Aratiri. Paraguay.

Asunción, 28 /10/2010 ( Agencia de Noticias Aratiri – A.N.A. ) Las “entrañas del monstruo” ( Washington D.C.,) fueron escenario del 140º periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.), en el cual, se realizó una Audiencia sobre la situación de “seguridad ciudadana y derechos humanos” en Paraguay. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Co.De.Hu.PY) fue el organismo de DD.HH. denunciante ante la C.I.D.H. El descargo, fue perpetrado por el Ministro del Interior Represor, pro yanqui, Fillizola y el filo colombiano, Candia Amarilla, quien pasara a la galería de criminales de guerra de la historia por imponer la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional nuevamente en nuestro país. Candia Amarilla, para criminalizar e imponer el terror a toda la población campesina, llegó a afirmar que " estos delincuentes de noche son guerrilleros y de día son agricultores. ( La Nación 5/1/09. )

Por otro lado, en A.N.A., no compartimos la desdichada aseveración de CODEHUPY, sobre la existencia o no del Ejército del Pueblo Paraguayo ( E.P.P. ) porque es favorable a la financiación de los represores, y a los monopolios informativos del sistema, en un contexto de insoportable impunidad de los centenares de asesinatos de referentes de organizaciones sociales, y la violencia sistemática ejercida contra el pueblo campesino, por parte del Ejército y Policía Nacional del Paraguay o los mercenarios pagos por los agentes del latifundio, agronegociantes. Todos instruidos y promovidos por la embajada de EE.UU.

Segundo, no compartimos la calificación de “organización criminal” que CODEHUPY hace del E.P.P. o de cualquier organización que decide su autodefensa, porque ninguna organización ha reivindicado públicamente los aberrantes crímenes de secuestro que los represores les imputan y por el cual, en algunos casos les condenan mediante procedimientos policiales abusivos y en juicios venales por todos conocidos.

Con estas salvedades, cumplimos con la difusión de este importante informe de CODEHUPY:

CIDH PIDIO RESPETO Y PROTECCION A LABOR DE LOS DEFENSORES/AS DE DDHH

CODEHUPY entregó a la CIDH documentaciones sobre sistemáticas violaciones a los DDHH en Paraguay

La delegación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), entregó ayer en Washington, durante el 140 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un dossier sobre las sistemáticas violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y libertad personal, al presidente de este organismo internacional, Felipe González.

Los documentos entregados hacen referencias a los casos de violaciones de derechos humanos que documentó la CODEHUPY, en los últimos dos años; también se refirieron a otros casos de periodos anteriores y que prueban una continuidad en las falencias del Estado. Desde septiembre de 2008 a octubre de 2010, la CODEHUPY recibió 44 denuncias que implican violaciones al derecho a la integridad física, libertad personal y a la vida. De estos 44 casos, 14 se refieren a ejecuciones extrajudiciales. Unas 400 personas fueron víctimas directas de estos casos, entre ellas niños, niñas, adolescentes y mujeres. Todos los casos presentados ya fueron denunciados previamente en Paraguay.

Al inicio de la audiencia, la secretaria ejecutiva de la CODEHUPY, Carmen Coronel, manifestó que aunque no sea parte del tema a ser tratado, “no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación, respecto al clima, reacción y trato al que estamos siendo sometidos como miembros/as de CODEHUPY, a raíz de la realización de esta audiencia”

Al término de la audiencia, tanto el presidente de la CIDH, quién también presidió la reunión, Felipe González y el relator de la CIDH para Paraguay, José de Jesús Orozco, manifestaron su preocupación por el clima de hostigamiento a defensores de derechos humanos denunciado y recordaron al gobierno de Paraguay que están obligados por el reglamento de la OEA de no tomar represalias contra testimoniantes en la audiencia.

Luego, la exposición de CODEHUPY giró entorno a la práctica sistemática de tortura, ejecuciones extrajudiciales y la impunidad de estos casos; y, no en torno al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo.

