http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153038
Desde mayo de 2010 la economía española, debido a su
importante problema de endeudamiento, está sometida a fuertes presiones
externas, formadas por los mercados, el FMI y la UE. Un endeudamiento
privado, pues el endeudamiento público del Estado español está todavía
hoy, entre los más bajos de los 17 países de la eurozona.
A partir de entonces la economía española está tutelada
principalmente por la UE, que se ha convertido en el eje central y
dominante en la gestión de la economía española. Desde entonces, la UE
exige la implantación de una serie de duras medidas de austeridad y
ajuste que, aunque han empeorado seriamente las condiciones de trabajo y
de vida de la mayoría de la población, no han resuelto ninguno de los
problemas de la economía del país, sino que ésta se ha deteriorado: el
paro crece por encima de los 5,6 millones de desempleados, la atonía de
la actividad económica se intensifica y la deuda pública aumenta.
Hace muy poco -los acontecimientos se suceden a tal
velocidad que dos meses parecen un largo periodo-, el caso Bankia hizo
imposible disimular por más tiempo el deterioro de la situación de los
bancos y cajas españoles. Junto a la desastrosa gestión de su crisis,
han llevado a destruir toda confianza, si existía alguna, en la
capacidad del Gobierno español para gestionar la crisis y de la economía
española para enfrentarla. El Gobierno se vio presionado por la UE para
que plantease un rescate financiero que fue presentado a la opinión
pública de la forma del engaño más burdo que se pueda imaginar,
pretendiendo hacer creer que dicho rescate no iba a tener consecuencias
negativas para la población. Además, tras la cumbre europea del 28 y 29
de junio se presentó como un gran triunfo que el rescate concedido para
los bancos se llevará a cabo por un fondo europeo (MEDE) que irá
directamente a los bancos y estos serán los responsables del mismo, por
lo que no supondrá un aumento de la deuda del Estado.
La UE, tras conceder la línea de rescate hasta 100.000
millones de euros para auxiliar a las finanzas privadas de este país,
alarga en un año el plazo para cumplir con las cifras de reducción del
déficit. Pero precisa que de momento el rescate se cargará a la deuda
del país, hasta que se cree en la Unión un supercontrol financiero, no
antes de fines de 2013, y que la ejecución del rescate está sometida al
estricto cumplimiento de las recomendaciones que la Unión ya había hecho
al Gobierno español. Además, el 10 de julio presenta el Memorando que
exige al Gobierno para proceder a la entrega de una parte del rescate
con 32 condiciones bien detalladas para el ámbito financiero y algunas
más de tipo fiscal. Y queda claro que a partir de ahora la troika controlará muy estrechamente la actuación del sector público y las finanzas de este país.
El deterioro de la situación, la prima de riesgo que no
para de aumentar, y la imposibilidad de ocultar la situación, han
obligado a Rajoy a presentar en el Parlamento, el 11de julio, las
medidas que se ve obligado a tomar para cumplir las condiciones
impuestas por la troika formada por los mercados, el FMI y la
UE, y que esta última lidera. Hasta el punto de que es lícito
preguntarse cuánta autonomía le queda al Gobierno español (ahora PP)
para gestionar los asuntos del país.
Todos
estos acontecimientos, y especialmente los que están teniendo lugar
desde que salió a la luz la crisis de Bankia, están generando una
sucesión de medidas y noticias que han motivado en la población una
situación de desconcierto, preocupación y temor muy acusados. No me
dedicaré aquí a reseñar cuáles son estas medidas, pues los medios de
comunicación las han transmitido ampliamente. Me limitaré sólo a algunos
comentarios sobre todo este proceso:
Muchas y muy variadas medidas que llegan a un recorte de
65.000 millones en dos años: desde la disminución del número de
funcionarios, de sus salarios y de una de sus pagas extras, pasando por
la reducción del número de concejales, la subida del IVA y de los
impuestos medioambientales, la rebaja del subsidio de desempleo… Sin
embargo, todas ellas, sin excepción, siguen fielmente el modelo
neoliberal de gestión de la economía: liberalización, desregulación,
privatización, impuestos a pagar por la mayoría de la población
indiscriminadamente, reducción de salarios y deterioro de las
condiciones de trabajo. No nos engañemos. Que los árboles no nos impidan
ver el bosque. Que la profusión de medidas no nos impida ver la línea
fundamental de su orientación. Todas ellas van dirigidas esencialmente a
mejorar el mundo de los negocios y a apretar, a asfixiar a la población
en sus condiciones de vida: más despidos, menos salarios, más y más
privatizaciones, menos derechos sociales, unos impuestos indirectos
totalmente injustos mientras no se tocan de ninguna manera los ingresos
de los más ricos, a quienes se acaba de conceder una escandalosa
amnistía fiscal casi total. Y un aspecto particularmente preocupante: la
disminución de las cotizaciones sociales que sólo favorece a los
empresarios y que conducirá directamente a que pronto nos digan que los
derechos sociales son insostenibles porque no hay dinero, probablemente
preparando un nuevo golpe, esta vez a los pensionistas… Estas
orientaciones señalan claramente cuál es la línea de las políticas de la
UE: todas ellas constituyen la estricta continuidad con la esencia del
neoliberalismo, que están imponiendo en todos los países miembros,
estrechando todavía más las opciones posibles para estos y
convirtiéndose, de paso, en la vanguardia del neoliberalismo mundial.
