Cuba: La liberación de presos.

La liberación de presos: una victoria silenciosa de la Revolución Cubana

por Enrique Ubieta Gómez

En el día de ayer, el Arzobispado de La Habana hizo pública la decisión del Gobierno cubano de liberar en los próximos meses a 52 contrarrevolucionarios detenidos y juzgados en 2003, cinco de ellos de forma inmediata. Como resultado de los contactos establecidos por el Gobierno con el Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana y Monseñor Dionisio García Ibáñez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, había sido liberado ya, por motivos de salud, otro de los sancionados.

En el sistema de prisiones de Cuba suele concederse licencia extrapenal al sancionado que –con independencia del motivo de su delito--, presenta problemas de salud que son incompatibles con el régimen carcelario. Desde el año 2004 se habían beneficiado de esa política habitual otros 21 contrarrevolucionarios de la misma causa judicial; cuatro de ellos viajaron a España con sus familias, como parte de un acuerdo con el Gobierno español.

El Gobierno de Cuba sabe conversar y tomar decisiones –sin presiones, ni chantajes, ni condiciones previas--, sobre cualquier tema, y con cualquier interlocutor que respete la soberanía del país. El mayor obstáculo para la liberación de esos presos --juzgados y condenados por tribunales cubanos, según las leyes del país--, era precisamente la clara intención de chantaje de una campaña mediática que las grandes corporaciones de prensa y la derecha europea y norteamericana habían promovido de forma irresponsable. La Revolución, en cambio, propone el diálogo respetuoso. Habría que recordar una larga lista de ejemplos históricos: el canje de mercenarios capturados durante la invasión de Playa Girón; el diálogo con la emigración cubana en 1978 y la liberación posterior de cientos de batistianos y de contrarrevolucionarios, muchos de ellos capturados en actividades terroristas; los acuerdos migratorios con gobiernos norteamericanos de uno u otro partido (tanto los de Reagan o W. Bush, como los de Clinton u Obama); el proceso de contactos permanentes e intercambio de criterios con las diferentes denominaciones religiosas, incluida la católica, entre otros. La lista incluye mediaciones internacionales de trascendencia, como la que llevó definitivamente la paz a Angola y al cono sur africano.

No hay debilidad en la disposición al diálogo, sino fortaleza. Las recientes conversaciones del Gobierno con la jerarquía de la Iglesia católica cubana están respaldadas por la existencia de una comunicación franca y sistemática con las instituciones y organizaciones religiosas del país. Creyentes y no creyentes –de cualquier denominación--, participan por igual en la construcción de una sociedad cada vez más justa. Aunque estas conversaciones transcurrieron por iniciativa de las partes, y encauzaron una decisión que el acoso internacional había pospuesto, los medios trasnacionales y sus lacayos internos, inicialmente desconcertados, intentan ahora capitalizar los resultados. Era previsible, y no nos preocupa. Por la vida de Guillermo Fariñas, como por la de cualquiera de sus coterráneos, Cuba puso los equipos médicos que posee –y los que no posee pero buscó donde pudo, a pesar del bloqueo--, y los mejores especialistas que ha formado. Pero su actitud nunca hubiese conducido a la obtención de los resultados que esperaba. Qué triste es que un hombre exponga su vida, sin saber acaso que otros manipulan sus sentimientos, planifican las ganancias posibles de su sacrificio, usan su empecinamiento con fines espurios. Qué triste es –con tantas causas justas, imprescindibles, en este mundo esencialmente injusto--, que un hombre arriesgue su vida por el bienestar personal de un puñado de pillos y de un estado imperialista. Que un hombre apueste a la muerte para derrotar a un país que lucha a contracorriente por la vida.

¿Sería capaz Obama de abrir el diálogo franco, sin resabios imperiales, con su pequeño pero digno vecino?, ¿tendría el coraje de reconocer el carácter político, vengativo, de las sanciones que pesan sobre los cinco antiterroristas cubanos, presos hace ya más de diez años en cárceles de su país?, ¿podría Obama, en un acto sencillo, que dignificaría su mandato, indultar a esas cinco personas que hicieron en territorio norteamericano, a favor de sus ciudadanos, lo que no hicieron las autoridades de su país? Una vez más la Revolución cubana ofrece un ejemplo de dignidad y de fortaleza.

