LA CONTRAINFORMACIÓN AL DÍA
Información, opinión y denuncia de Latinoamérica y el Tercer Mundo
Entre
la complicidad, la impunidad y la negligencia
Guillermo Castillo Ramírez
Rebelión - 11-11-2014
“El hecho de que todo mundo se haya indignado por lo que
pasó el 26 de septiembre refleja claramente que no somos solamente nosotros los
indignados, como estudiantes de Ayotzinapa, (sino que) es todo un país el que
ha sufrido durante muchos años estos atropellos. Y no sólo se trata de la
indignación por tanta delincuencia e inseguridad, sino que hay indignación
también cuando vemos al campesino sin trabajo, al obrero sin trabajo, al
estudiante que después de cursar una carrera no tiene acceso a una plaza (…)
Cada indignación de la población tiene que llegarnos hasta el fondo, no sólo
cuando se mata o se desaparece a 43 estudiantes. Las cifras aquí no importan,
somos miles en el país, somos miles de inconformes y de atropellados,
diariamente, y ese es el problema”.
Omar García, estudiante de Ayotzinapa [En Ojorasca, La
Jornada, 8, noviembre, 2014].
Ayotzinapa,
el reclamo de justicia continúa….
Desde los asesinatos y desapariciones de los estudiantes
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos la tarde-noche del 26 de
septiembre en Iguala, y en respuesta y respaldo a las convocatorias y acciones
de los padres y compañeros de los normalistas, en el transcurso de estas
semanas y organizadas en torno a tres jornadas globales de apoyo, se han
llevado a cabo manifestaciones masivas de miles de personas y organizaciones
sociales y políticas en muchas ciudades de México, marchas multitudinarias en
las principales megalópolis del país, diversos paros de labores en varias
instituciones públicas de educación superior organizados por estudiantes, así
como muchas otras acciones de protesta e inconformidad en apoyo a los
normalistas; a esto se ha sumado un consistente y creciente respaldo
internacional. La cobertura y seguimiento que diversos medios de comunicación
nacionales y extranjeros han realizado sobre las desapariciones de Ayotzinapa y
las movilizaciones para la presentación con vida de los normalistas han hecho
visible la gravedad de la situación y han contribuido a que diversas instancias
internacionales (ONU, CIDH, HRW, AI, Parlamento Europeo) y algunos Jefes de
Estado de diversos países (entre ellos Obama) hayan expresado su condena y se
pronunciaran por encontrar con vida a los desaparecidos. Tras generar una
presión política directa sobre el Estado mexicano (principalmente a nivel
federal), las movilizaciones sociales y la cobertura mediática nacional e
internacional han contribuido de manera decisiva a que acontecieran los
siguientes hechos: intensificación de las investigaciones sobre el caso
Ayotzinapa, la reciente captura de los presuntos autores intelectuales (el
ex-alcalde de Iguala y su esposa), el arresto de los perpetradores materiales
de los asesinatos y desapariciones de los estudiantes (entre policías
municipales y miembros del crimen organizados hay más de 50 individuos
detenidos), la desarticulación de uno de los grupos del crimen organizado
activos en Iguala y sus alrededores, la destitución del ex–gobernador de
Guerrero y de varios funcionarios estatales. No obstante, a pesar de todo esto,
aún no se sabe a ciencia cierta el paradero de los 43 normalistas y, por tanto,
sigue irresuelta una de las principales demandas de los padres y compañeros de
los estudiantes secuestrados: la presentación con vida de los desaparecidos.
Ayotzinapa,
reflejo de la inseguridad, la descomposición social y la violencia política.
Los acontecimientos del 26 de septiembre en Iguala tienen
un carácter atroz e indolente no sólo por la violencia y la saña con que fueron
perpetrados los asesinatos y desapariciones, sino también por el papel que el
Estado jugó y por los sujetos sociales a los que se agredió: jóvenes
normalistas campesinos e indígenas que estaban indefensos y desarmados. Los
sucesos de Ayotzinapa representan un reflejo cruento de una serie de problemas
estructurales de carácter político que han delineado la vida contemporánea del
país.
(1) Desapariciones.
Como aconteció con los estudiantes normalistas secuestrados y privados de la
libertad el 26 de septiembre, desde el 2006 (en el contexto de la guerra contra
el narcotráfico que inició el sexenio pasado) y hasta la fecha, las
desapariciones forzadas (a veces de carácter masivo) vinculadas a hechos
delictivos donde están involucrados grupos del crimen organizado (y en no pocas
ocasiones fuerzas de seguridad del Estado) han sido uno de los acontecimientos
violentos más recurrentes de la historia reciente de México; según cifras
conservadoras, se calcula en más de 24 ó 26 mil el número de desaparecidos
durante el gobierno de Calderón y lo que va de la presente administración
federal.
(2) Asesinatos.
En el mismo tenor de los hechos de Iguala del pasado septiembre donde fueron
asesinadas seis personas (entre ellos tres estudiantes normalistas), de 2006 a
2014 se han registrado más de 100 mil asesinatos relacionados a hechos violentos
donde intervinieron grupos delictivos del crimen organizado (cárteles del
narcotráfico) y diversas fuerzas de seguridad del Estado (principalmente
policías municipales); dentro de estas formas de violencia y privación de la
vida también se encuentran los feminicidios.