Pero no hay que considerar que, dentro del estrecho
marco de sometimiento al control de la UE, el Gobierno no tiene ningún
margen. Bruselas manda, es verdad, pero dentro de sus exigencias hay
alguna, aunque pequeña, opción diferente: la reducción del gasto podría
hacerse disminuyendo el de Defensa, o la ayuda a la Iglesia católica,
eliminando muchas sedes diplomáticas o de otras maneras, mientras que el
aumento de los ingresos podría consistir en una verdadera reforma
fiscal que gravara a quienes realmente concentran el dinero de este
país. Las exigencias de la troika transcurren por la misma
estrategia de los planteamientos de los gobiernos sucesivos de este
país, que acogen aquellas con docilidad (¿o simpatía?) y a quienes les
viene muy bien insistir en los requerimientos externos para llevar a
cabo muchas medidas que integran sus propios planes.
Lo peor de todo esto es que estas medidas no sirven para
resolver los problemas del país. Es dudoso que se pueda reducir el
déficit en los plazos señalados; de hecho, la propia Unión se ve
obligada a ampliar los plazos originales ante la percepción de que no es
posible cumplirlos, mostrando así, además, que las exigencias de plazos
sobre el déficit son totalmente arbitrarias y no existe razón económica
alguna que obligue a eliminarlos en plazos tan cortos. Y la deuda es
impagable. La banca europea y los inversores institucionales que son
nuestros principales acreedores y probablemente instigadores de las
medidas exigidas, habrán de aceptar esta realidad en algún momento. Es
decir, los dos objetivos supuestamente claves para exigir las medidas no
se pueden cumplir. Pero, además, estas medidas empeoran la situación
económica del país al hacer más difícil todavía el crecimiento (el
programa futuro de 120.000 millones de euros para estimular el
crecimiento de toda la Unión mientras se mantienen los
duros programas de ajuste es patético y sería cómico si las situaciones
no fueran tan graves). Entre todas las políticas dictadas no hay una
sola medida que impulse el crecimiento y la mejora de la situación
productiva ni comercial del país. Al contrario, caerá todavía más la
demanda, disminuye la inversión y la investigación, se desmotiva
totalmente la mano de obra, excepto por el miedo al paro. Se concentra
todo el estimulo al aumento de competitividad en el deterioro de los
salarios y la situación laboral bajo el eufemismo de la devaluación
interna. Las medidas que se imponen son contradictorias, llevan al
colapso de la economía y conducen a una situación irresoluble. La opción
de pagar por la deuda privada lleva al caos al país, ¿por qué la
ciudadanía ha de ser responsable de la deuda privada? ¿A dónde vamos con
estos planteamientos?
Un pequeño comentario marginal: escuchando la sesión
parlamentaria de presentación de las medidas que se propondrán para su
aprobación en el Consejo de Ministros del próximo viernes, me ha
impresionado una vez más (no es nada nuevo, pero en una situación tan
tensa y difícil como la actual es más grave) el lenguaje que se utiliza
en los foros políticos, lleno de sobreentendidos y eufemismos, y
abundando en una retórica que muchísima gente no entiende y si se
entiende es absolutamente gratuita y falsa. El intentar embellecer la
naturaleza de las medidas que se están tomando, el pretender
justificarlas cuando se saben injustificables, la floritura de las
referencias… “Se rebajará el subsidio de paro para no desincentivar la
búsqueda de empleo”, en un país con más de cinco millones de parados que
buscan desesperadamente un trabajo, o “despediremos funcionarios para
hacer más eficiente el sector público”, despidiendo médicos, maestros,
bomberos, y así continuamente. ¿Hasta dónde el eufemismo no se convierte
en insulto? No es extraño el alejamiento de la población de la escena
política. Incluso para los profesionales obligados a su escucha, el
ambiente y el lenguaje se hacen difíciles de soportar. ¿No se podría
lograr un ambiente de cierta sinceridad en el hemiciclo? Es verdad que
es un detalle menor, pero es todo un símbolo de la vida política de un
país.
Es obligado concluir que en esta estrategia existen
otros objetivos más profundos, además de los señalados. Y estos no
pueden ser más que utilizar la crisis y la deuda como una valiosa excusa
para lograr destruir la mayor parte de los derechos laborales, sociales
e incluso políticos, que las sociedades europeas han logrado con
grandes sacrificios y luchas desde el final de la II Guerra Mundial. No
pueden entenderse estas estrategias bajo otro prisma, pues aunque para
nada importe el bienestar de la mayoría de la población, están
suponiendo la destrucción de la capacidad productiva de los países y una
enorme concentración de la actividad económica en ciertas zonas y bajo
la propiedad de muy pocos capitales. No se podría entender el entusiasmo
de la patronal y los grandes empresarios por estas medidas de otra
manera. Una estrategia que conduce al desorbitado freno a la actividad
económica y a la consecuente caída brutal de la demanda interna, que
está llevando al cierre de miles de pequeñas y algunas medias empresas,
al vaciado paulatino de la capacidad de producción de este país, que
camina al endurecimiento de esta situación, no puede ser vista más que
en el contexto de una permanente lucha de clases, en este caso de ámbito
continental; la cual, según Warren Buffet (uno de los mayores
millonarios estadounidenses), están ganando los propietarios del
capital.
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