Revolución yugoslava

Honor y gloria a los comunistas albaneses que contribuyeron a la Revolución yugoslava

El miembro albanés de la Presidencia yugoslava Sinan Hasani

Tito con tres dirigentes albaneses yugoslavos Xhavit Nimani, Mahmut Bakalli y Fadil Hoxha

Fadil Hoxha en el tiempo de la lucha antifascista

La construcción de la vanguardia de la clase obrera en Kosovo se realiza codo a codo entre comunistas albaneses y serbios. Antes de 1940 en la provincia de Kosovo había 239 comunistas de los cuáles 23 eran albaneses. Durante la guerra antifascista la lucha sigue hermanando a serbios y albaneses. En la conferencia del Consejo de Liberación Nacional de Kosovo i Metohija realizada en noviembre de 1943 en Bujan participan 49 delegados de los cuáles 43 son albaneses y 6 son serbios y montenegrinos. En la lucha antifascista cayeron mártires los comunistas kosovo albaneses Tefik Çanga y Xheladin Hana. Tras la victoria fueron miembros de la presidencia de la República Socialista Federal de Yugoslavia (RSFY) dos destacados luchadores antifascistas y comunistas: el novelista Sinan Hasani y Fadil Hoxha. A partir de los 60 estos dirigentes intervienen en el verdadero renacimiento cultural y democrático que vivió Kosovo con la creación de la Universidad de Prishtina en 1970, de la Academia de Ciencias y Artes de Kosovo, con la renovación urbana de Kosovo y las inversiones para promover su industrialización.
En el Comité provincial de Kosovo 22 de sus miembros eran albaneses, en el Parlamento republicano de Serbia 38 de los 55 diputados eran albaneses de Kosovo, en el Parlamento de la RSFY 22 de los 34 diputados representantes de la provincia de Kosovo eran albaneses.
En 1944 se fundó el Partido Comunista de Kosovo que en 1952 se rebautizó como Liga de los Comunistas de Kosovo, sección de la Liga de los Comunistas de Serbia.
Fadil Hoxha, Héroe del Pueblo de Yugoslavia, presidente de la Asamblea de Kosovo y Sinan Hasani condenaron como "contrarrevolucionarios" los levantamientos nacionalistas en Kosovo en 1981 que desestabilizaron profundamente el socialismo yugoslavo y favorecieron el renacimiento de un nefasto nacionalismo serbio. Estos sucesos también fueron condenados por el entonces presidente de la LCY Azem Vladi.
En 1981 fue depuesto de su responsabilidad en sus cargos políticos el comunistas Mahmut Bakalli. En 1988 Vlasi fue detenido por "actividades contrarrevolucionarias". Lamentablemente ambos dirigentes se comprometieron realmente con la contrarrevolución al convertirse en asesores del general fascista Agim Çeku en 2001.
El dirigente albanés que se mantuvo fiel a la unidad federal Rahman Morina fue probablemente envenenado.
La contrarrevolución eliminó también a decenas de albaneses fieles a Serbia y Yugoslavia y forzaron al exilio a miles.
La memoria de grandes luchadores antifascistas como Fadil Hoxha, Kolj Siroka que en 1986 rechazó el nacionalismo serbio con apoyo de varios comunistas serbios, Xhavit Nimani, Riza Sapunxhiu y otros no desaparecerá y un día el pueblo albanés de Kosovo se unirá a los hermanos yugoslavos para echar al nuevo fascismo.

En Rusia todavía hay muchos que recuerdan a Luís Corvalán

Nikolai Troitski, RIA Novosti

En la década de los años 70, el legendario dirigente del Partido Comunista de Chile, Luis Corvalán, fue una de las figuras más populares en la Unión Soviética.

Bajo el lema "Libertad para Luis Corvalán", en la mayoría de las ciudades soviéticas se convocaron decenas de miles de manifestaciones de solidaridad en demanda de su libertad, y posteriormente, circularon no pocas anécdotas relacionadas con su liberación gracias a un canje por un disidente soviético famoso en Occidente.

