Política de Seguridad: características prevalecientes en los últimos 20 años

Jaime Martínez Ventura*

En los últimos veinte años El Salvador se ha situado como uno de los más violentos del planeta con tasas que superan los 60 homicidios por cada 100,000 habitantes y otros índices igualmente preocupantes en todo tipo de delitos, desde la delincuencia común y cotidiana, pasando por fenómenos violentos ligados a la criminalidad como las maras, hasta expresiones de crimen organizado como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de dinero, la evasión de impuestos, la corrupción pública generalizada y otras formas de delincuencia no convencional.

Esa situación de criminalidad generalizada que afecta con mayor vehemencia a los sectores socialmente más vulnerables, se debe a las políticas equivocadas que en materia de seguridad y justicia se han impuesto en el país.

Basado en varios estudios e informes propios, en los que tuve alguna participación u otros realizado por otras personas, sobre el desarrollo de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, puedo afirmar que las políticas de seguridad pública en los últimos veinte años han tenido las características siguientes:

1) Carentes de visión de Estado: han sido impuestas desde la visión exclusiva del partido gobernante y de algunos sectores que le son afines. No han sido políticas públicas o programas de Estado, sino políticas de partido que respondieron a sus intereses pero no a los de la nación.

2) Falta de participación ciudadana: al imponerse la visión del ex partido gobernante, se excluyó la participación que es un elemento esencial, sine que non, de una verdadera política pública. Algunos sectores de la sociedad fueron consultados ocasionalmente, como lo fue durante el inicio del gobierno del Presidente Saca o el episodio de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, pero las recomendaciones y propuestas fundamentales fueron excluidas de las políticas principales.

3) Espontáneas e intuitivas: planeación pobre y carente visión de mediano y largo plazo; desarrollaron planes, acciones u operativos policiales que buscaban resultados inmediatos o efectistas como las redadas policiales. Carecían de sustentación científica y se basaban principalmente en intuiciones, no por falta de información técnica ya que abundan los estudios, diagnósticos propuestas de diversos sectores, si no por falta de voluntad política de aplicarlos;

4) Exhibicionistas y excesivas: los planes y operativos policiales fueron diseñados pensando principalmente en causar un impacto a través de los medios de comunicación social y por lo tanto se privilegió el despliegue exhibicionista y el uso de la fuerza ante las cámaras de televisión y otros medios audiovisuales, por sobre el uso de la inteligencia y la información policial que permite dar golpes selectivos, discretos pero más efectivos a mediano y a largo plazo.

5) Reactivas y electorales: no respondieron a la problemática de la criminalidad en su conjunto; el personal, los recursos materiales, logísticos y todos los esfuerzos se concentraron en situaciones emergentes, según el auge de ciertos delitos como los secuestros, las extorsiones, los homicidios o las maras. Fueron diseñadas y desarrolladas como parte de las estrategias del “marketing electoral”, con el objetivo principal de ganar votos.

6) Predominantemente punitivas: discursivamente aceptaron la importancia de la prevención social, pero en la práctica la mayoría de decisiones condujeron a más de lo mismo: más penas; más delitos; más cárcel; más poder policial; menos garantías ciudadanas y menos control judicial. Esa preferencia de lo punitivo sobre lo preventivo, se vio claramente reflejado en los presupuestos estatales en los que la prevención fue casi inexistente.

7) Ocasionalmente más vengativas que punitivas: muchas de las políticas, planes y acciones de la política de seguridad anterior, fueron más allá del legítimo derecho que todo Estado tiene a perseguir, juzgar y castigar los comportamientos delictivos, llegando a expresiones propias de la venganza o retaliación, como el uso excesivo de la fuerza en las capturas, especialmente de personas jóvenes; el incremento de penas hasta por 75 años de prisión; los tratos crueles, inhumano y degradantes a las personas detenidas e incluso a sus familiares.

