Las conversaciones que se adelantan entre el gobierno de Juan Manuel
Santos y las FARC–EP en La Habana, despiertan intenso interés en el
conjunto del pueblo colombiano. Las unidades farianas reportan de lo
ancho y largo del país, que la población demanda conocer cada vez más
sobre lo que se discute en Cuba. Igualmente, a la Delegación de Paz de
las FARC EP en la Habana llega un caudal de mensajes del mismo tenor,
voces de aliento y apoyo, solicitudes de participación, propuestas y
proyectos. Se trata de la viva manifestación de nuestro pueblo por no
seguir excluido de las decisiones nacionales.
La Mesa de La Habana es el punto de encuentro de dos maneras de ver la
problemática nacional y de plantear su resolución. De un lado está la
óptica del gobierno, que defiende las clases pudientes y la inmovilidad
del orden vigente. Del otro, la propuesta de la insurgencia, construida
desde la visión de los sectores populares que urgen y claman por
cambios. Nos parece normal que en un comienzo las posiciones se
presenten lejanas. El esfuerzo consiste en poner a prueba el arte de
ensartar perlas, como definía Jhon Agudelo Ríos al oficio de acercar
posiciones, flexibilizar y construir salidas satisfactorias para las dos
partes.
Nuestro empeño apunta a que las voces de todos los colombianos resulten
bienvenidas en el proceso de conversaciones. Sólo así creemos que puede
crearse una paz duradera. ¿Significa esto una agenda paralela, en
contravía de lo acordado hasta el momento? De ninguna manera. Se trata
tan solo del desarrollo consecuente del preámbulo del Acuerdo General,
un imperativo de primer orden y de simple sentido común. Es sobre los
hombros del grueso de la población que se descargan las más funestas
consecuencias del conflicto armado, y es en su modo de vida miserable
donde subyacen las causas del alzamiento.
Es la población colombiana quien soporta la enorme carga tributaria que
el Estado impone para poner en marcha el gigantesco aparato militar con
el que se pretende acabar a la insurgencia. El ciudadano del común ve
crecer incesantes las cargas presupuestales destinadas al mantenimiento
de un desproporcionado Ejército, en detrimento de la inversión en salud,
educación, vivienda, obras públicas, ciencia y tecnología. Todo lo cual
explica las motivaciones y el papel cardinal desempeñado por las
organizaciones sociales colombianas en el impulso a la apertura del
escenario de diálogo y concertación.
En el contexto de la participación popular en la construcción de la paz,
debe ser centro de la discusión la creación y consolidación de una
democracia auténtica, no sólo para la Mesa, sino para toda la vida
política nacional. Únicamente con una verdadera democracia podrá
Colombia superar la crisis endémica que la aqueja. Su adecuada
conjugación en la actual coyuntura nos puede llevar a feliz puerto, a
democratizar la propiedad de la tierra y el uso del suelo, la vida
política, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,
los medios masivos de comunicación, la vida misma al interior de las
familias.
Todos hemos sido partícipes y víctimas de un conflicto que pesa ya
bastante en los hombros de la nación entera, que como un enorme lastre
nos impide alzar el vuelo hacia mejores horizontes. Definitivamente la
paz no podrá ser resultado de un diálogo alejado del pueblo de Colombia,
de una decisión por las alturas, de imposiciones unilaterales de
cualquier orden. El país entero tiene que movilizarse a exigir su
participación decisoria en el proceso de paz. Movilicémonos todos para
ser por fin escuchados, movilicémonos todos a democratizar la patria,
movilicémonos todos por la recuperación de nuestra soberanía.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, 1 de diciembre de 2012.
Etiquetas: La revolución en América Latina y el Caribe
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