En aquella época, Corvalán, había sido detenido tras el golpe militar perpetrado en 1973 por el general Augusto Pinochet, que ordenó la confinación del líder comunista a un campo de concentración en Chile.

Los líderes soviéticos lograron liberarle en 1976, cuando Corvalán fue canjeado en Zurich por el disidente soviético, Vladímir Bukovski, en medio de una sonada campaña internacional...

Hoy en día, este intercambio parece extraño e inexplicable, ya que entre Corvalán y Bukovski no hubo prácticamente nada en común, salvo el hecho de que ambos eran presos políticos.

Al respecto vale destacar que Corvalán recibió asilo en la URSS mientras que Bukovski no viajó a Chile, sino a EEUU para asentarse después en Gran Bretaña.

Está claro que la decisión sobre aquel intercambio fue tomada exclusivamente por Washington y la omnipotente junta militar encabezada por el general Pinochet sólo se limitó a cumplir de la forma más sumisa las órdenes impartidas por los patronos estadounidenses.

Este hecho histórico ayuda a explicar las causas y el desarrollo de los acontecimientos relacionados con el golpe de estado que se dió en Chile el 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende.

Porque no fue uno de los tantos escenarios dramáticos habituales en la historia de Chile, que sobrevivió no pocos golpes de estado, dictadores y juntas, como otros países latinoamericanos.

El golpe de Chile contra Allende fue una de las más batallas más sangrientas y enconadas de la Guerra Fría desencadenada entre los dos sistemas antagónicos, es decir, entre EEUU y la URSS.

Durante varias décadas, ambas potencias midieron sus fuerzas en todo el planeta. En 1973, terminó la guerra de Vietnam (1958-1975), con la derrota de los Estados Unidos, el retiro de sus tropas y la reunificación del Vietnam bajo el control del gobierno comunista.

El siguiente combate se libró en el territorio de Chile. Washington tomó la revancha, lo que causó miles de víctimas civiles.

Luis Alberto Corvalán Lepe, electo senador para aquel momento, fue una de las figuras más emblemáticas de la política chilena. Los comunistas ocuparon posiciones clave en el gobierno de Salvador Allende, algo inaceptable para EEUU más bien por razones geopolíticas que ideológicas.

La Casa Blanca no pudo dejar a Moscú reforzar su influencia en una región estratégicamente importante en el Hemisferio Occidental y apoyó el golpe de estado en Chile que no tardó en ocurrir.

La dictadura militar puso en peligro la vida de Luis Corvalán. El general Pinochet consideraba al partido comunista y a los movimientos marxistas sus principales enemigos a los que reprimió a fondo para impedir que se convirtieran en una amenaza al régimen dictatorial.

Así las cosas, el canje del comunista por el disidente, en esencia, salvó la vida a Corvalán.

A pesar de todo, el dirigente del Partido Comunista chileno continuó su lucha contra la junta militar pinochetista hasta cuando fue liberado del campo de concentración de la austral isla Dawson y trasladado a Moscú.

En 1983, fue sometido a cirugías plásticas para cambiar su apariencia física, tras lo cual, entró ilegalmente en Chile. Corvalán permaneció fiel a sus ideas, entre otras cosas, porque ya en 1975, su hijo había muerto en un centro de tortura.

En su patria, Corvalán vivió en la clandestinidad durante seis años, hasta la caída del régimen de Pinochet. Y en cierta ocasión, estuvo al borde de ser capturado, detalles que después narró en una entrevista:

"Estábamos reunidos en el barrio de La Florida cuando nos informaron que la policía registraba casa por casa en busca de sospechosos. Retiramos todos los documentos de la mesa y pusimos botellas, copas y comida... Me fui al aseo y dejé la puerta abierta. Al mirar por la puerta entreabierta uno de los policías me vio de espaldas y aturdido pidió disculpas y se marchó. Lo más importante fue dejar la puerta abierta, porque un hombre que es perseguido nunca lo haría", comentó Corvalán.

En 1989, tras el desmoronamiento de la junta militar, Luis Corvalán salió de la clandestinidad y varios años después, presentó la dimisión del cargo de secretario general del Partido Comunista chileno.

Durante los siguientes 21 años, Corvalán continuó su lucha por medio de sus libros. Lamentó mucho el colapso de la URSS, el país que le concedió asilo político y la libertad.

