El
periodista Patricio Mery reveló en octubre último una vasta operación
para el transporte de droga de Bolivia a Chile en complicidad con la
policía chilena y el ahora ministro de Defensa Rodrigo Hinzpeter, mano
derecha del presidente Sebastián Piñera. La revelación trajo como
consecuencia el hostigamiento contra el reportero chileno y su fuente.
Pero el asunto dio un giro cuando a la información se agregó otro dato:
que el dinero obtenido a partir de esa actividad ilícita estaría siendo
usado por la CIA para desestabilizar al mandatario ecuatoriano Rafael
Correa, uno de los hombres más odiados por Washington.
Valparaíso, Chile – La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos “financia actividades ilícitas” con recursos “del narcotráfico
realizado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la que mete
unos 300 kilos mensuales de cocaína boliviana a través del paso Colina
en una operación que tiene la anuencia de los altos mandos policiales y
del exministro de Interior Rodrigo Hinzpeter”, actual ministro de
Defensa, afirma el periodista chileno Patricio Mery.
En entrevista con Proceso Mery ratifica lo expresado por el semanario
que él dirige, Panoramas News, en una serie de reportajes publicados
desde el pasado 17 de octubre. La información apunta a que el objetivo
de la maniobra ilegal es conseguir recursos para desestabilizar al
gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, considerado en las
altas esferas políticas y militares de Estados Unidos como uno de los
mandatarios sudamericanos más hostiles a Washington.
En 2009 Correa cerró la base militar estadunidense de Manta. Y dada su
popularidad, que pasa de 60%, es probable que renueve su mandato en las
elecciones del próximo 17 de febrero.
Mery fundamenta sus acusaciones en lo que le dijo el exinspector de la
PDI Fernando Ulloa, quien se le acercó en agosto pasado para hacerle una
revelación: En febrero de 2011, cuando estaba a punto de interceptar el
ingreso a Chile de un cargamento de cocaína de alta pureza, sus jefes
le impidieron actuar.
Lo anterior ocurrió luego de que Ulloa avisara de ese tráfico de droga a
su superior, el subprefecto de Investigaciones Juan Sepúlveda, a fin de
que éste le diera los recursos logísticos y humanos necesarios para la
operación.
En
vez de ayudarlo, Sepúlveda le pidió que no se involucrara. Para
justificarse le confió que la droga era resguardada por otros agentes de
la PDI. Es decir, el tráfico se hacía con protección y –como Ulloa
constataría más tarde– apoyo del alto mando policiaco.
Sepúlveda bloqueó el operativo de Ulloa, pese a que había sido ordenado por el fiscal del Ministerio Público Patricio Rosas.
Denuncias en oídos sordos
A principios de 2011 Ulloa descubrió que desde 2009 cada mes entraban a
Chile entre 200 y 300 kilos de cocaína boliviana a través del muy poco
utilizado paso Colina, que conduce a Argentina a la altura de la capital
chilena. La droga venía en cajas de televisores transportadas en
camiones.
A pesar de las advertencias de sus superiores, Ulloa insistió en su
plan de decomisar la droga y capturar a los traficantes. Pero tres días
antes de que llevara a cabo su operativo, funcionarios de la PDI lo
visitaron en su domicilio y le comunicaron que debía dejar todas sus
funciones en la capital chilena pues había sido trasladado a la norteña
ciudad de Calama, a donde debía trasladarse de inmediato.
La orden venía del alto mando de la PDI.
Ulloa llegó con sus denuncias a las más altas esferas del poder, pero
nadie movió un dedo para que los delitos revelados fueran sancionados.
Gracias a las gestiones de la diputada oficialista de la Unión
Demócrata Independiente Mónica Zalaquett, Ulloa y su abogado, Aldo
Duque, se reunieron con el ministro Hinzpeter el 16 de mayo de 2011.
Zalaquett y Duque han reconocido ante los medios que participaron en
dicha junta.
