ENTREVISTA | CARLOS SLEPOY
El abogado argentino, impulsor de la causa contra los crímenes del franquismo, presentará una querella en Argentina contra el Gobierno israelí por "genocidio" en Gaza.
ANA DELICADO Buenos Aires 24/09/2014 08:00 Actualizado: 24/09/2014 14:09 Público
Carlos Slepoy, durante la entrevista, en el Centro Gallego de Buenos Aires.- ANA DELICADO
La primera denuncia interpuesta en Argentina contra el Estado israelí por
los crímenes cometidos en Gaza no será un hito aislado. El abogado
argentino Carlos Slepoy, que participa en la causa contra los crímenes
del franquismo abierta en este país, prepara una querella para que se
condene a Israel por delitos de lesa humanidad.
Slepoy impulsó en España los juicios contra los crímenes de las
dictaduras argentina y chilena, y consiguió que se enjuiciara en España
al militar argentino Adolfo Scilingo, condenado en 2007 por el Tribunal
Supremo a 1.084 años de prisión por ser responsable, entre otros
delitos, del asesinato de 30 personas que fueron arrojadas al Río de la
Plata en dos vuelos de la muerte.
Pero no hace falta remontarse a dictaduras pasadas para encontrar
crímenes imprescriptibles. Un Estado, formalmente democrático, hace
pocas semanas bombardeó la Franja durante 50 días y mató a más de 2.100
personas en lo que denominó la operación Margen Protector. De
visita en Argentina, Slepoy presentará en los juzgados de Buenos Aires
una querella penal, junto con abogados de la Asociación Americana de
Juristas entre los que están Beinusz Smuckler y Carlos Tobal, para que
Israel sea juzgado "por delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad
o de genocidio", tres figuras penales que no prescriben.
"En todo el mundo hay mucho espanto ante la impunidad absoluta con
la que cuenta Israel para desobedecer las resoluciones de la ONU y para
provocar masacres sistemáticamente, aparte de avances sobre los
territorios ocupados y la instalación de colonias", expone Slepoy a Público.
"Frente a esta realidad, mucha gente se pregunta cómo se para esto. La
Corte Penal Internacional no va a actuar, primero, porque ni EEUU ni
Israel son parte de su Estatuto. Por otra parte, Palestina no está
reconocida como Estado".
¿No habría otra posibilidad?
"En todo el mundo hay mucho espanto ante la impunidad absoluta con la que cuenta Israel"
La otra alternativa sería crear un tribunal penal internacional ad hoc,
como se hizo para Yugoslavia, para Ruanda o para Sierra Leona. Pero
esto requeriría o una decisión de la Asamblea General de la ONU o una
resolución del Consejo de Seguridad. Vuelve a ser muy remota la
posibilidad de que esto suceda.
Su propuesta es clara, dada su trayectoria profesional: la justicia universal.
Nuestra pretensión es que se abra un procedimiento aquí, otro en
España, que se abran en Chile, en México y en todos los países que
pueden ejercer la jurisdicción universal con respecto a estos crímenes,
para que puedan ser perseguidos de forma múltiple y concertada. Y en
caso de que alguno consiguiera la detención de alguno de los
responsables, que se determine cuál es el tribunal en mejores
condiciones para juzgar.
¿Por qué promueven la querella en Argentina?
En Argentina hay ahora dos procedimientos abiertos: el del
franquismo y otro sobre los crímenes en Paraguay. Antes de la querella
por los delitos franquistas no existía nada. Cuando se interpuso, la
jueza archivó la causa. Hubo que recurrir y al final la Cámara Federal
la abrió de nuevo. ¿Qué va a pasar con esta nueva querella? Vamos a ver.
Aquí en Argentina hay ya una primera denuncia presentada en Córdoba que
es muy importante. Vamos a colaborar juntos, podrían unirse las causas
en un futuro. Lo interesante es que, no siendo ninguno jurista, aquellos
demandantes apelaron al principio de justicia universal.
La diferencia con su iniciativa es que ustedes presentan una querella, que es distinto de una denuncia.
Sí, lo que implica que participarán víctimas o familiares de
víctimas, sin perjuicio de que haya asociaciones palestinas y organismos
de derechos humanos.
La querella va dirigida contra la cúpula política y militar Israelí, como la denuncia de Córdoba.
"Parece que se puede matar niños y destruir barrios enteros sin que haya ningún tipo de sanción"
En principio nosotros pedimos la captura internacional del primer
ministro Benjamín Netanyahu, los ministros Avigdor Lieberman (Asuntos
Exteriores) y Moshé Yalon (Defensa), el jefe del Ejército, general Benny
Gantz y el vicepresidente del Parlamento e ideólogo del plan de
exterminio, Moshe Feiglin, porque son los que aparecen claramente como
ejecutores del plan. Pero una vez abierto el procedimiento declaran
testigos, expertos, se acumulan pruebas y eventualmente pueden surgir
nuevos responsables.
Ahora, en Argentina es considerable la influencia de grupos de presión judíos.