Corvalán fue uno de aquellos raros políticos que siempre fueron fieles a sus ideas, y así murió, como un verdadero comunista. Ahora, no es necesario comulgar con las ideas políticas de Luis Corvalán, pero es imposible ignorarlo, porque su vida marcó un lugar muy concreto en los anales de la Historia.

Tomado de RIA Novosti

Leer más: http://socialismo-solucion.blogspot.com/2010/07/en-rusia-todavia-hay-muchos-que.html#ixzz0uuF8kuWt

LOS NECIOS

1.

Militares golpistas de Honduras son invitados a la Conferencia de Defensa Latinoamericana sin importar el reingreso en la OEA

Resistencia

La reunión preparatoria para la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, realizada en Santa Cruz, Bolivia, resolvió invitar a Honduras como “una expresión de paz y solidaridad”, a pesar de estar en discusión todavía la readmisión del país en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Y sin considerar tampoco que las Fuerzas Armadas de Honduras ejecutaron el golpe de Estado de junio de 2009, junto a un grupo de empresarios y políticos; serán invitadas a la IX Conferencia para hablar de tres ejes que esa institución ha violentado: paz y conflicto en las Américas; democracia, sociedad y Fuerzas Armadas; además, de Defensa Nacional y desastres naturales. Se anticipan a explicar que aguardan a que la OEA "determine reintegrar a Honduras a su seno"; y en el caso de Cuba, la convocan en "calidad de observador".

Contrario a lo sucedido en Honduras, donde Estados Unidos es considerado actor principal en el Golpe, las autoridades de defensa bolivianas anunciaron que propondrán como "principio hemisférico la no agresión y no injerencia de otras potencias en actividades internas de los países".

Además de “prohibir la instalación de bases militares de fuerzas extranjeras” porque representan " un riesgo" para el país y para la región donde se instalan.

Estados Unidos instaló recién, siete bases militares en Colombia, en el segundo semestre de 2009, y estarían instalando dos nuevas bases militares en la región Caribe de Honduras.

Abordarán la trasparencia de los egresos militares de los estados. En Honduras, el presupuesto de las Fuerzas Armadas se incrementó sustancialmente después del golpe de Estado, y no se conocen informes nacionales de gastos.

La Reunión Preparatoria propuso a Uruguay como sede de la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que debe realizarse en 2012.

Desde 1995, la Conferencia Ministros de Defensa de las Américas se realiza cada dos años. La anterior, que acordó la sede para Bolivia en el 2010, se desarrolló en Canadá en 2008.

Fuente: http://www.resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&view=article&id=667:militares-golpistas-de-honduras-invitados-a-conferencia-de-defensa-latinoamericana-sin-importar-reintegro-en-oea&catid=91:internacionales&Itemid=256

2.

Guardias privados amenazan la vida de familias campesinas que avanzan a recuperar tierras denuncia Cofadeh

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa. 27 Julio 2010. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) circuló, hoy, una alerta internacional “urgente”, para pedir al régimen de Porfirio Lobo, que proceda a salvaguardar la vida de los campesinos y campesinas de la Empresa Asociativa de Isletas (EACI).

Cerca de 300 a 400 guardias de seguridad de la transnacional bananera, Standard Fruit Company (SFC), además de franco tiradores, dispuestos dentro del área, estarían apostados en actitud de ataque, a la espera de los campesinos, campesinas y sus familias, que se desplazan hacia esas tierras en su derecho a defenderlas, según la denuncia del campesino Ángel Hernández al Cofadeh.

Hernández, indicó a esa organización de derechos humanos, que unas 200 familias se aproximan a la zona de Copete Uno, en Isletas, departamento de Colón, con intención de recuperar dos mil 989 hectáreas de tierra, propiedad de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI), retenidas, en forma ilegal, por la transnacional Standard Fruit Company (SFC),

Según lo denunciado por la EACI, los campesinos mantienen acciones legales en los tribunales, pero éstas no progresan porque existe una “confabulación para torcer la justicia”, a fin de que la SFC, mantenga la posesión ilegal de esas tierras.

La utilización de guardias de seguridad para reprimir a la población, en este caso especial a los campesinos del departamento de Colón, constituye una grave violación a los derechos humanos, tal como lo establecen las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios.

