¿Es una utopía exigir
la presentación con vida de los 43 desaparecidos de la Normal de
Ayotzinapa? ¿Acaso un despropósito o una simulación para ocultar una
verdad? ¿Están vivos o muertos? Muchas preguntas sin respuestas
concluyentes. La incertidumbre está en las mentes y corazones. La duda
mata, tanto como la certeza de lo irremediable. Dolor que no permite
dilucidar lo que hay de razón y sinrazón. Agobio. Desesperación.
Desesperanza. Todos estos sentimientos de angustia se van acumulando en
el ánimo colectivo y van dando paso a la frustración y a la angustia. 43
jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa que no sabemos de su
paradero. ¿Y cómo estar seguros de lo que ha ocurrido con ellos cuando
únicamente tenemos la certeza de que los desaparecieron en un terrible
día en que se conjugaron las fuerzas represivas del municipio de Iguala
con la estrategia diseñada por el gobierno estatal y federal de
criminalizar la lucha social, de acorralar a las Normales Rurales, de
impedir el libre ejercicio de la libertad de expresión y de
organización, de negar el legítimo derecho a la protesta, con la añeja
pretensión de ir cerrando paulatinamente un proyecto educativo que
reclama compromiso social y pensamiento critico, justamente cuando las
contra reformas neoliberales pretenden eliminar cualquier oposición a la
privatización de la educación? No. No hay certeza. Pero tampoco
resignación. Ni aceptación de lo inaceptable. La desaparición
forzada es un crimen de lesa humanidad, cometida por un terrorismo de
Estado, que está claramente tipificada como un delito que causa un grave
daño al individuo que lo padece y al conjunto de la humanidad, por
todas las consecuencias que tiene en causar un dolor mayor al que puede
ocasionar un delito común, ya que involucra a varios a la vez, como es
desde el inicio de la detención arbitraria, el uso desproporcionado de
la fuerza, la tortura, la privación ilegal de la libertad, la
desaparición de persona que no es conducida ante autoridad competente,
la generación de incertidumbre y un dolor permanente en familiares y
personas que desconocen el paradero de quien lo sufre directamente, la
posibilidad de mantener en cautiverio durante días, meses o años en el
peor de los casos conocidos sin ninguna causa legal o acusación ni
derecho a defenderse ante un poder sin rostro que está representado en
cualquiera de las fuerzas del estado o de particulares que cuentan con
la complicidad, la aquiescencia o la omisión de la autoridad. Por eso,
se pierde tiempo en una estrategia de investigación equivocada que para
estos casos es de vida. Investigar e intensificar la búsqueda de
personas vivas obliga al gobierno a revisar los protocolos de búsqueda
de los desaparecidos en cárceles clandestinas y campos militares, no
solo en las tumbas que se encuentran cada vez más y van mostrando la
gravedad de los crímenes impunes y desapariciones en todo el país que se
calcula en más de 27 mil. Amnistía internacional señala en su acción
urgente (http://www.alzatuvoz.org/
En Guerrero se ha documentado históricamente el primer caso de un desaparecido por razones políticas en nuestro país: Efraín Rojas Muñoz, en 1969, de acuerdo a las listas de 600 desaparecidos con que cuenta el Comité Eureka de familiares de desaparecidos y presos políticos. Los familiares, y los instrumentos internacionales del derecho humanitario, como la Convención de la ONU y la Ley sobre Desaparición Forzada o Involuntaria, les dan la razón, no pueden aceptar la muerte de sus desaparecidos hasta contar con pruebas contundentes de que así sea. Es verdad que hay toda una técnica política desarrollada por los estrategas de la represión para que la desaparición forzada cause el mayor daño posible y genere una parálisis social que inhiba la participación política. Los vuelos de la muerte, recientemente exhibidos por la Comisión de la Verdad de Guerrero, donde dan cuenta de 1600 casos de desaparecidos. Esta misma técnica fue aplicada en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil durante las dictaduras militares de los años 60 y 70 del siglo XX. También, debido a la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se siguen recuperando desaparecidos con vida, después de 30 años de ocurridos los hechos. En México, desaparecidos que permanecieron en el Campo Militar Número Uno, durante meses o años, obtuvieron su libertad y el Comité Eureka da cuenta de más de 150 casos. Oscar Vega Rosales, desaparecido en Puebla a los 4 años de edad, fue recuperado 10 años después. Alejandra Cárdenas y Antonio Hernández, muertos según la Dirección Federal de Seguridad (la policía política de los gobiernos durante esa época) , siguen vivos después de sobrevivir la cárcel clandestina y la tortura. El "Guaymas" está vivo y libre aún cuando en la tortura perdió una pierna que le fue amputada. Y las madres de Ciudad Juárez que reclamaban a sus hijas desaparecidas, rechazaron los cuerpos que les entregaron las autoridades de la PGR porque eran restos de diferentes cuerpos. Por ello, decenas de miles de manifestantes en el país y en diversas ciudades del mundo el 8 de octubre y en la próxima jornada internacional del 22 de octubre, seguimos demandando que ¡si vivos se los llevaron, vivos los queremos!
cidhmorelos@gmail.com
Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz son integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en México desde hace 25 años.
En Guerrero se ha documentado históricamente el primer caso de un desaparecido por razones políticas en nuestro país: Efraín Rojas Muñoz, en 1969, de acuerdo a las listas de 600 desaparecidos con que cuenta el Comité Eureka de familiares de desaparecidos y presos políticos. Los familiares, y los instrumentos internacionales del derecho humanitario, como la Convención de la ONU y la Ley sobre Desaparición Forzada o Involuntaria, les dan la razón, no pueden aceptar la muerte de sus desaparecidos hasta contar con pruebas contundentes de que así sea. Es verdad que hay toda una técnica política desarrollada por los estrategas de la represión para que la desaparición forzada cause el mayor daño posible y genere una parálisis social que inhiba la participación política. Los vuelos de la muerte, recientemente exhibidos por la Comisión de la Verdad de Guerrero, donde dan cuenta de 1600 casos de desaparecidos. Esta misma técnica fue aplicada en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil durante las dictaduras militares de los años 60 y 70 del siglo XX. También, debido a la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se siguen recuperando desaparecidos con vida, después de 30 años de ocurridos los hechos. En México, desaparecidos que permanecieron en el Campo Militar Número Uno, durante meses o años, obtuvieron su libertad y el Comité Eureka da cuenta de más de 150 casos. Oscar Vega Rosales, desaparecido en Puebla a los 4 años de edad, fue recuperado 10 años después. Alejandra Cárdenas y Antonio Hernández, muertos según la Dirección Federal de Seguridad (la policía política de los gobiernos durante esa época) , siguen vivos después de sobrevivir la cárcel clandestina y la tortura. El "Guaymas" está vivo y libre aún cuando en la tortura perdió una pierna que le fue amputada. Y las madres de Ciudad Juárez que reclamaban a sus hijas desaparecidas, rechazaron los cuerpos que les entregaron las autoridades de la PGR porque eran restos de diferentes cuerpos. Por ello, decenas de miles de manifestantes en el país y en diversas ciudades del mundo el 8 de octubre y en la próxima jornada internacional del 22 de octubre, seguimos demandando que ¡si vivos se los llevaron, vivos los queremos!
cidhmorelos@gmail.com
Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz son integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en México desde hace 25 años.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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