Cesar Sanción Villalona, Economista.
I. La corrupción pública
Durante los últimos 18 años de gobierno se dieron múltiples casos de corrupción en distintas dependencias del Estado, la mayoría de los cuales permanecen en la impunidad. Funcionarios públicos con altos cargos y grandes empresarios privados han defraudado la economía pública por montos millonarios. En algunos casos se ha podido conocer los recursos involucrados en los actos ilícitos, pero otros casos no son públicos.
Actualmente hay funcionarios investigados por presuntos actos de corrupción, pero no se conocen los recursos involucrados en la posible defraudación. Uno de esos casos es el del presidente de Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), a quien el Tribunal de Ética Gubernamental investiga por la adjudicación de terrenos en Áreas Protegidas a un tío suyo y a militantes del partido de gobierno. También hay demandas contra el actual Ministro de Salud y otros altos funcionarios.
1. Algunos casos de corrupción pública
Es muy difícil detallar con precisión todos los ilícitos cometidos, que son muchos. A continuación presentamos algunos de los hechos más relevantes de corrupción pública.
1.1 Saneamiento de la banca
En el año 1990,
1.2 Faltante de
En 1991 se conoció públicamente un faltante de 72.7 millones de colones (9 millones de dólares) en
1.3 Malversación en los ingenios de azúcar
En el año 1994 se divulgó la malversación de 130 millones de colones (alrededor de 15 millones de dólares) en el Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR), en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en
1.4 Fraude en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
En julio de 1995, se dio una orden de captura para Romeo Majano, director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y contra otros cuatro directivos de dicha institución, en base a 14 auditorías de examen especial de
En abril de 1998, un juez dejó en libertad a los imputados porque supuestamente no se logró establecer el delito. Antes, Majano había huido al exterior. Al final, ningún directivo fue juzgado y el Estado no recuperó el dinero que le habían sustraído.
1.5 Malversación en el Fondo de Inversión Social (FIS) [5]
En el año 1995, un informe de auditoría de
En medio del escándalo, la señora de Dowe renunció. Sin embargo, ni ella ni los ejecutivos beneficiarios de la malversación fueron sometidos a la justicia. Los imputados quedaron libres y el dinero no fue reintegrado al Estado.
1.6 Fraude en el Banco de Fomento Agropecuario (BFA)
Entre los años 1995 y 1999, hubo un fraude en el BFA por un monto de 138.6 millones de colones (alrededor de 16 millones de dólares). Por el hecho fuero acusados el presidente del BFA, Raúl García Prieto y otros altos funcionarios del banco, a quienes se acusó de comprar el ingenio El Carmen por 59 millones de colones y sin poner dinero de garantía. También se les acusó de haber realizado la venta a través de maniobras financieras. Al ex presidente del BFA se le acusó de favorecer la negociación desde su cargo.
1.7 Malversación en
En septiembre de 1999,
1.8 Estafa de una institución financiera
En 1997 se detectó una estafa de 100 millones de colones (11.5 millones de dólares) de la empresa Crediclub, por la desviación de los fondos captados hacia actividades nunca esclarecidas.[8] La empresa quebró y en julio de 1999 tomó 1,200 millones del BCR (138 millones de dólares) para cubrir el agujero financiero, al 1% anual y a 2 años plazo.
En septiembre de 2001, el Juzgado 6o. de Instrucción de San Salvador liberó de responsabilidad penal a 18 personas acusadas de estafa y defraudación a la economía pública.
1.9 Fraude a la economía pública por parte de dos instituciones financieras
El 3 de julio de 1997,
El fraude consistió en que FINSEPRO, institución autorizada por
El monto final del fraude fue estimando en 1,268 millones de colones. El estado asumió el pago de 700 millones a los ahorrantes (80.5 millones de dólares). El señor Hill tuvo varios años preso. Luego fue absuelto, pero el Estado no recuperó el dinero.
1.10 Malversación de recursos de una Financiera
En enero 1999, los accionistas del Banco de Crédito Inmobiliario (CREDISA), liquidaron la institución tras comprobar pérdidas por más de 72 millones de dólares. CREDISA fue adquirida por varios bancos privados. Pero como estaba quebrada, el BCR le inyecto 1,239 millones de colones (142.5 millones de dólares), mediante una línea de crédito con un interés anual de 1% y por un plazo de pago de 2 años. Hasta junio de 2007 se había cancelado el 18.9% del capital adeudado, a pesar de que el plazo de pago expiró hace seis años.