El Grupo de Trabajo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, sobre la utilización de mercenarios, desde julio de 2005, recomendó a Honduras considerar ese respecto en el marco normativo e incluir esta formación en el entrenamiento a los empleados de las empresas privadas de seguridad, recordó el Cofadeh.

3.

Pese a la amnistía juez hondureño mantiene orden de captura contra Zelaya

Agencias

Un juez hondureño mantuvo las órdenes de captura contra el ex presidente Manuel Zelaya por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos y privados, pero retiró el de abuso de autoridad.

Este delito está enmarcado dentro de la amnistía política aprobada por el Parlamento de Honduras el 27 de enero.

El juez José Palacios dijo que firmó un auto judicial en el que suspende las acusaciones contra Zelaya por abuso de autoridad. Pero señaló que mantuvo las acusaciones por los delitos de fraude y falsificación, ya que no están incluidas en el decreto de amnistía. La resolución la firmó el pasado 30 de junio pero recién fue conocida ayer.

Zelaya fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando comandos militares lo arrestaron por orden de la Corte Suprema. Está acusado de delitos comunes por supuesta corrupción y por delitos políticos por pretender convocar a una consulta popular para decidir la convocatoria a una asamblea constituyente. Actualmente Zelaya se encuentra en República Dominicana en condición de invitado del gobierno de Leonel Fernández.

4.

Honduras. La crisis 1990-2010 en la perspectiva histórica.

Miguel Cáceres Rivera y Sucelinda Zelaya [1]

Aclaraciones necesarias

Las crisis de reproducción generacional constituyen el eje de análisis de la presente reflexión. Son los referentes para la comprensión de las tres crisis políticas que han acontecido en los últimos ciento diez años. La comprensión de las dos crisis de reproducción y políticas anteriores permiten un mejor entendimiento de la crisis 1990-2010, en cuyo contexto ocurre el golpe de estado ejecutado contra Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009.

El análisis se circunscribe al rol de los factores internos que participan en la génesis, desarrollo y solución de estas crisis. Deliberadamente se omite la incidencia de los factores externos políticos y económicos (la incidencia de los EUA y el crimen organizado, inclusive), más por razones de simplificación y no por otorgarles menor importancia.

La primera crisis

En los últimos 110 años se han sucedido tres crisis de reproducción generacional. La primera durante el primer tercio del siglo XX, la segunda entre finales de los 1950 y mediados de los 1970 y la última del decenio de 1990 a la primera década del XXI, aún sin resolver.

Desde el último quinto del siglo XIX y ya para la década de los veinte del siglo XX la producción bananera se logra constituir en el eje del proceso de acumulación nacional desplazando de ese rol a las actividades minero-ganaderas. Las posibilidades de acumulación basadas en una producción bananera de pequeña escala que habría dado lugar a una distribución homogénea y equilibrada de los beneficios entre una amplia masa de productores nacionales, a la manera de la caficultura costarricense, se ve frustrada por la configuración del oligopsonio y oligopolio bananero de origen extranjero posibilitado por las concesiones gubernamentales.

Con la crisis de viabilidad como eje de acumulación del modelo minero-ganadero se limita el crecimiento económico de la clase social correspondiente que busca en la toma del poder y la apropiación de los fondos públicos una forma de compensar esa limitación. La lucha bipartidista por la toma del poder y los frecuentes golpes de estado se tornan así en crisis de ingobernabilidad política. Los conflictos armados que le son consustanciales reducen la producción y el consumo de alimentos (crisis alimentaria) de la población y por esta vía se desacelera su ritmo de crecimiento (crisis demográfica). Como los campesinos constituyen el grueso de la población, la crisis demográfica deviene fundamentalmente crisis de reproducción generacional de los campesinos.

Geográficamente la crisis de reproducción se localiza en el área no bananera constituida por 12 de los 17 departamentos que a la sazón forman el país. Francisco Morazán, donde se ubica la capital, sede del gobierno, y los departamentos de El Paraíso, Choluteca, Valle, Olancho, Lempira e Intibucá integran el espacio de mayor intensidad de esta crisis, ya porque son escenarios de los sucesos bélicos, porque forman parte de las rutas de guerra o porque son áreas de reclutamiento. El área bananera (Cortés, Yoro, Atlántida y Colón) escapa de la crisis y, por el contrario, es nicho de una fuerte dinámica económica asociada con la producción bananera y un activo crecimiento poblacional.