Entre los videos entregados están: 1) Las declaraciones de Rafael Filizzola, el 22 de enero de 2010, donde amedrente a abogados de la CODEHUPY, relacionándolos con el EPP; 2) los testimonios de víctimas de torturas durante la audiencia pública sobre tortura y tratos crueles, realizado por la Comisión de DDHH de la Cámara de Senadores, en diciembre de 2009; 3) un CD de fotografías de heridos y destrozos cometidos por policías en distintas circunstancias, 4) testimonios de pobladores de Kurusu de Hierro, que sufrieron abusos policiales.

Entre los documentos entregados (unas 300 páginas) figuran todos los urgimientos realizados desde la CODEHUPY, tanto al Ministerio Público, como el Ministerio del Interior, para la investigación y sanción de los perpetradores de los casos de torturas denunciados.

En la audiencia, en la que representaron al Estado paraguayo el ministro del Interior, Rafael Filizzola, y el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, ambas partes disponían de 18 minutos para exponer sus argumentos, seguidos de una ronda de preguntas y respuestas de los comisionados de la CIDH.

Amedrentamiento de Filizzola a defensores de Derechos Humanos

La delegación de la CODEHUPY manifestó también durante la audiencia otra causa de preocupación en materia de Seguridad y Derechos Humanos, cuales han sido las manifestaciones públicas del ministro del interior, Rafael Filizzola, quien en ejercicio de sus funciones de Ministro encargado de la seguridad interior, ha venido reiteradamente asociando a organizaciones sociales, a defensoras, defensores y organizaciones de derechos humanos con los crímenes que investigan la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Como muestra, en la emisión del viernes 22 de enero del noticiero emitido a las 20 horas por el Sistema Nacional de Televisión Canal 9 expresó que “[...] hay personas que tienen que definirse: o actúan como parte de una organización de derechos humanos o asumen el rol de defensa de las personas que hoy son sospechosas de ser parte de esta organización criminal” Adjuntamos grabación. .

Entendemos, que estas declaraciones del Ministro del Interior del Paraguay, constituyen, según la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, una intimidación a la labor de organizaciones y personas que actúan como defensoras de estos derechos, cuya tarea conforme los estándares establecidos por el Sistema Interamericano, es sustantiva para la vigencia de un orden democrático respetuoso del ejercicio de la ciudadanía y libertades pública en los Estados partes de la OEA.

CODEHUPY reivindica su autonomía para acompañar en la defensa o acusación a personas que sufren factores que los sitúan en condiciones de vulnerabilidad. Ello de ninguna manera, nos inhabilita a ejercer el derecho a criticar las políticas de seguridad que se partan del respeto de la Constitución Nacional; como tampoco nos ubica en una posición de cómplice o encubridora.

Filizzola dijo que no estaba preparado para responder todos los casos

Al tiempo de su exposición, el Ministro del Interior, Rafael Filizzola, realizó una presentación de su plan de seguridad. También dijo que no estaba informado previamente de algunos de los casos presentados; y, que por tanto no podría responderlas en ese momento; y, se comprometió a acercar documentaciones.

Agregó que heredó una policía Stronista y que están trabajando para sanear a la Policía Nacional. No se refirió sin embargo, por qué quedan impunes los casos de tortura denunciados.

Con relación a su compromiso de una junta médica para examinar a las víctimas de tortura denunciados en el caso de la caseta militar incendiada, dijo que el Círculo Paraguayo de Médico no le hizo caso, y que por eso no se hicieron los diagnósticos.

Negó que amedrente a los defensores de derechos humanos y sostuvo que su gestión tiene como eje central el respeto de los derechos humanos.

Candia Amarilla reconoció deficiencias investigativas

De los 14 representantes de Paraguay, solo hablaron dos. A su turno, el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, reconoció la deficiencia del Ministerio Público en la investigación de los casos de tortura e informó que en Paraguay solamente existen tres fiscales para la investigación de las violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, se comprometió que desde el año que viene se preverán las partidas presupuestarias para que los fiscales sean de dedicación exclusiva a temas de derechos humanos y que habilitarán otras unidades en el interior del país. En este momento, solo operan en Asunción.