Presuponemos que habrá una reacción de la comunidad judía aquí y de
la de Israel, que atribuyen los crímenes a los atentados producidos por
Hamás. El represor siempre busca justificaciones. La dictadura
argentina decía que se veía obligada a desaparecer a la gente porque los
subversivos cometían delitos y atentaban contra el ser nacional.
Pero estos crímenes no tienen justificación alguna. La
desproporción de medios entre una y otra parte es tremenda: 64 muertos
israelíes frente a más de 2100 palestinos. Y aparte está el tema de los
niños. Parece que se puede matar niños y destruir barrios enteros sin
que haya ningún tipo de sanción, como si viviéramos en un lugar donde no
existiera el derecho internacional, en donde no hubiera existido un
tribunal de Núremberg. En la querella, van a constar los nombres de
todos los asesinados que se conozcan, y sobre todo de los niños. Tenemos
ya una lista elaborada por Save The Children con el nombre y edad de
373 niños.
Alcance de la justicia universal
En este mundo sin aparente derecho internacional, ¿qué cabida ha tenido la justicia universal?
Al calor de la detención de Pinochet en 1998, un fiscal apeló la
decisión del juez Baltasar Garzón planteando que era incompetente. En
octubre arrestaron a Pinochet y en noviembre la Audiencia Nacional se
declaró por unanimidad competente para investigar los crímenes en
Argentina y Chile y, por tanto, consagrando la idea de la justicia
universal que ya estaba en los textos españoles.
¿Y hubo un cambio de rumbo?
Se creó una enorme expectativa. La primera en interponer una
querella, tras aquello, fue la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú,
que en 1999 denunció un genocidio en Guatemala. Un juez se declaró
competente pero su decisión se recurrió ante la Audiencia Nacional, la
cual reconoció que si bien había indicios suficientes para pensar en un
genocidio, no estaba acreditado que las víctimas hubieran interpuesto
sus demandas en la propia Guatemala, y que siendo subsidiaria la
actuación de la jurisdicción española, no procedía la apertura del
procedimiento. Es decir, que son los mismos jueces, ante una causa mucho
más evidente como era el genocidio en Guatemala, los que deciden
archivarla. Recurrimos al Tribunal Supremo, que decidió que España era
competente pero sólo sobre las víctimas españolas.
Acudieron al Tribunal Constitucional, entonces.
"Todos los tribunales de los distintos países del mundo deben concurrir a la persecución del crimen"
Sí, quien revocó ambas resoluciones planteando que la Justicia
española era competente, que esta cuestión de los españoles no se
correspondía en absoluto con la idea de la jurisdicción universal que se
define por la naturaleza del crimen y no por la nacionalidad de las
víctimas, y en este punto, dijo que no se puede hablar de jurisdicción
subsidiaria sino competente. La idea es que todos los tribunales de los
distintos países del mundo deben concurrir a la persecución del crimen,
que es lo que esperamos que ocurra en relación con Palestina.
¿Sirvió de algo aquello?
La causa de Guatemala sigue abierta, el juez incluso viajó hasta
allí. Tuvo una influencia muy grande para que el dictador Ríos Montt
fuera juzgado después, y no sólo eso, sino que permitió la apertura de
hasta quince causas en España basadas en la justicia universal. Pero a
raíz de una nueva masacre en Gaza en 2009, hubo presiones del Gobierno
israelí y de EEUU con el tema de Guantánamo, y de los chinos con
respecto al Tíbet. El PSOE modificó con el apoyo del PP la ley que
establecía la justicia universal irrestricta en España y estableció
puntos de conexión: que las víctimas tenían que ser españolas, o que
tenía que haber vínculos relevantes con España del país en el que se
cometieron los crímenes, y planteaba la subsidiariedad de nuevo.
Y la última reforma del PP terminó de liquidar la jurisdicción universal en España.
No. España firmó las Convenciones de Ginebra, así que está obligada
a cumplir la ley que contrajo internacionalmente al margen de lo que
diga su ley interna. Incluso en esa modificación de la ley de la justicia universal por
parte del PP, se aclara que será "sin perjuicio de los tratados que
internacionales que España ha ratificado". Por otro lado, el juez de la
Audiencia Nacional Santiago Pedraz rescató el caso del asesinato del
periodista José Couso invocando la IV Convención de Ginebra, que
determina que son competentes para investigar los crímenes todos los
países firmantes de las convenciones aunque no se hayan hecho en su
territorio ni hayan participado en el conflicto. Es la única sentencia,
junto con la Convención de Apartheid, que establece la jurisdicción
universal.
De ahí a que las autoridades israelíes se pongan nerviosas hay un trecho.