1.11 Licitaciones amañadas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)
En los años 1998.-2001, el Ministerio de Obras Públicas realizó adjudicaciones de obras de forma amañada y aumentó los costos de construcción en un 70.8%, en las Carretera Litoral, de Pto.
1.12 Malversación de recursos en el Ministerio de Hacienda
En 1999,
El desvío de fondos se hizo con la autorización del ex presidente Armando Calderón Sol, en plena campaña electoral y, según revelaron miembros de APROAS, con la petición expresa a los ex patrulleros de apoyar al candidato presidencial del partido ARENA en la elecciones de 1999, señor Francisco Flores.
El caso quedó en la impunidad, pues nadie fue investigado ni sancionado. El dinero quedó encubierto como gasto de la partida secreta de
1.13 Fraude a la economía pública por parte de ONG y de institución pública
En 1999,
1.14 Tráfico de influencias y conflictos de intereses en el Ministerio de Economía
En el año 2000, el Ministerio de Economía permitió la importación, libre de aranceles, de desperdicios de pilas y otros insumos para la fabricación de baterías. La decisión la tomó el Ministro Miguel Lacayo, Presidente de la empresa “Baterías de El Salvador”, la única que fabricaba baterías en el país.[11] El valor de las importaciones fue de 350 millones de colones (40.2 millones de dólares). Tal medida se aprobó sin el aval de
1.15 Robo de abono donado por el gobierno de Japón
En el año 2001, los medios de prensa informaron que se habían perdido 11,000 quintales de fertilizantes donados por el gobierno de Japón para los damnificados de los terremotos de ese año. La auditoria Interna del BFA determinó el hecho.
El embajador japonés en El Salvador, Saburo Yuzawa, lamentó el robo e instó a
1.16 Irregularidades en contrato de
(CEL) con la empresa Nejapa Power
En el año 2000, el Superintendente General de Electricidad y Comunicaciones, Ernesto Lima Mena, señaló que las condiciones del contrato suscrito por la empresa estatal, CEL, con la empresa de capital estadounidense, Nejapa Power, colocaban al Estado en una situación desventajosa, pues para CEL implicaba un costo adicional de 215 millones de colones (24.7 millones de dólares) anuales por un período de 15 años, que era el plazo estipulado en el contrato. Funcionarios de CEL también dijeron que la venta de las generadoras térmicas de electricidad se hizo en condiciones ventajosas para los compradores, al extremo de que
1.17 Fraude a la economía pública en
(ANDA)
En el año 2003 se conoció que el presidente de ANDA, Carlos Perla, y otros funcionarios de esa institución, estaban involucrados en un desfalco de 875 millones de colones (100 millones de dólares), por manipulación en las licitaciones y contratos de la empresa autónoma.
Perla huyó hacia Francia, donde fue capturado y devuelto a El Salvador. Actualmente enfrenta un proceso judicial.
1.18 Fraude a la economía pública y lavado de dinero por parte de empresa financiera
El 19 de julio de 2004 se conoció el fraude cometido por los Inversionistas de Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC), con un monto de 6.3 millones de dólares. La empresa realizó una captación ilegal de fondos y cometió irregularidades en el manejo y administración de las inversiones. Un total de 400 personas fueron estafadas.
Uno de los socios fundadores de la empresa es Mauricio Sandoval, ex Director de
1.19 Adjudicación ilegal de medicamentos por parte del Director del ISSS
En el año 2005, el Director del ISSS, Mariano Pinto, y el Consejo Directivo de esa institución incurrieron en el delito de Negligencia Administrativa, al adjudicar de manera irregular una licitación de medicamentos por 1.4 millones de dólares. El señor Pinto renunció, pero todavía
1.20 Irregularidades en el Centro Nacional de Registro (CNR)
En el año 2005,
También hubo irregularidades con las empresas encargadas del proyecto.
1.21 Irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)
En diciembre de 2006 se hizo público un informe de auditoria preliminar de
El ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, tiene abierto un proceso en su contra por el caso. Los señalamientos de
2. Los montos involucrados
Los recursos involucrados en los diferentes actos de corrupción señalados suman 1,206 millones de dólares. Hay otras defraudaciones a la economía pública por montos que el gobierno no ha querido divulgar.