Distintos contextos de abusos

Las violaciones de derechos humanos denunciado por la CODEHUPY se dieron en distintos contextos; 1) allanamientos irregular de moradas, pues las órdenes de registro no describían con precisión el objeto de los registros como manda el Código Procesal de Paraguay; 2) al tiempo de detención de sospechosos de cometer hechos punibles; 3) a la actuación de los órganos de seguridad vinculada a la persecución de una organización criminal denominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP); o 4) en relación a personas condenadas por delitos comunes.

Las principales víctimas de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; detenciones ilegales y arbitrarias; y ejecuciones extrajudiciales son personas de escasos recursos económicos y miembros de organizaciones sociales al tiempo de ejercitar sus derechos constitucionales de la protesta y petición a las autoridades. Mujeres y niños sufrieron torturas y detenciones ilegales en el periodo informado.

Solo en uno de los casos denunciados hubo respuesta parcial del estado, con el reconocimiento de los abusos cometidos. Sin embargo no hubo reparación a las víctimas. Es el caso de las comunidades Mbokajaty y Curupayty, donde se reprimió a pobladores y pobladoras y efectivos policiales destruyeron de viviendas asentadas en propiedades privadas, cultivos, hurtaron de materiales escolares, aparatos de telefonía celular, dinero en efectivo y joyas se dio en el contexto de la búsqueda de los supuestos autores de la muerte de un efectivo policial, que custodiaba una finca agroganadera, colindante a la misma.

En el hecho de tortura denunciado en la comisaría local no se realizó siquiera un acto investigativo, a más de un año y cuatro meses de los hechos. El pedido de revisión médica de las personas torturadas no fue atendido por las autoridades intervinientes, del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

En los casos de torturas denunciados en la audiencia pública no fueron abiertas investigaciones fiscales, ni administrativas para esclarecer la responsabilidad de los servidores públicos indiciados como perpetradores. Preocupa principalmente el caso de una mujer que fue obligada a pisar un clavo, bajo la amenaza de que si no lo hacía, su hijo menor de dos años, colgado de los patas por uno de los policías intervinientes, sería ahogado. Véase por favor, el video de la audiencia púbica.

En otro caso, que hacer relación a la tortura a supuestos responsables de la quema de una caseta militar (hoy desvinculados del proceso) mediando el expreso compromiso del Excelentísimo Ministro del Interior presente en esta audiencia, Dr. Rafael Filizzola, en el sentido de constituir una junta médica independiente para constatar las lesiones físicas que sufrieron los detenidos en una unidad militar por parte de efectivos policiales y militares; las mismas no fueron examinadas, a pesar de haberse presentado fotografías de las lesiones sufridas por las víctimas, que le fueron entregadas el 16 de enero de 2009, en una audiencia en el Ministerio del Interior. La CODEHUPY solicitó por escrito acceder a los resultados del diagnóstico comprometido y urgió la realización de la revisión médica en cuatro ocasiones más: 1) el 22 de mayo; 2) el 3 de septiembre de 2009; 3) el 20 de octubre de 2009 y; 4) por última vez, el 16 de julio de 2010.