(3) Violencia
política selectiva. Además, a semejanza de la violencia específicamente
dirigida a los normalistas de Ayotzinapa, en México se han vuelto cada vez más
recurrentes las agresiones físicas (que en no pocas ocasiones terminan con la
privación de la vida) deliberadamente orientadas a grupos sociales de diverso
tipo (jóvenes, campesinos, indígenas, maestros) que se oponen a los poderes
fácticos imperantes (el crimen organizado, el Estado en sus diversas escalas,
los monopolios y las transnacionales).
(4) Deterioro del
tejido social. De manera paralela, derivado de la privación forzada de la
vida y en consonancia con lo que ahora experimentan los deudos de los
normalistas de Ayotzinapa, en los últimos años en México decenas de miles de
familias han sido golpeadas y fracturadas por las más de 26 mil personas
desaparecidas y los más de cien mil asesinados; en México, como en Ayotzinapa y
Guerrero, hay un severo deterioro del tejido social. Si se analiza la abismal
desproporción entre los miles de delitos cometidos y los contados casos donde
se llevan a buen término los procesos jurídicos y judiciales de impartición de
justicia, hay de facto un claro desdén por las víctimas y sus deudos de parte
del Estado mexicano.
(5) Ausencia crónica
del cumplimiento y ejercicio de la ley. De este modo y como hasta la fecha
ha venido aconteciendo en torno al caso de los normalistas asesinados y
desaparecidos, históricamente (pero particularmente en las dos últimas
administraciones federales) hay una ausencia crónica del cumplimiento y
ejercicio de la ley por parte de las autoridades estatales. Pocas veces el
sistema jurídico-judicial del Estado mexicano juzga a los responsables de los
asesinatos y desapariciones, quedando sin castigo los crímenes cometidos. Hoy
día la justicia es una deuda permanente y la impunidad es una constante entre
los poderes fácticos. Expresión clara de esto es que, como con los normalistas
de Ayotzinapa, aún están pendientes las investigaciones de las decenas de miles
de desaparecidos y los más de 100 mil asesinatos y muertes violentas
acontecidas entre 2006 y 2014.
Entre
la complicidad, la impunidad y la negligencia.
Desde la consideración de sus diversas escalas o niveles,
el Estado fue cómplice y participe en los asesinatos y desapariciones de
Ayotzinapa, pero también, a través del conjunto de sus instituciones de
investigación e impartición de justicia, mostró y propició impunidad,
negligencia e indiferencia en torno al caso. A nivel municipal, el Estado
estuvo involucrado directamente en los sucesos de Iguala, tanto porque el ex
presidente municipal y su esposa fueron los presuntos autores intelectuales de
estos crímenes, como por el hecho de que los policías municipales fueron los
perpetradores materiales de las agresiones (dentro de ellas 6 asesinatos) y el
secuestro (privación forzada de la libertad) de los 43 normalistas desaparecidos
el 26 de septiembre.
En lo concerniente al ámbito de la entidad federativa, el
gobierno de Guerrero propició la impunidad y la negligencia. Las autoridades
estatales pese a que tuvieron información el mismo día 26 de septiembre de lo
que estaba ocurrieron no hicieron nada para frenar las agresiones ni
trasladarse al sitio de los hechos e iniciar de manera inmediata las
indagaciones. Posteriormente, frente a la evidente participación de autoridades
locales y policías municipales en los hechos violentos, el gobierno estatal
actuó de manera tardía, propiciando de facto con su actuar errático la fuga de
varios de los responsables y obstaculizando las investigaciones.
A nivel federal también hubo
rasgos de impunidad y negligencia en múltiples situaciones. Desde mucho antes
de los asesinatos y las desapariciones del 26 de septiembre, instancias
federales (la Secretaría de Gobernación y la PGR) habían recibido información
de hechos delictivos (los asesinatos de tres miembros de Unión Popular) en los
que había estado involucrado directamente el ex-alcalde de Iguala y no
iniciaron los procesos de indagación correspondientes; había, pues, datos sobre
la violencia en la región y los antecedentes criminales de Abarca. Por otra
parte, una vez ocurridos los hechos de Iguala, la atracción del caso por parte
de las autoridades federales fue tardía y ambigua, mostrando falta de
coordinación y de voluntad de cooperación con las autoridades de Guerrero y con
el Equipo Argentino de Antropología Forense. En este contexto, surge la
interrogante: ¿por qué las autoridades federales, que un principio se
deslindaron del caso y lo redujeron a una situación de violencia focalizada y
crimen local, posteriormente hicieron un vistoso despliegue de recursos e
información? Probablemente la respuesta tiene que ver, más que con una real
voluntad política con los deudos de los normalistas y el esclarecimiento de lo
sucedido, con una visión pragmática de las autoridades federales y sus
estadistas de resolver a toda costa la crisis política y de seguridad que ha
tirado por tierra la imagen ficticia de México que el gobierno en turno había
proyectado en el exterior. Hoy, como desde el 26 de septiembre, sigue el
reclamo de la aparición con vida de los normalistas, el esclarecimiento de los
hechos y la impartición de justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario