Asunto: Conflicto de poderes urge salida política
Especialistas proponen un entendimiento entre instituciones con la ayuda de un mediador
EL DIARIO DE HOY Martes, 7 de Junio de 2011
Francisco Bertrand Galindo y fabio castillo exponen los caminos políticos y jurídicos para superar el conflicto entre órganos del Estado, en un foro convocado por El Diario de Hoy
El enfrentamiento entre los principales órganos del Estado parece que es únicamente jurídico, tras el candado puesto por la Asamblea Legislativa a la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, se trata de un conflicto que requiere una salida política mediante un acuerdo entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, el destierro de fantasmas y recelos mutuos y una comunicación interinstitucional más fluida.
Así lo plantearon dos especialistas del Derecho, los abogados Fabio Castillo y Francisco Bertrand Galindo, y el observador político Salvador Samayoa, al analizar la crisis entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte.
En el foro participaron el Director Ejecutivo de El Diario de Hoy, Fabricio Altamirano, y editores principales de este periódico con el propósito de dilucidar y exponer los factores del conflicto.
Los profesionales coincidieron en que se requiere una "solución política", mediante un liderazgo firme, un mediador confiable y el entendimiento entre la Asamblea y la Sala, al estilo del Decreto de los Tres Poderes que se emitió en tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez (1932-1944).
"La reforma política no la podemos hacer ni con madrugones políticos ni sentencias de Sala, sino sentándonos y tomándonos un acuerdo político", enfatizó Samayoa.
En esto coincidió Fabio Castillo, proponiendo hacer "unos nuevos acuerdos de paz en la paz. Me parece que es una cuestión de sensatez natural que nos tratemos de poner de acuerdo en cosas que son fundamentales", subrayó.
Bertrand Galindo dijo que no deben quedar "humilladas" ni la Asamblea ni la Sala, "pero tiene que ser en el marco del respeto y no de madrugones de decretos y sentencias, pues otros son los beneficiados".
Para Castillo, la iniciativa de promover este entendimiento podría venir de las iglesias y los medios de comunicación. En seguida, se debe lograr que los partidos en la Asamblea rectifiquen y deroguen el decreto, para lo cual son claves el presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, y el Presidente de la República, Mauricio Funes, para sancionar y publicar el nuevo decreto.
La solución pasa también por mantener una comunicación más fluida entre los órganos del Estado, a fin de que no haya recelos o desconfianzas atizados por "fantasmas del pasado o chambres", coincidieron.
DETONANTES
La crisis, atizada por el decreto de la Asamblea que obliga a la unanimidad a la Sala, tuvo un detonante que no está claro, pero que parece ser el temor a que esa instancia declare inconstitucional eventualmente la ley de amnistía de 1993.
Castillo, quien fue coordinador del FMLN en su momento, reveló que sabe que hay una "demanda en curso" contra la ley de amnistía y consideró que anular la demanda sería "lo más inconveniente para el país" (ver nota aparte).
Castillo recordó, haciendo la salvedad de que no se mal entienda, que la Sala es un órgano político, pero no partidario, y tiene la obligación de tomar en cuenta la política de Estado. "Por razones de política de nación, la Sala, aunque considera que es inconstitucional la ley de amnistía, debería desestimar la demanda", enfatizó.
FALTA COMUNICACIÓN
Bertrand Galindo observó que fueron "fantasmas, chambres, cosas ciertas o no ciertas" las que llevaron a aprobar el Decreto 743 y a que el presidente Funes lo sancionara y lo mandara a publicar de inmediato.
Por lo mismo insistió en que estos temores y desconfianzas mutuas se agravan con la pérdida de los canales de comunicación entre Órganos. Tan es así, razonó, que se percibe con el hecho de que el presidente Funes no sabe qué está pasando y extrañamente manda a publicar el decreto que obliga a la unanimidad en la Sala con todos los defectos de forma y fondo que contiene.
Salvador Samayoa coincidió con Bertrand Galindo en cuestionar que Funes no tuviera mecanismos para confirmar si realmente había alguna resolución de graves efectos sobre el país.
"La Constitución manda independencia, pero también manda comunicación entre los órganos del Estado. Puedo comprender –-no aprobar, porque estoy en total desacuerdo con lo que actuaron los partidos en la Asamblea, salvo el FMLN--, pero no puedo comprender por qué el Presidente de la República actuó así", insistió el observador político.
Castillo reveló que también sabe que "hay terror" a otra declaratoria de inconstitucionalidad por los fondos que maneja Casa Presidencial.
"Esa clase de intereses han llevado a este conflicto", indicó el abogado.
Bertrand Galindo señaló el componente político en varias sentencias de la Sala, como la de las candidaturas independientes. "El artículo 85 (de la Constitución) se lo saltan a partir de valoraciones políticas, porque no fueron valoraciones lógicas ni jurídicas".
Samayoa le respondió que lo anterior "es opinable, porque para mí fueron valoraciones jurídicas y valoraciones lógicas".
Al respecto, Bertrand recordó que esto era el origen de los conflictos, porque fue la primera sentencia de trascendencia que emitió la Sala y que generó polémica.
Pero para Samayoa, esto es la consecuencia lógica de que la Sala trate de corregir "la historia de chapucerías" acumuladas en el andamiaje nacional y ahora hay que tratar de quitarlas, pero que no se venga abajo la construcción.
El observador político indicó también que nadie debería decirle desde afuera a la Sala que haga o no haga algo, por la consecuencia política que pueda tener pues sería "peligroso", así como que empiecen a calcular con todas las decisiones que van a tomar.
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