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David Pérez
Redacción Diario Co Latino - En MONCADA
La indignación sigue tan viva como hace 21 años. Esa es la conclusión más certera que se extrae después de platicar con una de las personas que desde hace más de dos décadas sigue día a día el asesinato de los sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989. Las ansias de justicia todavía no han sido sepultadas, pero la realidad le habla de otra manera.
Benjamín Cuéllar, Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), es directo al hablar de la entrega voluntaria de nueve de los diez militares implicados en el homicidio que causó revuelo y presión de la comunidad nacional e internacional.
Muy poco optimista, Cuéllar tiene la seguridad que la extradición, a respuesta de la alerta roja de la Policía Internacional (INTERPOL), no dará los efectos esperados, pues no tiene confianza en la Corte Plena.
Desconfía de la mayoría de Magistrados, y los enumera dedo por dedo, pues la primera petición de colaboración girada por el Juez Eloy Velasco en torno a este caso no dio los resultados esperados.
En 2009, el Juez Velasco, encargado del Juzgado de Instrucción Número Seis de la Audiencia Nacional de España solicitó a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) copia certificada de todos los documentos concernientes al proceso legal que se desarrolló en el país por el asesinato de los sacerdotes.
Sin embargo, la instancia superior de justicia denegó la ayuda al jurista ibérico, por lo que, a juicio del Director del IDHUCA, este es un precedente que lo obliga a pensar en que la situación es la misma, y que es “ingenuo” pensar que la posición ha variado.
“Si no mandaron copia de los documentos solicitados la vez anterior, y son expedientes públicos los que Velasco estaba solicitando, y lo hizo amparándose en convenios, ¿cómo van a ser tan ingenuos de mandar a los imputados si es la misma Corte?” cuestionó Cuéllar.
Asimismo, el experto en derechos humanos cuestionó los argumentos citados con frecuencia para negar la colaboración en este caso, los que a su juicio “no son jurídicos”, tales como la “violación de la soberanía”, “interferencia en asuntos internos del país”, entre otros.
Duda sobre la autenticidad del “resguardo militar”
Además de cuestionar la figura del “resguardo militar”, a partir de los nueve militares que están refugiados en la Base de Seguridad Militar, Cuéllar no se siente convencido por el papel desempeñado por funcionarios del Órgano Ejecutivo, puesto que no cree en que desde un lugar de dicha índole se esté aplicando justicia.
“La justicia en este país se vende, nadie tiene la información completa. Sólo tenemos el comunicado del Gobierno en que dicen que ya los iban a capturar y vienen, y se entregan en un cuartel que es propiedad del Ejecutivo, creo que nadie se entrega así no más, ya que se arriesgan demasiado, pues correrían el riesgo de ser capturados y puestos a la orden de Velasco después del respectivo trámite”, expresó Cuéllar.
Por lo anterior, si bien dice no tener pruebas de ningún tipo, Cuéllar sostiene que alguien desde las esferas del Gobierno les advirtió a los militares sobre la difusión de alerta roja girada por la INTERPOL, lo que los llevó al resguardo militar y desde allí procurarse alguna asistencia especial, sin tener que ser trasladados a un centro penitenciario común, como el resto de ciudadanos.
“¿Será esto un compadre hablado? No lo puedo confirmar ahora, pero yo sólo digo que ya no intenten ofender la inteligencia de este pueblo que tanto ha sufrido”, declaró el defensor de derechos de la UCA.
De esto, Cuéllar concluye que el poder militar, político, fácticos y otros siguen siendo los mismos de los años de la guerra civil en que murieron cerca de 70 mil personas, al tiempo que el Estado ha ignorado las recomendaciones de distintos organismos de derechos humanos y regionales, sugerencias que si hubieren sido acatadas, afirma, ya se habría investigado, llevados ante los tribunales y condenado a los culpables.
“Después de 20 años recorridos desde los Acuerdos de Paz, lo único que ha conseguido El Salvador es cambiar de forma en algunas cosas, pero de fondo el sistema de justicia y otros poderes del Estado siguen secuestrados, la justicia en este (jesuitas) y otros casos ya tendría que haber llegado”, recalcó.
Dos décadas sin una respuesta
Al acontecer el asesinato de los religiosos, el ex presidente Alfredo Cristiani y altos funcionarios de su gobierno crearon una comisión que tuvo como propósito primario viajar a Estados Unidos y el Vaticano, según Cuéllar, para señalar como protagonistas de la masacre a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Pero, esta acusación se desvaneció rápidamente, y la presión del país norteamericano y de España obligó a la misma comisión a investigar los hechos para “que estos se sacaran de la manga un informe”.
“Hubo un juicio, se juzgó, pero fue un juicio fraudulento a todas luces; por ejemplo, hubo militares que confesaron haber disparado, pero fueron absueltos por falta de pruebas. Otro ejemplo, sé que a uno de los oficiales, que ni siquiera entró a la escena del crimen, y de eso hay testigos, pero por venir con el operativo lo acusaron de matar a Celina Ramos”, detalló Cuéllar.
Según la comisión de Cristiani, asegura Cuéllar, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, dos tenientes, un sub teniente y cinco soldados más fueron capaces de montar el operativo que acabó con las vidas de los académicos jesuitas.
De este juicio fueron condenados el coronel Benavides y el teniente René Yusshy Mendoza, de quienes la UCA y la Compañía de Jesús pidieron el indulto, que fue rechazado. Sin embargo, después los condenados recuperaron su libertad gracias a la entrada en vigencia de la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz.
Pese a la Amnistía vigente, la UCA continuó trabajando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta que está, en 1999, emite las siguientes recomendaciones al Estado: investigar los hechos y esclarecerlos, sancionar a los responsables, reparar los daños ocasionados a las víctimas y adecuar a los estándares internacionales de derechos humanos la Ley de Amnistía.
Con lo anterior definido, José María Tojeira presentó denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) para que está iniciara la acción penal, sin embargo, el Fiscal General, Belisario Artiga, le dice que debe esperar a que la Sala de lo Constitucional de ese entonces resuelva tres recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.
Sin embargo, la Sala no resolvió a favor de los demandantes contra la Ley en cuestión, pero en su resolución deja claro que “había dos excepciones (para ampararse a amnistía): la auto amnistía, contemplada en el artículo 244 de la Constitución y las violaciones al artículo 2”, explicó Cuéllar.
Ante esto, Artiga presenta el requerimiento correspondiente, y la jueza conoce el caso y decide no amnistiar al ex presidente Cristiani, a Rafael Humberto Larios, Emilio Ponce, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes y a Inocente Montano.
Pero, la jurista decide que, en base al Código Procesal Penal de esa década los delitos por los cuales son perseguidos los militares ya prescribieron, siendo infructuoso cualquier otro intento.
Después de esto, los familiares de las víctimas presentaron un recurso de amparo a la misma Sala Constitucional, pero este fue rechazado.
Después de explicar todo los antecedentes del caso, Cuéllar es firme en la idea que la paz en El Salvador no depende de un juicio contra nueve militares
“Presumen de un proceso de paz exitoso, ¿y por nueve militares que se vayan a la cárcel se acaba la paz? ¿Por aplicar la justicia corre peligro una paz tan sólida de 20 años? Vuelvo a decir que pretenden insultar la inteligencia de la gente”, reiteró Cuéllar.
“Me interesa mucho que el caso se resuelva en función del país, de tantas víctimas anónimas, pero faltarán muchos años para que llegue la justicia si la gente no se decide a frenar la impunidad, ya que ésta se vale del silencio y es su mejor aliado”, concluyó Cuéllar.
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