En respuesta a la crisis surge la dictadura de Tiburcio Carías Andino que cuestiona la ingobernabilidad bipartidista acabando con las guerras por la toma del poder. Se crea así un ambiente de seguridad productiva en que se reactiva la producción agrícola-alimentaria, se habilita un mayor consumo de alimentos y se reanima el crecimiento demográfico. El proyecto gubernamental del Cariato en que se sustentan estas acciones para enfrentar la crisis se basa en un diagnóstico y una visión de país clara e intencionalmente formulada.[2]

La restauración y crecimiento económico que estimula la dictadura no implican la rehabilitación del modelo minero-ganadero como eje de acumulación. En cambio, se consolida la base de la producción cafetalera de pequeña escala que mejora sensiblemente las condiciones de vida de las familias involucradas y que se configura unos pocos años después en el eje de acumulación agrícola alternativo al banano.

La mejora del ingreso per cápita de la población del área no bananera y de su capacidad de compra fundamenta el impulso que cobra la actividad industrial, impulso que favorece el ascenso, para ese entonces, de la actual élite empresarial al escalón industrial, desde la actividad comercial que venía desarrollando. Con la autoconciencia de su contribución económica a la producción del país y de su posición en la escala social, esta clase industrial demanda y proclama para sí una cuota del poder político hacia fines de los cuarenta, justo en el momento en que se inicia la apertura democrática después del período dictatorial de Carías.[3]

La dictadura resuelve la crisis de reproducción generacional campesina dentro de los parámetros del sistema económico.

La segunda crisis

La segunda crisis de reproducción generacional es también campesina. Se gesta desde finales de los 1950 básicamente por las dificultades de acceso a la tierra que tienen las familias campesinas debido a la concentración que de ella hacen los latifundistas ganaderos (remanentes del modelo minero-ganadero), las empresas bananeras y otras grandes empresas de corte agrícola. La recuperación del ritmo de crecimiento demográfico que posibilita la gestión económica del Cariato contribuye a la gestación de la crisis al aumentar la densidad poblacional como elemento de presión sobre la tierra. El uso de tecnologías de baja capacidad de producción de alimentos por unidad de superficie de tierra se agrega como factor incidente así como las limitaciones de acceso de los campesinos a recursos financieros para inversión.

El problema de la crisis encuentra dos salidas. La mayor parte de la generación campesina que no logra reproducirse como tal en el área rural debido a los factores enunciados migra hacia los centros urbanos. Allí logran reproducirse socialmente bien como obreros de la industria, bien como trabajadores por cuenta propia en el sector servicios (que juegan a su vez un papel de mano de obra de reserva para la industria). Esta salida a la crisis de reproducción generacional campesina resulta muy provechosa para la industria. La llegada de los migrantes rurales a las ciudades es abastecimiento de mano de obra desde la perspectiva de la producción y ampliación del mercado de compra para los bienes industriales desde la perspectiva del consumo. Ello fortalece la posición de la industria en el país. Para principios de los 1960 la mayor dinámica de empleo corresponde a este sector. La industria supera a la agricultura campesina, a la agricultura empresarial y al sector urbano informal en la generación de nuevos empleos. El fortalecimiento del empresariado industrial es correlativo a esta dinámica.

El Estado fomenta el desarrollo industrial subsidiando al empresariado. El subsidio a la producción industrial subsidia la competencia de rubros que desplazan del mercado productos equivalentes de manufactura campesina. Este desplazamiento es otro factor causal de la crisis de reproducción campesina. El Estado al subsidiar al empresariado industrial contribuye a destruir fuentes ingreso y conspira contra la reproducción campesina. La política de fomento industrial es de naturaleza clasista.