Después de relatar los hechos, Ulloa le entregó a Hinzpeter una carpeta
con copias de los documentos y correos electrónicos que comprobaban sus
denuncias y los nombres de los implicados en el tráfico de la droga y
en la red de protección.
Entre los encubridores nombró al subprefecto Sepúlveda –ahora en
retiro–; al entonces subjefe de unidad de la Brigada Criminalística de
Maipú, Alfonso Sabando Gómez, que actualmente es jefe de la misma en
Peñaflor; al subdirector operativo de la PDI, Juan Baeza Maturana, y a
Luis Carreño Hohn, jefe de la XV Región Policial Arica y Parinacota,
fronteriza con Perú y Bolivia, y, por lo tanto, zona neurálgica del
narcotráfico.
Al ocurrir los hechos denunciados por Ulloa, Carreño era jefe del
Departamento V de Asuntos Internos de Investigaciones; después de las
acusaciones fue ascendido a jefe de zona.
Hinzpeter le pidió a Ulloa guardar silencio y le aseguró que en cuatro
días solucionaría el problema. Le envió la denuncia al exfiscal y
entonces asesor de Interior, Alejandro Peña, quien a su vez la remitió
al fiscal nacional Sabas Chauán. Pero nada pasó.
Ulloa decidió hacer públicas las denuncias porque, después de más de un
año de haberse reunido con Hinzpeter, nadie había sido llevado ante la
justicia y la investigación se había estancado en el Ministerio Público.
Indignado porque quienes delinquieron siguen intocados, se comunicó con
Mery, a quien le dio la información.
De acuerdo con Mery, la operación de tráfico de drogas denunciada por
Ulloa estaría relacionada con la detención del oficial en retiro de la
armada Diego Sáez Luna en la sureña ciudad de Yumbel el pasado 17 de
agosto, en posesión de ocho gramos de cocaína. Esta cantidad no es
relevante, pero cuando allanaron su casa de Valparaíso encontraron 18
kilos de clorhidrato de cocaína, 116 de pasta base de cocaína y 22 de
mariguana.
Según Mery, Sáez Luna era el enlace entre la CIA y la armada chilena en
esa operación encubierta que busca desestabilizar al gobierno de
Correa. De acuerdo con su versión, el oficial de la armada habría
amenazado con decir “todo lo que sabe” en caso de que se le condene a
prisión por participar en el tráfico de estupefacientes.
Mery relaciona el caso denunciado por Ulloa con otros hechos ocurridos
en los últimos años. “Han asesinado a varias personas para ocultar los
vínculos entre las fuerzas armadas y el tráfico de drogas. Es el caso
del joven soldado Fabián Vega, asesinado en junio de 2005 en el
regimiento de Calama luego de que mostrara intenciones de revelar
operaciones de internación de drogas”.
“Otro caso –agrega Mery– es el de Néstor Madariaga Juantok, quien
desapareció el 21 de marzo de 2006, encontrándose su cadáver el 7 de
abril de ese año. Esta persona fue asesinada. Néstor era usado por el
alto mando de la Policía de Investigaciones para llevar grandes
cantidades de cocaína de Santiago a Valparaíso. Cuando quiso retirarse y
hablar con la prensa fue ultimado.”
Mery es reconocido en Chile por sus reportajes de denuncia contra los
altos mandos policiacos. En septiembre de 2011 publicó uno en el que
acusó al actual director general de Carabineros, Gustavo González Jure,
de ser autor del asesinato de Sergio Albornoz Matus, de 14 años, durante
una protesta contra el régimen de Augusto Pinochet en 1988.
En ese reportaje dio a conocer las irregularidades del proceso judicial
que exculpó al entonces capitán González Jure. La denuncia de Mery le
significó una demanda por injurias de parte del oficial, que no prosperó
en los tribunales pero que colocó al periodista como uno de los más
odiados y perseguidos por la policía chilena.
Las trampas de la CIA
Las denuncias de Mery y Ulloa –difundidas por los canales La RED y UCV y
por algunos otros medios que las retomaron– no alcanzaron en Chile el
revuelo que ameritaban, pese a que su contendido no fue desmentido por
ninguno de los implicados.
