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Una de las consecuencias más nefastas de la
derrota de la revolución en Centroamérica, y del inicio
del periodo neoliberal fue la privatización de los
servicios públicos en todos los países que conforman
la nación centroamericana, siendo el más importante de
estos el servicio de energía eléctrica, que se ha
transformado en un derecho fundamental de cualquier
ser humano.
Después de 1990, obedeciendo los
lineamientos del Consenso de Washington, en todos los
países de Centroamérica se privatizó, total o
parcialmente, la generación, distribución y
comercialización de la energía eléctrica. La excepción
a este panorama desolador sigue siendo Costa Rica, en
donde el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) se salvó de la
privatización con las luchas del año 2000, pero en los
últimos años ha crecido la generación de energía
eléctrica en manos privadas, debilitando con ello al
gigante estatal.
Los nuevos dueños de la industria eléctrica
en Centroamérica son transnacionales, destacándose
entre ellas UNION-FENOSA, quienes no han realizado
mayores inversiones en infraestructura pero sí se han
preocupado por obtener jugosas ganancias. El gran
negocio de estas transnacionales ha sido la producción
de energía térmica a partir del petróleo.
El resultado de estas privatizaciones ha
sido una permanente crisis de energía en todo el
istmo, y precios de la energía eléctrica cada vez más
altos, relacionados con la constante alza del precio
del petróleo a nivel internacional.
Los apagones y racionamientos en todos
nuestros países constituyen una especie “lock out” de
las transnacionales que chillan y presionan por
obtener cada vez más ganancias. Los casos más
dramáticos en la actualidad son Honduras y Panamá,
países en donde la privatización ha conducido a crisis
recurrentes. En Honduras hay apagones, aunque el Sindicato
de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (STENEE) ha denunciado
correctamente que se trata de una crisis artificial
para chupar la sangre del pueblo. En Panamá, con el
pretexto de la sequía, la escasez de energía conduce
irremediablemente al alza de precios de la tarifa.
A pesar de que vivimos en países tropicales,
donde lo que más abunda son los ardientes rayos del
sol, los gobiernos no se muestran interesados en la
generación de energía solar, o eólica, porque
atentaría contra los negocios de las transnacionales,
que para evitar el cambio de la matriz energética se
encargan de repartir coimas entre funcionarios
corruptos en toda Centroamérica.
Las represas hidroeléctricas que fueron
construidas antes del inicio de la ofensiva neoliberal
ya no dan abasto a la creciente demanda de energía
eléctrica, y yacen como monumentos agonizantes del
modelo económico de la época del Mercado
Común Centroamericano (MCCA), donde
prevaleció el criterio de desarrollar una modesta
industria manufacturera que sustituyera las
importaciones.
La crisis energética se ha transformado un
grave problema para la economía capitalista en
Centroamérica y en un flagelo cotidiano para las masas
trabajadoras y populares. En la mayoría de los países
de Centroamérica, en las barriadas y asentamientos
populares, la gente que ya no puede pagar el precio de
la energía, sencillamente ha optado por conectarse de
manera ilegal.
Esta expropiación individual de un servicio
vital que el Estado debe garantizar a todos los seres
humanos, es utilizado por las transnacionales para
subir el precio de la energía eléctrica, y al final de
cuentas la clase media, ordeñada por las constantes
reformas fiscales, termina pagando los platos rotos de
la privatización de la industria eléctrica.
En los últimos años, las burguesías en
Centroamérica han creado el Sistema de
Interconexión Eléctrica de los Países de América
Central (SIEPAC), para correrse y venderse
energía mutuamente, lo que confirma una vez más que
somos una sola nación dividida artificialmente en
siete Estados diminutos. Pero mientras las burguesías
y las transnacionales integran el mercado eléctrico
centroamericano para hacer negocios, los sindicatos
del sector eléctrico estamos divididos, separados, por
las rayas fronterizas.
Recientemente, los campesinos e indígenas de
Guatemala, agrupados en el Comité de
Desarrollo Campesino (CODECA) nos acaban de
dar una tremenda lección de lucha: están exigiendo la
nacionalización de la industria eléctrica, como una
forma de garantizar precios justos a la población
pobre. Lo que no han planteado los sindicatos, lo han
hecho los campesinos e indígenas, estos últimos los
más fervientes defensores del medio ambiente.
El Partido Socialista
Centroamericano (PSOCA) llama a los
sindicatos del sector eléctrico y al resto de las
centrales obreras y campesinas de Centroamérica, a
levantar unidos la exigencia de nacionalización de la
industria eléctrica, bajo control obrero y de las
comunidades.
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