II. La corrupción privada
Si bien la corrupción pública es grande, la privada es mayor y se expresa en la cuantiosa evasión de impuestos que hacen los grandes empresarios del país, sobre todo de los impuestos Sobre el Valor Agregado (IVA) y Sobre
1. Evasión del IVA
El ex embajador de Estados Unidos en El Salvador, señor Douglas Barclay, dijo, en octubre del 2006, que el gobierno salvadoreño solo recaudaba el 61.1% del dinero del IVA[12], que en ese año sumó 1,308 millones de dólares. El señor Barclay, defensor del gobierno y de los grandes empresarios salvadoreños, obtuvo la información a través de un estudio realizado por la embajada de Estados Unidos.
Si el señor Barclay tiene razón, al gobierno le faltó recaudar en el año 2006 el 38.9% del IVA, que sumaría 833 millones. Dicho de otra manera, en el año 2006, los grandes empresarios, que son los agentes de retención fiscal, o sea, los que le cobran el IVA al pueblo, se quedaron con 833 millones de dólares de ese impuesto, dinero que debieron entregarle al gobierno.
El actual Ministro de Hacienda, William Handal, afirmó que la evasión del IVA es de 600 millones de dólares. La cifra, aunque menor a la ofrecida por Barclay, es igualmente elevada.
2. Evasión de la renta empresarial
En el año 2006, el gobierno recaudó 788 millones de ISR, la mitad (394 millones) de renta empresarial. Si tomamos el dato que nos ofrece el señor Barclay, quien habló de una evasión de 58.7%, el monto no pagado al gobierno sería de 560 millones de dólares.
Esa cifra está subestimada, pues las empresas captan, en forma de ganancia, alrededor del 60% del PIB, que en el año 2006 sumó 18,653 millones. Eso indica que se quedaron con casi 11,200 millones de dólares del PIB. Y de acuerdo a lo que dice
La población trabajadora, a diferencia de los empresarios, no puede evadir el pago de la renta salarial, pues las empresas descuentan dicho impuesto antes de pagar los salarios.
3. Otros impuestos a las ventas y contrabando
Según el señor Barclay, los grandes empresarios solo pagan el 36% de otros impuestos a las ventas, como los aranceles, el FOVIAL, el FOSALUD, que en total le dieron al gobierno 374 millones en el año 2006. El 64% restante, que sería la evasión, suma otros 665 millones.
4. La evasión total
En el año 2006, la evasión de impuestos por parte de los empresarios medianos y grandes fue de 2,058 millones de dólares: 833 de IVA, 560 de ISR y 665 de otros impuestos.
5. Lo que dice la ley acerca de la evasión de impuestos
En el capítulo V del Código Penal, que trata sobre “Los Delitos Relativos a
El Código penal establece, en el artículo 249-A, que es evasor de impuestos quien “…omitiere declarar hechos generadores, o declarare costos, gastos, compras o créditos fiscales inexistentes
(…) utilizando cualquiera de los medios siguientes:
- No llevando libros o registros contables, especiales, auxiliares o legales que exigen las leyes tributarias;
- Llevando doble o múltiple contabilidad o doble o múltiple facturación;
- Declarando información falsa o inexacta;
- Excluyendo u omitiendo declarar hechos generadores estando obligado a ello;
- Destruyendo u ocultando documentos necesarios para la determinación de obligaciones tributarias;
- No presentando tres o más declaraciones tributarias, habiendo realizado operaciones gravadas;
- Declarando costos o gastos, compras, créditos fiscales u otras deducciones, hechos o circunstancias que no han acontecido;
- Respaldando sus costos, gastos o compras en contratos falsos o inexistentes.
El Código Penal también establece que quien evada impuestos “será sancionado con prisión de cuatro a seis años, cuando el impuesto evadido corresponda al Impuesto sobre
“Cuando el Impuesto evadido corresponda a impuestos que se declaran mensualmente y el monto evadido en dicho período tributario fuere de cien mil a trescientos mil colones será sancionado con prisión de cuatro a seis años.”
“Si la evasión de los impuestos de carácter mensual excediere de trescientos mil colones en el período tributario, la pena será de seis a ocho años de prisión.” Aunque evadir impuestos es un delito establecido en el Código Penal, no se conoce de algún gran empresario que haya sido enjuiciado por esa práctica defraudadora de la hacienda pública.