8) Discriminatorias: Fueron extremadamente duras contra la delincuencia común o contra las personas integrantes de maras o pandillas, pero sumamente suaves y benevolentes contra la delincuencia no convencional o delitos de cuello blanco, llegando al extremo que para quienes estaban en la primera categoría se crearon los centros penales de máxima seguridad, mientras para los segundos se aplicaron otras medidas cautelares o fueron detenidos en sedes policiales.

9) Carentes de conducción estratégica: no tuvieron una conducción científica racional. Los máximos responsables habían tenido ni la formación, ni la experiencia en temáticas relacionadas con las políticas de seguridad pública; delegaron las decisiones en un grupo dominante dentro de la Policía.

No existió un Gobierno de la Seguridad Pública. Por eso persistieron graves deficiencias en áreas técnicas claves como la investigación científica del delito, planeación policial, estudios criminológicos y la formulación de una política criminal integral.

10) Ineficientes: a pesar del endurecimiento de las leyes, el incremento de las penas, el aumento de las detenciones, los operativos de “mano dura”, etc., la violencia y la criminalidad siguen siendo uno de los problemas que más preocupan a la población y, en algunos casos, las medidas represivas en lugar de reducir la criminalidad, la incrementaron como los operativos “Mano Dura” y “Súper Mano Dura” que propició un crecimiento incontrolable de la población penitenciaria y encerró en un mismo lugar a pandilleros de diferentes lugares pero de la misma pandilla.

Existe una multiplicidad de factores que causaron o propiciaron esos rasgos de las políticas de los gobiernos anteriores, la mayoría de los cuales pueden clasificarse como factores coyunturales y factores estructurales.

Entre los primeros están la participación, tolerancia o aquiescencia de integrantes de los gobiernos anteriores en determinadas formas de criminalidad, especialmente con actos de corrupción y delitos de cuello blanco, entre los cuales sólo algunos casos de individuos caídos en desgracia fueron investigados, juzgados y sentenciados, mientras muchos otros han quedado en absoluta impunidad; la baja capacidad y eficacia de la Policía y la Fiscalía en la investigación de los delitos; la falta de coordinación y conflictividad entre las entidades del sistema de seguridad y justicia; el comercio legal de armas y el incremento del mercado ilícito de drogas, armas y otros servicios de los mercados ilegales.

Entre los factores estructurales se tienen los siguientes: el predominio de gobiernos autoritarios que irrespetaron los principios, valores y objetivos constitucionales, especialmente la vigencia de los derechos humanos; la deslegitimación y anulación práctica de los Acuerdos de Paz; la falta de voluntad de gobernar por consenso; el predominio de una política neoliberal que organizó el Estado no para el bien común, ni para los grandes objetivos sociales plasmados en la Constitución, si no para privilegiar el afán de máxima ganancia de unas cuantas personas; generación de desempleo, subempleo y empleos precarizados por las políticas neoliberales.


*Abogado. Director de la Academia Nacional de Seguridad Pública
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Sábado, 22 de Agosto de 2009 / 09:41 h

Inicia despliegue de policía comunitaria




La Comunidad Iberia, en San Salvador, es uno de los lugares donde se implementa el programa de patrullas de policía comunitaria. Foto Diario Co Latino/Franklin Rivera.


Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

La ola de homicidios comienza a disminuir y, ahora, las comunidades de San Salvador tendrán más cerca a los agentes policiales. Desde hoy, las Patrullas de Intervención Policial Comunitaria (PIP-COM) comenzarán sus recorridos con una dinámica distinta: acercamiento con la gente. La comunidad Iberia en San Salvador fue el lugar del despliegue inicial y serán seis patrullas las que realizarán patrullaje preventivo las 24 horas.

Cada patrulla está conformada por cuatro agentes y se movilizarán en la comunidad Iberia A, B y C, así como en los alrededores de la terminal de Oriente, Urbanización Altos del Bulevar, la empresa MOLSA, entre otras.

La principal característica del PIP-COM es que mantendrán reuniones constantes con los dirigentes de las comunidades, para conocer los problemas que aquejan a los ciudadanos y las ciudadanas de las zonas.

