Intendente de Maracaibo deplora actos contra sede del CNE Fascistas intentaron envenenar agua de planta potabilizadora en Mérida |
| Las llamadas
guarimbas desplegadas desde el pasado 12 de febrero se han convertido
en reductos violentos, que le sirven a la ultraderecha venezolana como
escenarios de vandalismo, acciones fascistas y asesinatos. Hasta hoy la violencia desatada por estos reductos ha cobrado la vida de 36 personas, 21 de ellas víctimas directas del accionar de grupos utilizados por la ultraderecha, cuyos ataques incluyen desde colocar alambradas para degollar motorizados hasta tiros de gracia a quienes intentan liberar vías bloqueadas. En los últimos 42 días, 10 personas han sido asesinadas con armas de fuego por intentar eludir, impedir o retirar cercos que han sido montados con cauchos y basura quemada, escombros, trastos, muebles inservibles o árboles talados (Hasta ahora 5.000) con el fin de impedir el libre tránsito. Esta modalidad de trancas forzosas de las vías, identificadas por la oposición como "guarimbas", es alentada por voces que bajo el disfraz de la "salida" llaman a un golpe de Estado en Venezuela. Las víctimas más reciente son un sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) identificado como Miguel Antonio Parra, de 42 años de edad, asesinado este lunes por grupos vandálicos en el sector El Campito, parroquia Spinetti Dini del municipio Libertador de Mérida (Suroeste), y Adriana Urquiola, de 28 años de edad y quien tenía cinco meses de gestación, alcanzada por una bala la noche de este domingo en el sector Los Nuevos Teques, municipio Guaicaipuro, estado Miranda (Al sur de Caracas). Urquiola recibió un disparo luego de bajarse de una unidad de transporte público, que no podía transitar por el referido sector, debido a unos obstáculos colocados en la vía por vándalos que impedían la libre circulación de las personas. La fiscal general de la República, Luisa Ortega, informó que se efectúan 60 investigaciones sobre presunto maltrato a la integridad personal durante los hechos de violencia. En la entrevista concedida al programa dominical José Vicente Hoy, que transmite la televisora privada Televen, señaló que 15 personas -funcionarios de distintas policías y fuerzas de seguridad- están privadas de libertad por presuntas violaciones de derechos fundamentales. Ortega detalló que las guarimbas además han provocado un saldo de 461 personas lesionadas, 318 son civiles y 143 trabajadores policiales, militares, y servidores públicos. Las guarimbas se iniciaron siete semanas en 18 municipios del país, y en las últimas tres semanas se circunscriben a seis localidades (todas gobernadas por alcaldes de oposición). Esta disminución no es sólo en espacios tomados sino también en la cantidad de participantes. Su acción criminal es inversamente proporcional a la cantidad de gente que se logra captar o pagar. Algunos detenidos en el municipio Chacao, confesaron cobrar hasta 5.000 bolívares (800 dólares) semanales para ejecutar estos hechos violentos. A los ejecutores directos de la violencia les han incautado, hasta el pasado 14 de este mes, armas de fuego (incluidas armas de guerra, pistolas con mira láser) y municiones de diversos calibres, explosivos C4, más de 2.900 artefactos explosivos (sólo en San Cristóbal, Táchira, suroeste), además de insumos e implementos para su fabricación (químicos, gasolina, aceite, esquirlas de hierro, etc.), lanzacohetes improvisados, miles de abrijos usados para dañar neumáticos y provocar accidentes (en particular de motos) y bombas lacrimógenas, entre otras herramientas destinadas para ejecutar la violencia. Los planes estructurados para la aplicación de las guarimbas, se evidencian en los crímenes perpetrados en estos reductos violentos. Su finalidad, ya documentada durante estos días, es servir como espacio para causar muerte y destrucción, hechos que permitan generar una imagen negativa de Venezuela en el mundo, y al mismo tiempo, llenar un falso prontuario en la colectividad que alimente "la salida" violenta e inconstitucional del presidente Nicolás Maduro. Ataques contra CNE-Zulia El Intendente de Maracaibo (Estado Zulia, noroeste), Enrique Parra, deploró los actos terroristas perpetrados en la madrugada de hoy contra la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) ubicada