III. Corrupción y necesidades sociales
El monto de la corrupción pública que hemos calculado durante los gobiernos de ARENA asciende a 1,206 millones de dólares. Si a esa cifra le sumáramos los 2,058 millones de dólares de la corrupción privada (solo del año 2006) tendríamos un monto de 3,264 millones sustraídos al erario público, valor superior a los 2,944 millones del Presupuesto Nacional del año 2007.
Si tomáramos en cuenta la evasión de impuestos de los últimos 18 años, no solo del año 2006, estaríamos ante una cifra impresionante, seguramente mayor a los 25,000 millones. Con ese dinero, el gobierno no tuviera la deuda actual de 7,075 millones de dólares,27 por cuyo pago gastará este año 745 millones, equivalentes al 25% de sus gastos.
Con los 2,058 millones de evasión de impuestos, el gobierno podría eliminar sus problemas financieros, tener superávit fiscal y cancelar buena parte de su deuda interna y externa, que entre los años 2004 y 2006 creció en 962 millones de dólares (16%)28, cifra mayor a los 831 millones de dólares de inversión en salud y educación programados en el Presupuesto del año 2007.29
A lo anterior hay que agregar que esos recursos serían mayores cada año, pues el crecimiento de la producción, aunque no sea muy elevado, le proporciona más ingresos al gobierno en concepto de IVA, Renta y oros impuestos.
Con 2,058 millones, el gobierno podría duplicar la inversión en salud (303 millones), en educación (526 millones), en obras públicas, transporte, vivienda y desarrollo urbano (53 millones), en medio ambiente (10 millones) y en agricultura y ganadería (35 millones).30 Y todavía quedarían 1,131 millones, que podría utilizar para construir 113 mil viviendas anuales de 10,000 dólares cada una, con lo cual en 7 u 8 años se erradicaría el déficit de vivienda, que es de 537,000 unidades.
Con los 2,058 millones de dólares se podrían eliminar, al mismo tiempo y en pocos años, el déficit de vivienda, el analfabetismo y la mortalidad infantil.
También se podría elevar el apoyo a la pequeña producción campesina y a las pequeñas y micro empresas, para reactivar la economía y reducir la creciente dependencia de alimentos importados.
Solo con el 12% del monto de la evasión se puede subsidiar la mitad del costo de producción de todo el maíz y frijol que se produce en el país.
Con el 10% de dicho monto se podrían construir muchas empresas públicas que procesen y comercialicen la producción de los pequeños y las pequeñas agricultoras.
Con la mitad de los 2,058 millones se podría triplicar la inversión real del gobierno (en obras y construcciones), es decir, se podría construir muchos caminos rurales y dotar de agua y energía eléctrica a buena parte de la población urbana y rural.
En fin, si el gobierno controlara la evasión de impuestos, podría desarrollar un amplio programa social, con énfasis en los sectores más excluidos: la niñez, las mujeres, la pequeña producción campesina y la pequeña y microempresa. De esa manera se avanzaría rápidamente en el cumplimiento de los objetivos del milenio, sobre todo en lo concerniente a la reducción de la pobreza y la promoción de la igualdad entre los sexos.
[1] Este Documento fue elaborado a partir de una consultoria realizada por el autor en Noviembre de 2007
[2] “Ley de saneamiento y fortalecimiento de bancos comerciales y asociaciones de ahorro y
préstamos”.
[3] Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Boletín Proceso, año 17,
número 741, del 15 de enero de 1997.
[4] www.revistaprobidad.info/tiki index.php%3Fpage%3DMemoriaCorrupcionSalvadorena1999+Caso+PROCADES/+FONAVIPO&
[5] UCA. Boletín Proceso, año 17, número 732, del 30 de octubre de 1996.
[6] Periódico salvadoreño “El Diario de Hoy”.
http://www.elsalvador.com/noticias/2003/09/04/nacional/nacio19.html
[7] Herrera, Alcides. “Francisco Flores, un memorial de corrupción al frente de la presidencia de El
Salvador”.
[8] http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc765.html
[9] UCA. “Revista ECA”, Nº 585-586 http://www.uca.edu.sv/publica/eca/585com1.html
[10] UCA. Boletín Proceso, año 20, número 867, 25 de agosto de 1999.
[11] UCA. Boletín Proceso, año 21, número 933, del 3 de enero de 2001.
[12] Periódico
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