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Los tentáculos de la banca no llegan a todas partes. Al menos, no
hasta Ecuador. El elevado número de ecuatorianos residente en España
afectado por hipotecas ha hecho reaccionar a Rafael Correa. El
presidente del país iberoamericano ha prohibido que las deudas que sus
ciudadanos contraigan en el extranjero puedan suponer el embargo de su
patrimonio en territorio nacional.
La Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos surge como respuesta a las amenazas de algunos bancos españoles. “Cuando dejamos de poder pagar las hipotecas nos dijeron que las deudas serían perseguidas hasta Ecuador”, denuncia Aida Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE).
La preocupación de Correa por las ejecuciones hipotecarias y los desahucios ha cruzado el charco y llegará a oídos de Mariano Rajoy. Ambos mandatarios abordarán esta cuestión en la entrevista que mantendrán con motivo de la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Cádiz. No obstante, en CONADEE siguen sin fiarse y se muestran escépticos tanto con el encuentro como con las leyes impulsadas en su país de origen. “Lo aprobado por Correa es solo una estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2013. Es una medida populista”, sentencia Aida.
Los miedos de la comunidad ecuatoriana crecieron el año pasado, cuando Banco Pichincha España compró a Bankia 572 créditos al consumo por valor de 5,5 millones de euros. Unos préstamos de los que el 14% de los titulares eran ecuatorianos. La operación se efectuó sin previo aviso y los clientes se enteraron por carta de que a partir de ese momento deberían “cumplir con sus obligaciones de pago” con una nueva entidad. “Yo no autoricé la cesión de mis datos”, denuncia Aida.
Los abogados de la Asociación intentan tranquilizar a los afectados. “La transacción entres ambas entidades se produjo de la siguiente forma: Bankia identificó el riesgo impago de esas hipotecas y las vendió a Pichincha cuando los clientes todavía eran pagadores, asumiendo pérdidas pero ganando liquidez. Por su parte, a Pichincha le sirvió para introducirse en el mercado español. La operación fue beneficiosa para los bancos, pero no tiene por qué ser perjudicial para los clientes. Aunque les cueste creérselo, ahora están protegidos por la ley”.
Lo cierto es que la desconfianza de los más de 800.000 ecuatorianos que viven en España no surge de la nada. “Este colectivo ha sido víctima de uno de los mayores fraudes hipotecarios de España”. Así de contundente se muestra Juan Moreno, abogado de los más de cincuenta afectados por la trama creada entre la Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI) y cuatros sucursales bancarias pertenecientes a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Bankia, Caja España y Caixa Catalunya.
“Enrique Caño, el ex propietario de CHI fue imputado y reconoció que los directores de las sucursales le pagaban por llevar nuevos hipotecados”, cuenta Moreno. Además, los estafados acusan a Caño de engañarles con hipotecas de alto riesgo, mediante un sistema de avales encadenados que les permitía acceder al crédito “solo si avalaban a otro cliente”.
Ante este escenario las entidades implicadas no han tenido más remedio que ofrecer soluciones y la CAM, por ejemplo, ya ha aceptado la vía de la dación en pago. “No tienen otra opción que asumir su responsabilidad”, sentencia el abogado.
La Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos surge como respuesta a las amenazas de algunos bancos españoles. “Cuando dejamos de poder pagar las hipotecas nos dijeron que las deudas serían perseguidas hasta Ecuador”, denuncia Aida Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE).
La preocupación de Correa por las ejecuciones hipotecarias y los desahucios ha cruzado el charco y llegará a oídos de Mariano Rajoy. Ambos mandatarios abordarán esta cuestión en la entrevista que mantendrán con motivo de la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Cádiz. No obstante, en CONADEE siguen sin fiarse y se muestran escépticos tanto con el encuentro como con las leyes impulsadas en su país de origen. “Lo aprobado por Correa es solo una estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2013. Es una medida populista”, sentencia Aida.
Los miedos de la comunidad ecuatoriana crecieron el año pasado, cuando Banco Pichincha España compró a Bankia 572 créditos al consumo por valor de 5,5 millones de euros. Unos préstamos de los que el 14% de los titulares eran ecuatorianos. La operación se efectuó sin previo aviso y los clientes se enteraron por carta de que a partir de ese momento deberían “cumplir con sus obligaciones de pago” con una nueva entidad. “Yo no autoricé la cesión de mis datos”, denuncia Aida.
Los abogados de la Asociación intentan tranquilizar a los afectados. “La transacción entres ambas entidades se produjo de la siguiente forma: Bankia identificó el riesgo impago de esas hipotecas y las vendió a Pichincha cuando los clientes todavía eran pagadores, asumiendo pérdidas pero ganando liquidez. Por su parte, a Pichincha le sirvió para introducirse en el mercado español. La operación fue beneficiosa para los bancos, pero no tiene por qué ser perjudicial para los clientes. Aunque les cueste creérselo, ahora están protegidos por la ley”.
Lo cierto es que la desconfianza de los más de 800.000 ecuatorianos que viven en España no surge de la nada. “Este colectivo ha sido víctima de uno de los mayores fraudes hipotecarios de España”. Así de contundente se muestra Juan Moreno, abogado de los más de cincuenta afectados por la trama creada entre la Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI) y cuatros sucursales bancarias pertenecientes a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Bankia, Caja España y Caixa Catalunya.
“Enrique Caño, el ex propietario de CHI fue imputado y reconoció que los directores de las sucursales le pagaban por llevar nuevos hipotecados”, cuenta Moreno. Además, los estafados acusan a Caño de engañarles con hipotecas de alto riesgo, mediante un sistema de avales encadenados que les permitía acceder al crédito “solo si avalaban a otro cliente”.
Ante este escenario las entidades implicadas no han tenido más remedio que ofrecer soluciones y la CAM, por ejemplo, ya ha aceptado la vía de la dación en pago. “No tienen otra opción que asumir su responsabilidad”, sentencia el abogado.
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