El Subdirector de la policía, Comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que la policía comunitaria analizarán los problemas delincuenciales en conjunto con los dirigentes comunales.

De hecho, el segundo al mando en la corporación policial, sostuvo que las comunidades tienen que mantener informada al cuerpo de seguridad, para que la nueva modalidad tenga éxito.

“Se busca fortalecer la confianza de los habitantes hacia los agentes policiales. Se busca mejorar la calidad del servicio”, indicó Ramírez Landaverde.

La comunidad Iberia fue el punto de partida de los PIP-COM, pero, en las próximas semanas, otros lugares con altos índices de violencia como Soyapango, Apopa, Colón, entre otros, iniciará el despliegue de la policía comunitaria.

Los agentes que conforman los PIP-COM se capacitaron en materia de atención comunitaria y cómo involucrarse en la solución de otros problemas que afectan a la ciudadanía.

Dentro de dos semanas, los policías que serán escogidos para formar parte de esta nueva unidad policial iniciarán su capacitación.

El Subdirector policial subrayó que en San Salvador se desplegarán un mil agentes para los PIP-COM.

Ayer, 15 grupos de tarea conjunta, compuestos por 45 efectivos militares y 30 agentes de la Policía Nacional Civil, se desplegaron en barrios de la ciudad de San Miguel, con el objetivo de hacer patrullajes preventivos en aquellos sectores con mayor auge delincuencial de la ciudad migueleña.

El lunes también agentes aumentaron su presencia en terminales, puntos y recorridos de autobuses, tras la denuncia de empleados y empresarios de los ataques al sector y las amenazas por extorsiones. Por el momento, la cifra roja de los homicidios se mantiene en 11 diarios.
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Jueves, 28 de Agosto de 2008 / 09:14 h

Hablando de memoria histórica: “La masacre de El Calabozo”



Iván C. Montecinos

El pasado 22 de agosto se conmemoró el 26 aniversario de un capítulo negro en la historia salvadoreña conocido como “La Masacre de El Calabozo”. El hecho, ocurrido en 1982, fue la matanza de 200 campesinos por soldados de la Fuerza Armada, en la jurisdicción de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente.

Las víctimas fueron asesinadas a balazos y machetazos.Dentro de los actos conmemorativos se realizó una peregrinación que salió de la capilla “Alirio Napoleón Macías”, en Amatitán Abajo, y se dirigió al lugar de la masacre, en donde se efectuó un sencillo pero significativo acto con diversas comunidades. Se recordó este terrible suceso con testimonios de personas sobrevivientes y luego fue celebrada una misa en memoria de las víctimas.

Según recopilaciones históricas, en el libro “Masacres”, editado por el Centro para la Promoción de Derechos Humanos, “Madeleine Lagadec”, a partir del 17 de agosto de 1982, en los municipios de San Esteban Catarina, Santo Domingo, San Sebastián, Santa Clara y San Lorenzo, el ejército desplegó uno de los mayores operativos militares realizados en esa región, en el que participaron unos 4,000 soldados. Esta operación contrainsurgente se denominó “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” y participaron algunos de los batallones elites de reacción inmediata como el Atlacatl, Ramón Belloso y Atonal, así como tropas del destacamento militar Número 2 y la Quinta Brigada de Infantería, entre otros.

Como era usual, en aquella época y ante los sendos operativos militares, la guerrilla estratégicamente se replegaba y no ofrecía mayor combate, por lo que los soldados concentraban su accionar persiguiendo a la población civil, que huía despavorida por el ataque de artillería y los bombardeos aéreos. Eran miles de mujeres, ancianos, jóvenes y niños que abandonaban sus viviendas y trataban de salvarse buscando refugio en montes y ríos.

