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por Kaos. Inmigración
Jueves, 18 de Octubre de 2012 04:34
Canadá adelanta una controvertida legislación para deportar o frenar
la llegada de extranjeros con antecedentes penales, pese a las críticas
de la oposición y de expertos porque la iniciativa otorga demasiados
poderes al ministro de Inmigración.
El Parlamento recibirá en los
próximos días nuevos detalles de la Ley para la Rápida Expulsión de
Criminales Extranjeros, orientada a acelerar las repatriaciones de
convictos que enfrentaron una condena mayor de seis meses en la cárcel,
indicó la prensa local.
La normativa, promovida por el ministro
de Inmigración, Jason Kenney, también dificulta el ingreso de personas
de otros países que deseen viajar a Canadá en busca de oportunidades de
trabajo.
Entre otras cuestiones, elimina los
recursos que interponen los inmigrantes acusados supuestamente de
crímenes graves para demorar su expulsión de Canadá y aumenta las penas
para quienes tratan de violar las leyes.
La oposición y analistas canadienses
alertan del perfil discriminatorio de ese instrumento, porque Kenney
dispondrá del poder suficiente hasta para deportar o negar la entrada a
personas que no tengan historial delictivo.
Para el experto Jinny Sims la ley solo politizaría el sistema migratorio del país.
También consideró que en vez de ese
tema, el gobierno conservador debería preocuparse por asuntos como el de
los extranjeros calificados sin empleo y el lento proceso de
reunificación familiar.
Cada año Canadá recibe al menos 250 mil
ciudadanos foráneos atraídos por las supuestas facilidades laborales que
ofrece para enfrentar el acelerado envejecimiento de su población e
impulsar la economía nacional.
Pero sus autoridades cada vez recrudecen
más las reglas para permitir la permanencia en el país y la completa
integración a su sociedad.
A partir del próximo 1 de noviembre,
Ottawa exigirá una prueba obligatoria del manejo adecuado de inglés o
francés y medir la fluidez oral de los inmigrantes que pidan la
ciudadanía.
Los solicitantes estarán obligados a
presentar, por anticipado, pruebas evidentes de su conocimiento en ambas
lenguas oficiales, como una evidencia objetiva de su capacidad
lingüística a la hora de solicitar por la naturalización.
Esa norma obligará a quienes no aprueben
el examen de expresión oral a entrevistarse con un juez de ciudadanía
para valorar su caso.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&;task=view&idioma=1&id=621091&Itemid=1
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