en la capital zuliana. "Estamos consternados con este acto terrorista como consecuencia del llamado, estímulo y financiamiento de la violencia en Maracaibo por parte de Un Nuevo Tiempo, encabezado por la alcaldesa Evelyng Trejo y por Lester Toledo, diputado al consejo legislativo por Voluntad Popular. Ellos son los responsables", denunció a Venezolana de Televisión (VTV). El Intendente Parra indicó que la totalidad de las instalaciones y equipos fue destruida, lo que incluye computadoras, aires acondicionados, archivos y mobiliario de oficina. "Encapuchados atentaron en la madrugada, de manera subrepticia, contra dos funcionarios civiles del CNE y un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana. Fueron asediados y los intentaron quemar con bombas molotov", detalló. Parra relacionó los hechos como consecuencia del plan golpista liderado a escala nacional por la ex diputada María Machado y el vocero de Voluntad Popular, Leopoldo López. También denunció el robo de equipos de computación y aires acondicionados a la Intendencia de la parroquia Santa Lucía, en la capital marabina, durante la noche de este lunes. Intento de envenenamiento Evaluaciones técnicas especializadas confirmaron que el acueducto de la capital del estado Mérida (Suroeste) fue objeto de una ataque terrorista la noche del pasado domingo, día en que operadores de planta en la estatal Aguas de Mérida, detectaron la presencia de combustible en el agua procesada para el consumo humano. El ministro de Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, detalló hoy en la planta de potabilización Eduardo Jáuregui, ubicada en la capital merideña, los avances en las investigaciones adelantadas al respecto. Informó que las pruebas realizadas a muestras de agua tomadas en el momento en que se detectó la presencia de hidrocarburos evidencian fuertes concentraciones de presunto gasoil. "Cuando hicimos los análisis respectivos de muestras de agua, detectamos la presencia de aceites y grasas. Esto lo estamos denunciando con mucha responsabilidad. Se detectó un valor para grasa y aceite de 90 miligramos por litro, es decir casi 300 % por encima de la norma", resaltó. La concentración máxima permitida de aceite y grasa en el agua, a su ingreso en la planta donde se filtra y purifica con cloro, es de 0,3 miligramos por litro. Los análisis practicados a las muestras del vital líquido indican con alta probabilidad que la sustancia detectada en el agua corresponde a combustible tipo gasoil. "A todas luces se trata de una acción macabra y premeditada. Accedieron a nuestras tuberías, las que están antes de la planta de tratamiento, perforaron la tubería y debieron verter más de cien litros del presunto gasoil. ¿Qué iba a pasar a los merideños si el agua contaminada hubiera llegado a sus hogares? ¿Qué efectos iba a generar esto en el pueblo merideño?", dijo. La Planta Potabilizadora Dr. Eduardo Jáuregui cuenta con una producción de 300 litros de agua por segundo, que surte el 20% del acueducto de la ciudad de Mérida. "Insistimos en el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para que se detenga la locura, Mérida no se merece acciones terroristas como esta que van contra toda la población, cosa que nuestro Gobierno no va a permitir", enfatizó. El ministro Rodríguez destacó que la oportuna acción de los operadores de planta de la estatal Aguas de Mérida evitó una situación de conmoción en el estado. Explicó que la rápida aplicación de los protocolos de seguridad evitó la diseminación de combustible en todo el acueducto que surte a más de 180.000 personas, es decir el 80% de los habitantes de la capital merideña. Alertó que el objetivo de este ataque era generar un estado de alarma y conmoción para justificar violentas protestas en la capital de Mérida. Precisó que la estatal hídrica presentó una denuncia formal ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), que ya adelanta las pesquisas para establecer las responsabilidades en el caso. |
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Agencia Venezolana de
Noticias (AVN) (Martes 25/03/2014)
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Antonio Núñez Aldazoro
Consejero (Educación, Cultura y Comunicación)
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela
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