Estas huidas eran conocidas como “guindas” y eran numerosas las familias que en el afán de sobrevivir marchaban en grupos a paso lento y provocaba que muchas personas se rezagaran o se perdieran en el trayecto, tomando rumbos diferentes con el objetivo de burlar el cerco militar.
El 22 de agosto de 1982, en horas de la mañana, soldados del tenebroso, pero ya desaparecido Batallón Atlacatl, alcanzaron a un grupo de numerosos civiles en las riberas del río Amatitán, específicamente en el punto conocido como El Calabozo y ahí asesinaron a las más de 200 personas con lujo de barbarie y luego quemaron decenas de cadáveres. Esta matanza fue reivindicada por el ejército como un “éxito militar”, pues habrían ocasionado “numerosas bajas a los terroristas”, de acuerdo a los reportes de la época y reflejada en los periódicos de mayor circulación, que se abstenían de investigar la veracidad de los informes.

El Diario de Hoy, con fecha del 25 de agosto de 1982, en su página cuatro, informaba sobre este operativo militar de la siguiente manara: “Como un rotundo éxito para la Fuerza Armada, fue calificada en fuentes oficiales la operación “Tte. Cnel. Mario Alberto Azenon Palma”, que terminó ayer en el norte de San Vicente(...) La acción militar, dijo una fuente del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), tenía como objetivos la búsqueda, localización y destrucción de campamentos y reductos terrorista”. Por supuesto, que medios como este, nunca verificaron el informe de las fuentes oficiales y siempre los daban por ciertos.

En 1992, cuando la guerra ya había finalizado, el Comité “Madeleine Lagadec” presentó un amplio reporte debidamente documentado ante la Comisión de la Verdad, que lo incluyó en su informe público y confirmó la masacre, basada en una gran cantidad de pruebas testimoniales que permitían una reconstrucción objetiva de los sucesos ocurridos en El Calabozo en 1982.

Los testimonios de las personas que sobrevivieron a esta matanza son espeluznantes y han quedado debidamente registrados y compilados en el libro Masacres. Así por ejemplo, tenemos la versión de Raúl González Arévalo, quien en ese tiempo era un niño de apenas unos 10 años y quien en su testimonio cuenta que: “estaba viviendo en el caserío Palo Grande, municipio de Santa Clara, San Vicente, cuando hubo la masacre en El Calabozo.”

Raúl relata que: “ese 22 de agosto, a las siete de la mañana, la población civil de Amatitán Abajo y Palo Grande, aproximadamente unas 300 personas, huyeron bajando hacia el río Calabozo. Nosotros podíamos ver los soldados llegando, porque el caserío está al lado del río. Cuando los soldados se dieron cuenta que la población se había salido del caserío bajaron al río. Cuando nos encontraron, nos recogieron y nos forzaron a formar filas; la quebrada estaba llena de gente, nos acusaron de ser subversivos, aunque éramos civiles, y nos dijeron que nos iban a matar. Colocaron cuatro ametralladoras en la quebrada. Los soldados que tenían las ametralladoras comenzaron a rafaguear y los que no tenían empezaron a rafaguear con fusiles. Yo estaba en medio de la gente junto a mi hermano Cruz Arévalo, de ocho años. Cuando los soldados comenzaron a ametrallar, cayó mi hermano, yo me caí al lado de él aunque no estaba herido....”

Testimonios de numerosos supervivientes de la masacre relatan que luego de masacrar a las más de doscientas personas civiles, los soldados apilaron a un gran número de cadáveres y les prendieron fuego, otros fueron devorados por zopilotes y otros animales de rapiña.

Sobre este caso, la Comisión de la Verdad presentó el 15 de marzo de 1993, un informe al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en el que en una de sus partes decía : “Existen pruebas suficientes de que el 22 de agosto de 1982, efectivos del Batallón Atlacatl dieron muerte deliberadamente a más de doscientos civiles, hombres, mujeres y niños, que habían apresado sin resistencia”.

A pesar de las comprobadas denuncias sobre La Masacre de El Calabozo, este hecho como muchos otros en el país, está en la total impunidad y las víctimas y sus familiares aún esperan que se haga justicia.

“Y ahora escribe” Iván C Montecinos, periodista colaborador de Diario Co Latino y Raíces.
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