La CODEHUPY documentó la deficiente investigación de los casos de tortura, principalmente cuando afecta a personas privadas de libertad, en la denuncia presentada el 3 de marzo de 2009, contra miembros de la Policía Nacional, Osvaldo Sánchez, oficial de Apellido Martínez, por infringir lesiones a los detenidos en la Agrupación Especializada Luis Rojas, Flaminio Acosta, Ovidio Ramírez y José González. La CODEHUPY urgió diligencias al Ministerio Público acorde a los mandatos del derecho internacional 1) el 3 de marzo de 2009; 2) el 27 de abril de 2009; y, 3) el 9 de marzo de 2010. Sin embargo, el Ministerio Público no realizó ningún acto investigativo tendiente al esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, en este mismo caso, la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, informó a la Codehupy por nota Nº 215/10 que los oficiales sumariados habían sido sobreseídos en fecha 9 de agosto de 2010. El desinterés y desprolijidad de la juez sumariante puede colegirse de la solicitud hecha a la Codehupy el 19 de octubre de 2009, donde solicita se le remita los diagnósticos médicos de las víctimas, que habían sido examinado en el mismo hospital de Policía. Su investigación se limitó a tomar testimonio a los supuestos perpetradores.

Un adolescente de 15 años fue víctima de tortura por efectivos policiales, en Kurusu de Hierro, en el departamento de Concepción. La denuncia fue presentada el 24 de junio de 2010. A la fecha el Ministerio Público ni el Ministerio del Interior han realizado actos investigativos alguno tendientes a la sanción de los perpetradores. CODEHUPY urgió la realización de actos investigativos el 13 de julio y el 9 de septiembre en el Ministerio Público; y, en el Ministerio del Interior, el 16 de julio y el 16 de agosto respectivamente.

Junto al adolescente fueron torturadas otras personas al tiempo de su detención, en Kurusu de Hierro. Cuando un equipo de la CODEHUPY trató de ingresar a la penitenciaría regional de Concepción para conversar con los detenidos, el director del penal impidió el ingreso alegando orden superior.

Violación de derechos humanos de las mujeres

Las torturas y detenciones ilegales que sufrieron las mujeres durante el periodo de informo se presentó como un capítulo distinto durante la exposición. Se manifestó que en los casos de torturas denunciados en la audiencia pública de diciembre de 2009, ni siquiera fueron abiertas investigaciones fiscales, ni administrativas para esclarecer la responsabilidad de las servidores públicos indiciados como perpetradores.

Sólo a modo de ejemplo se relató el caso de la Señora Angela Velazquez de la comunidad de Kuruzú de Hierro del Distrito de Horqueta del Dpto. de Concepción, en el mes de enero del 2009, militares y policías en el marco del operativo en Kurusú de Hierro, la acosaron sexualmente, en otras ocasiones los agentes intervinientes mostraron a Angela Velázquez y sus niños, sus genitales.

En otra ocasión la siguieron hasta su domicilio, metieron unas maderas en la leche buscando supuestas armas que podría tener en su recipiente de leche. Un día al pasar frente al reten militar- policial, disparaban al aire con las metralletas. Esta persecución duró 34 días. El jefe de la operación fue Oscar Ferreira y un subjefe de apellido Coronel. Esto se denunció en la cámara de Senadores, ante la comisión de DDHH y a la fecha no ha se abierto investigación y castigo a los responsables.

Otro de los casos, es el de María Mereles, quien en julio de 2009, junto otros campesinos que se hallaban acampando en una propiedad que denuncian como ilegal en Minga Guazú, departamento de Alto Paraná. Fueron sorprendidos por un contingente de la Agrupación de la policía ecológica y rural. Denunció que fue obligada a pisar una tabla con clavos, bajo la amenaza de que si no lo hacía, su hijo menor de dos años, y otra de 8 años colgado de los patas por uno de los policías intervinientes, sería ahogado. Veáse por favor, el video de la audiencia púbica. Fue brutalmente golpeada por el comisario Willian Duarte, con presencia de la fiscala Fátima Burró, cuenta con diagnóstico médico.

En el marco de las intervenciones y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad han golpeado a niños, niñas, mujeres y docentes, cerraron las instituciones educativas por 22 días en la zona de Curupayty como se releva en el testimonio de la Sra. Norma Román. Durante este tiempo se impidió ir a sus chacras cercenándoles el derecho al trabajo y alimentación dado que dependen de los cultivos. Luego de estos hechos, la testimoniante relató cómo sus hijos, ni a la escuela quisieron volver por el temor causado.