
“Sabemos que gente de ORDEN lo señaló y lo capturaron,
nosotros lo hemos buscado por más de 30 años, y ni la Cruz Roja
Internacional nos pudo ayudar”, recordó.
El Monumento a la Memoria y La Verdad aglutina 30 mil
nombres de personas que desaparecieron de manera forzada o fueron
asesinados en el marco del conflicto armado de los años ochenta.
Las placas de mármol labradas fueron inauguradas en
diciembre de 2003, con 25 mil 965 nombres; y en marzo de 2008, en la
etapa se sumaron 3 mil 169 víctimas más; este monumento fue declarado
“Bien Cultural” el 16 de abril de 2011 y está protegido por la
Convención de La Haya, que data de 1954.
Miguel Montenegro de la Comisión de Derechos Humanos de El
Salvador (CIDH), que integra la Comisión de trabajo en Derechos Humanos
Pro-Memoria Histórica de El Salvador, se pronunció con un llamado a
las instituciones de gobierno, la Fiscalía General de la República, y la
Corte Suprema de Justicia a contribuir en la aplicación de justicia.
“El derecho a la verdad significa el derecho de todos y todas que se
garantiza a través de investigaciones serias, exhaustivas, responsables,
imparciales, integrales, sistemáticas y concluyentes por parte del
Estado salvadoreño”, afirmó.
Este concepto, agregó Montenegro se visualiza por
familiares de las víctimas como el acceso a la información objetiva de
estos delitos para facilitar el esclarecimiento de los hechos y la
correspondiente sanción.
“Con la construcción de nuestra sociedad desde la no
impunidad, posibilitamos la memoria colectiva, que va a permitir
construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad, piedra
fundamental para evitar nuevas vulneraciones de los derechos humanos”,
manifestó.
El conocimiento de lo sucedido en esos años, comentó
Montenegro constituye un elemento indispensable, para construir medidas
de reparación para las víctimas y sus familiares. “Necesitamos una
institucionalidad transparente y revictimizante , que escuche a la
sociedad civil y ratifique como signo de buena fe, el Estatuto de Roma ,
La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de personas,
así como, una política de reparación integral a las personas
sobrevivientes de crímenes de lesa humanidad”, puntualizó.
Publicado en
America latina
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