“El Tribunal no es plataforma de ningún partido político”, expresó hoy la Magistrada Silvia Cartagena, ante la propuesta que esta semana hiciera un candidato de la derecha, que aseguró que el organismo colegiado está en la obligación de convocar a los aspirantes presidenciales a un debate.
La Magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aclaró durante la entrevista “De Frente” que no están obligados como organismo a desarrollar debates, cuando las prioridades en cada elección es garantizar el desarrollo de las mismas y facilitar a la población su participación.
La Magistrada Cartagena, afirmó que los partidos y por ende sus candidatos pueden participar en los diversos debates que organizan los medios de comunicación, por lo tanto no es Ley que el TSE organice los debates.
“Es una idea bonita, pero no es prioridad”, comentó y recalcó que en estos momentos el TSE sólo le ha sido autorizado por el Ministerio de Hacienda un presupuesto de $40 millones, el cual se debe ajustar para garantizar las elecciones presidenciales del próximo año.
El TSE había solicitado un presupuesto de $45 millones, sin embargo aseguró que los recursos autorizados son los que se priorizarán en el plan general de elecciones.
Además aseguró que no se permitirá que el organismo colegiado sea utilizado como en administraciones del pasado. “Si hubieran los recursos y las condiciones para que el Tribunal propicie este tipo de iniciativas, bendito sea el Señor”, comentó.
La funcionaria destacó que el TSE por ahora está trabajando en garantizar el cumplimiento de la Ley de Voto para los salvadoreños en el Exterior, el Voto Residencial que se desarrollará a escala nacional, y actualizar el padrón electoral.
En ese sentido, reiteró que las prioridades giran en torno a garantizar las elecciones, con los recursos que la Asamblea Legislativa y Hacienda, proporcionen.
Diputados analizan caso ANDA y descentralizadas
A raíz de la suspensión del contrato que tienen las empresas operadoras descentralizadas que suministran el agua con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la Comisión de Asuntos Municipales, de la Asamblea Legislativa, recibió esta semana al presidente de la autónoma, Marco Antonio Fortín, quien dejó en claro que la suspensión del contrato se debió a su incumplimiento y apropiación indebida de los fondos públicos.
El presidente de ANDA, explicó a los diputados que la finalización del contrato de las descentralizadas EMDESA, TETRALOGÌA, EMAO, ENDAR, EMDAVIC y AAATAP obedece a irregularidades encontradas en la administración del sistema tales como; gastos administrativos excesivos, la inconsistencia en las tomas de cloro, incumpliendo de las cláusulas contractuales y el no abono de los fondos recolectados a las cuentas de la institución como lo indica el contrato y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.
En el caso de EMDAR que opera en Armenia, Sonsonate, aseguró el funcionario que desde 2010 no ha depositado 567 mil dólares a la cuenta de ANDA. “A nosotros nos ha tocado pagar 847 mil dólares de energía eléctrica para que Armenia pueda tener el servicio de agua”, detalló.
Agregó que una de las obligaciones de las operadoras es remesar mensualmente los ingresos totales recaudados a una cuenta bancaria de la institución. “La mayoría que no se les ha renovado no cumplen con este requisito y todos estos casos ya están en la Fiscalía General de la República, y estamos trabajando con el fiscal el procedimiento que se va seguir”, indicó el funcionario.
Por su parte, el diputado Manuel Flores, del grupo Parlamentario del FMLN, lamentó que los gerentes de las empresas y alcaldes del partido ARENA y PCN que se presentaron a la comisión el miércoles 20 de febrero, hayan planteado que si la administración pasaba a la ANDA se ponía en peligro el servicio a las comunidades.
“No queremos que este tema se politicé y se use como bandera de campaña. Que se esté acusando a la institución de confiscar bienes, cuando lo que está haciendo es recuperar el prestigio de los robos comprobados de las administraciones anteriores”, señaló el legislador.
El artículo cuatro literal “f” de la Ley de ANDA dice que: forman parte del patrimonio de ANDA, las utilidades y rentas que perciba por la operación de los acueductos y alcantarillas, prestaciones de otros servicios o uso de sus propiedades. “La ley me obliga que si no paga la deuda le quite el servicio”, remarcó el presidente.
Los parlamentarios se mostraron preocupados porque en esta problemática la más afectada es la población que a diario se abastece del recurso hídrico. “El FMLN brinda su total respaldo a los ciudadanos afectados y vamos a exigir que se les dé un buen servicio que por derecho constitucional les confiere”, afirmó el diputado Flores.
Luego de escuchar a las partes en conflicto la comisión retomará la discusión del tema la próxima semana para determinar el abordaje que se le dará.
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