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La Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha publicado el informe sobre el año 2010, en el que, entre otros datos, destacan los 52 casos de muerte bajo custodia policial o que la comunidad donde mas casos de tortura se denuncian y mas denunciantes lo hacen es Madrid.
Claro que en esta democracia almidonada creada tras una transicion modelica y con una Constitucion perfecta e intocable la tortura no puede existir, así que ni los medios de propaganda, ni los politicos "democratas de toda la vida", ni los jueces mediaticos la ven (o mas bien, hacen como que no existe).
El informe sigue la definición de tortura dada por la "Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes", aprobada por el Plenario de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y ratificada por el Estado español en octubre de 1987:
"Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento".
Como hemos dicho, aunque parezca extraño, la comunidad donde mas casos de tortura se denuncian es Madrid, seguida de Andalucia, e igualmente la primera es donde mas denunciantes existen (en este caso por delante de Euskal Herria).
En el caso de las muertes bajo custodia policial, Andalucia, con 13, y Galicia (7) lideran el tétrico top de nuestra "democracia":
Lo peor no es que existan tantos supuestos casos de torturas denunciados sino que, siendo como somos un "modelo de libertades" (un momento, que no me aguanto la risa), ningun juez, ningun politico parlamentario, y ningun medio (despues de la reconversion de Bildu, posiblemente ni siquiera Gara lo haga en el futuro) tengan a bien siquiera denunciarlo o, mucho menos, investigarlo (pese a los sucesivos toques dados por organismos internacionales, entre ellos el Relator de Derechos Humanos de la ONU).
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