"España está obligada a cumplir la ley que contrajo internacionalmente al margen de lo que diga su ley interna"
Este principio de la jurisdicción universal existe desde el siglo
XVIII, pero su aplicación efectiva no llega a 20 años. En tiempos
históricos es un tiempo muy corto. España, que es un país con un enorme
retroceso en relación a la investigación de los crímenes de su propio
territorio, es el país del mundo en donde más procedimientos abiertos
por justicia universal existen, aun con la abrogación del PP. Así como
Argentina es una referencia mundial por juzgar a sus propios criminales,
España lo es por juzgar a los criminales de otros países. Con la
reforma del PP esto queda ahora limitado, pero hay siempre vericuetos
que los jueces que están dispuestos a investigar utilizan. Y como los
jueces de la Audiencia Nacional han intervenido prácticamente todos
ellos en causas de este tipo, tienen más incorporado que otros jueces en
el mundo la idea de la justicia universal.
Así que España podría tomar el relevo de Argentina con la querella.
España es la cuna de la justicia universal, de su aplicación
efectiva. Y todos los países que firmaron las Convenciones de Ginebra,
que son casi todos los países del mundo, deben responder a ese
principio, por lo que existe la posibilidad de que se interpongan
querellas en varios lugares.
Ahora, el Comité Especial de Naciones Unidas que visitó los territorios ocupados acusó a Israel en 2011 de violar sistemáticamente los derechos humanos, y durante los últimos ataques israelíes contra Gaza, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Nancy Pillay, pidió a Israel que asumiera sus crímenes de guerra, pero todo se queda en palabras.
Es algo parecido a las resoluciones de las comisiones de la ONU con
respecto al franquismo, con la diferencia de que los crímenes en Gaza
se están cometiendo en la actualidad. El tema es hacer justicia, quién
persigue a los criminales y de este modo evitar crímenes futuros.
El contexto no parece ayudar.
"Argentina es una referencia por juzgar sus propios criminales, España lo es por juzgar los criminales de otros países"
Estamos asistiendo a una especie de secuestro de la justicia
internacional por parte de las potencias que tienen el poder de decidir a
quiénes se juzga, cuándo y de qué modo: el peso el Consejo de
Seguridad, las decisiones del Tribunal Penal Internacional, el hecho de
que la Corte Penal Internacional no haya tomado ningún tipo de decisión
pese a la evidencia de los crímenes, el hecho de que la Asamblea o el
Consejo de Seguridad de la ONU no haya tomado ninguna iniciativa para
crear un tribunal especial. El desamparo para las víctimas es tremendo.
Frente a esto, felizmente, se ha ido fortaleciendo la idea de la
justicia universal.
¿Cuál es su aspiración?
Sería magnífico que hubiera 20 ó 30 tribunales del mundo que
abrieran diligencias y pidieran la detención de la cúpula israelí,
primero como modo de hacer sentir que alguien pretende hacer algo por
los palestinos, también en apoyo a los judíos que se oponen a todo esto,
y sobre todo para que esta gente sienta que está perseguida por la
comunidad internacional. Que si salen de su territorio pueden ser
detenidos, que tienen que parar y buscar otra manera de resolver el
conflicto.
¿Aunque al final no sean enjuiciados?
La búsqueda de la justicia universal tiene efectos que van más allá
de la justicia misma o del enjuiciamiento. La impunidad en Israel no se
va a quebrar. Basta ver que las cárceles israelíes están pobladas de
palestinos y no hay un israelí en una cárcel palestina. Esto demuestra
que Palestina es un territorio ocupado, que Hamás es un producto de la
ocupación. Plantean los túneles como si fuera un tremendo delito, cuando
todos los pueblos que han luchado por su liberación han buscado salidas
de este tipo, como los vietnamitas. Pareciera que el delito es
construir un túnel y no ocupar un territorio. La aplicación de la
justicia universal pretende lanzar el mensaje de que estos crímenes no
pueden quedar impunes y que hay jueces tan dispuestos a detenerlos
físicamente como de detener la posibilidad de futuras masacres.
¿Cómo imagina que puede llegar a funcionar la justicia universal?
"Hay que hacer algo contra el secuestro que tienen las grandes potencias de la justicia internacional"
En todos los países existen estructuras judiciales asentadas.
Abogamos porque en todos los países existan juzgados específicamente
dedicados a investigar crímenes de lesa humanidad, y específicamente
dedicados, esos u otros, a ejercer la jurisdicción universal. Si esto es
así, las víctimas podrán interponer su denuncia en esos tribunales, que
tendrían que comprobar que se están cometiendo esos crímenes y lanzar
órdenes internacionales de detención. Qué diferente hubiera sido la
historia si España hubiera actuado contra el franquismo no 20 años
después como lo hizo, sino en el mismo momento en el que se cometían los
crímenes.
La idea es que en el futuro haya un órgano, como podría serlo la
Corte Penal Internacional si fuera imparcial, que ordenara todo esto. O
sea, que los tribunales comenzaran a actuar, que acogieran las denuncias
de las víctimas y que consultaran con ese organismo si el juzgado de un
país u otro o él mismo se encarga de investigar eso mismo. Hay que
hacer algo para combatir el secuestro que tienen las grandes potencias
de la justicia internacional. La solución es resignarse a la impunidad o
actuar todos de común acuerdo tal de manera que sea ineficaz presionar
en un país porque la denuncia se interpondría en otro, y que por tanto,
se interponga la idea de la justicia por encima de los intereses.
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