Pero el caso adquirió dimensión internacional luego de que el pasado 31
de octubre Mery publicara un segundo reportaje sobre la materia en el
que implicó a la CIA en la operación de tráfico de drogas denunciada por
Ulloa, dando a conocer el objetivo de esa operación: Conseguir recursos
para desestabilizar al gobierno ecuatoriano.
La fuente de esta nueva denuncia de Mery fue un funcionario de la
Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) de Chile, quien pidió el
anonimato.
En Ecuador la denuncia fue profusamente difundida por los medios. El
propio presidente Correa le dio validez y en dos ocasiones se refirió al
tema. El 3 de noviembre, poco después de volver de un viaje oficial a
Chile, sostuvo: “Acaba de salir una denuncia de un periodista chileno
que acusa manejos ilegales de droga donde estarían involucrados la CIA y
la DEA. (El objetivo) sería tratar de desestabilizar al gobierno
ecuatoriano”, según consignó el diario El Comercio.
Correa relacionó la denuncia de Mery con otra similar hecha por el
exdiplomático británico Craig Murray, quien el 22 de octubre escribió en
su blog (
www.craigmurray.org.uk)
que la CIA estaba implicada en una operación para desestabilizar al
gobierno de Correa y que con ese objetivo habría triplicado su
presupuesto en Ecuador hasta alcanzar 87 millones de dólares. El dinero
se gastaría en comprar periodistas y hacer escándalos para impedir la
reelección del presidente ecuatoriano. Según Murray la urgencia de la
CIA por derrocar a Correa estaría relacionada con el apoyo que Quito le
ha dado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Pese a las numerosas medidas de seguridad que Mery toma todos los días,
no pudo evitar una trampa mediante la que se le requisó información
relevante. La noche del 26 de octubre la azafata de LAN Úrsula Eggers,
aduciendo ser su amante, lo acusó ante los carabineros de haberla
golpeado y documentó supuestas lesiones: El informe médico señaló que la
mujer tenía un esguince en la muñeca derecha.
Inmediatamente el fiscal del Ministerio Público Augusto Sobarzo ordenó
la detención de Mery. Pero éste dio una versión distinta de lo ocurrido,
como consignó una nota de Jorge Madariaga en la web de Panoramas News:
“Este viernes 26, Úrsula Eggers llamó a Mery para que se acercara con
urgencia a su departamento con la finalidad de advertir al periodista
que sería presa de una agresión por desconocidos, vinculados a los
carabineros, como respuesta a sus últimas denuncias efectuadas en La RED
televisión, sobre tráfico de drogas por la frontera norte del país, en
que están involucrados el Ministerio de Interior y los mandos de ambas
policías. Esto, según ella, lo sabía gracias a sus vínculos con los
organismos de seguridad. Recibió a Mery en su departamento –de Santiago–
y le pidió el celular para hacer una llamada (…) luego se encerró en
una pieza colocando llave a la cerradura.”
Pocos minutos después llegó la policía y detuvo a Mery. Éste fue dejado
en libertad pero su smartphone quedó en manos de los carabineros y aún
no se lo han devuelto.
Mery dice a este semanario que en el teléfono había numerosos
antecedentes relativos a sus denuncias contra la PDI y entrevistas
grabadas de sus fuentes clave. Específicamente estaba el relato del
agente de la ANI que le dijo cuál era el destino del dinero derivado del
tráfico de drogas denunciado por Ulloa.
En su blog el exembajador Murray se refirió a este incidente y lo
definió como una “honeytrap de la CIA”, esto es una operación de
inteligencia de connotación sexual que busca extraer información de la
víctima o perjudicarla. Comparó esta operación con lo hecho con Assange,
quien fue acusado de violar a la ciudadana sueca Anna Ardin, quien
mantenía vínculos con anticastristas cubanos.
Manifestaciones en Egipto. FOTO: AFP
Manifestaciones en Egipto. FOTO: AFP