Después
de setenta años de dictadura militar, fraudes electorales, cuartelazos, de luchas
populares y doce de conflicto armado, el 29 de abril y el 1 de mayo de 1991 dos
Asambleas Legislativas –como lo indica la Ley- reformaron la Constitución de la
República, para dejar consignada la obligación del Estado salvadoreño de respetar y garantizar los derechos políticos de
toda la gente que habita el país.
Los
acuerdos políticos firmados el 16 de enero de 1992 entre el FMLN y la
oligarquía, pusieron fin a la larga noche de persecuciones, asesinatos,
torturas, desapariciones y exilios en contra de todas las personas y de las expresiones
políticas opositoras al Gobierno.
Doce
elecciones se han celebrado en El Salvador desde que terminó la guerra; cinco
de ellas presidenciales. Hasta el 2012, los comicios se realizaron mediante campañas
infames en contra del FMLN y de sus candidaturas, con el uso abusivo de los
recursos del Estado, de las alcaldías y de las
donaciones internacionales, por parte de la derecha.
El Registro
Electoral fue secuestrado. El TSE fue integrado de manera perversa, y los
magistrados provenientes de la derecha, sin excepción, actuaron a favor de la
misma, inclusive, muchas veces, al margen del Código Electoral.
Sendas
campañas publicitarias se difundieron una y otra vez, afirmando que de ganar la
izquierda se acabarían las libertades personales, las biblias, la empresa
privada, las remesas, la familia, etc. En cada elección hubo decenas de
heridos, capturados y hasta asesinados en las filas del FMLN. Todo quedó en el
anonimato y en la impunidad.
No
hubo Sociedad Civil, ni “prensa libre” que denunciaran estos hechos; tampoco
hubo “analistas” que los criticaran o cúpula empresarial que le preocuparan las
inversiones, ni Fiscalía o Sala de lo Constitucional que cuestionaran aquél
estado de cosas.
El
15 de marzo de 2009 venció la esperanza. El FMLN ganó la presidencia de la República;
el miedo y el fraude fueron derrotados por el pueblo en
las urnas!
El
FMLN asumió la presidencia del TSE. La dirección ejecutiva, sin embargo, siguió
en manos de la derecha, y el Registro Electoral, sigue secuestrado.
Comenzó
la feroz campaña en contra de los partidos políticos y contra quienes militamos
en ellos. Se alzaron las voces por la despartidización del ente electoral. Los partidos
políticos –de izquierda- comenzaron a estorbar no sólo a la oligarquía, sino a quienes
hipócritamente se sirvieron de ellos para llegar a los cargos públicos, y hoy
reniegan de los mismos.
La
Constitución fue violada en el 2010 (interpretada dicen los autores) para dar
paso a las diputaciones sin partido -un requisito establecido en la Carta Magna
en 1983, para impedir la llegada del FMLN al Gobierno-. En el 2009 la derecha
impuso la obligatoriedad de afiliarse a un partido, para todos los aspirantes a
Concejos Municipales.
Los
comicios legislativos y municipales de 2012, dieron ventajas numéricas a la
derecha, principalmente en el área metropolitana. El TSE fue bien evaluado por quienes
se sentían ganadores.
Las
elecciones presidenciales del pasado 2 de febrero se organizaron con las reglas
que aprobaron todas las bancadas en el 2013: Código Electoral reformado, Voto
desde el Exterior, Ley de Partidos Políticos, padrón heredado, obligación de
votar con DUI vigente, Voto Residencial en todo el país, sanciones contra la
campaña sucia, etc.
El
TSE declaró en firme las cinco planillas que se inscribieron para competir por
la primera magistratura. No había razón jurídica para hacer lo contrario. La
Sala, sin embargo, admitió Recursos en contra de tres, poniendo en duda lo
actuado por el TSE.
Un
Magistrado de la Sala se apersonó ante el Pleno del TSE, afirmando que se
pronunciarían hasta después de las elecciones. Otro de sus colegas lo
desmintió, y hasta anunció que podían convocar a una nueva elección.
El
FMLN ganó la elección presidencial por más de 11 puntos. La Constitución y el
Código Electoral establecen que para declarar ganador en primera vuelta, se requiere
al menos de la mitad más uno de los
votos válidos. Por esa razón habrá segunda vuelta el próximo 9 de marzo.
Es
de sentido común pensar que para una segunda vuelta, repetición o desempate de una
elección, por sencilla que sea, se requiere trabajar con las reglas de la
primera, para que sea legal, limpia y justa.
Prohibirle
ahora a los funcionarios y empleados públicos ejercer sus derechos políticos, bajo
la amenaza de separarlos de sus cargos por hacer proselitismo, es cambiar, de
facto, las reglas del juego. A esta medida se suma el reclamo histérico de la
derecha para votar con DUI vencido, y poder así, alterar el padrón con el que
fuimos a las urnas en la primera vuelta.
La “Medida
Cautelar” dictada por la Sala implica suspenderle los derechos constitucionales
a un importante sector de la sociedad, algo que sólo ocurrió en este país durante
la dictadura y después de cada golpe de Estado.
La Constitución
y el Código Electoral regulan los derechos políticos de todas las personas, en
igualdad de condiciones, y claramente establecen que los servidores públicos,
no pueden prevalerse del cargo ni de los recursos estatales para fines
personales, afectar a terceros o para hacer proselitismo.
El
Art. 113 del C.E. determina que toda persona natural o jurídica que tenga bajo
su autoridad o dependencia a ciudadanos o ciudadanas a quienes se les hubiera
conferido un cargo o nombramiento en algún organismo electoral (JED, JEM, JRV) está
obligado a concederle permiso con goce de sueldo por el tiempo necesario para
el desempeño de sus funciones electorales.
El
derecho de los partidos contendientes a la vigilancia del proceso, también está
normado, y la única prohibición contra los funcionarios de elección popular
para asumir esos cargos, es cuando esos son candidatos. De manera que para la
segunda vuelta, cualquier servidor público electo, contratado o designado,
puede ser Representante Legal, asumir la Jefatura de un Centro, Supervisar o ser
Vigilante de la JRV.
Todas
las personas tenemos derechos políticos. Los derechos políticos son parte de
los derechos humanos, y estos son irrenunciables. Así lo establece la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual el Estado salvadoreño
es firmante.
Como
dijo Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en su última homilía, “una ley inmoral nadie tiene que
cumplirla”.
Silvia
Cartagena de Mármol
Militante
del FMLN
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