La otra vía empleada por los campesinos es la migración desde sus lugares de origen a otras áreas rurales, al inicio expandiendo individualmente la frontera agrícola y luego, a través de una acción organizativamente concertada, ocupando tierras detentadas por latifundistas ganaderos y grandes empresas agrícolas en los valles del país y fundamentalmente en los valles ubicados en el área bananera (Cortés, Atlántida, Yoro y Colón). Esta vía implica la persistencia campesina de reproducirse socialmente como campesinos y un cuestionamiento anti institucional, por un lado, a la propiedad privada de la tierra, que es la menos afectada, y, por otro, a la posesión ilegítima de tierras nacionales por parte de los ganaderos latifundistas y las grandes empresas agrícolas. Se trata en consecuencia de un cuestionamiento de fondo a la clase latifundista ganadera.

La crisis de reproducción campesina abarca toda el área rural del país, pero es más intensa en una región en que existe una fuerte coincidencia con el espacio en que funcionó el modelo minero-ganadero. Y esa intensidad es aún más crítica en el cordón que fronteriza con El Salvador y en la zona sur (Choluteca y Valle), sitios de donde proviene el grueso de la generación de migrantes anti institucionales cuya reproducción pasa por el trastocamiento de la base fundiaria del poder económico de los latifundistas ganaderos y de su decisiva incidencia política.

La movilización migratoria rural-rural con fines de reproducción y los trastocamientos correspondientes constituyen, como fenómeno, el fundamento de la reforma de la tenencia de la tierra impulsada por los campesinos sin tierra y legitimada por el decreto # 8 y la ley de reforma agraria, decreto # 170. La reforma de la tenencia es la columna vertebral del proyecto reformista del primer quinquenio de los años 1970 y consecuentemente los campesinos sin tierra migrantes vienen a ser la clase social eje de ese proyecto.

El proyecto reformista logra expresarse en un Plan Nacional de Desarrollo que contiene un diagnóstico y una visión de país implícita.

La reforma de la tenencia de la tierra empujada por la clase eje consigue resolver la crisis de reproducción de todos aquellos que logran tener acceso a la tierra. La tierra conquistada les otorga capacidad de generar ingresos y capacidad de compra. La capacidad de compra de los miles de campesinos ahora con tierra favorece la demanda de productos industriales y expande las transacciones comerciales. El acelerado y fuerte desarrollo económico de amplios espacios de la zona bananera en que se concentran las tomas de tierra y las acciones de reforma agraria es ejemplo del impacto de la capacidad de compra habilitada, especialmente en la parte del Aguán.

Todo esto refuerza el desarrollo de la industria y es muy funcional al proceso de consolidación del empresariado correspondiente que también recibe del proyecto reformista los beneficios del financiamiento externo en que la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) sirve de aval y del entrenamiento de la mano de obra con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Su participación en el proyecto reformista, sustentado en una alianza entre diversas clases sociales, no es entonces gratuita.

Por otra parte, la ejecución de las reformas por parte de los militares está muy relacionada con la participación del empresariado industrial en el proyecto reformista y por los vínculos entre ambos actores. La distancia tomada por los partidos tradicionales liberal y nacional respecto del proyecto reformista tiene un doble sentido. Son instancias copadas directamente o través de sus afines por latifundistas ganaderos. Entonces, por un lado, no son proclives a reformas de tenencia de la tierra y, por otro, no son aún instrumento controlado por el empresariado industrial. El bipartidismo no es entonces funcional al proyecto reformista, los militares sí.

Con la reforma estructural de la tenencia de la tierra y sus efectos posteriores se sella el desplazamiento de los latifundistas ganaderos a una posición secundaria respecto del empresariado industrial. Si su importancia económica relativa había venido declinando desde décadas atrás, de ahora en adelante se irá reduciendo cada vez más la incidencia política relativa de las cinco a seis familias de tradición latifundista enlazadas entre sí que venían manejando el aparato estatal desde la independencia y a través del sistema bipartidista.

La segunda crisis de reproducción campesina se resuelve cuestionando y trastocando supuestos básicos del sistema económico y agrario: la propiedad privada y la posesión ilegítima de tierras nacionales. También se resuelve de modo muy funcional para el empresariado industrial, consolidando su poder económico y su poder político al favorecer el desarrollo de la industria y al desplazar políticamente a un plano secundario a los latifundistas ganaderos como grupo de poder, respectivamente.

La tercera crisis

La tercera crisis de reproducción arranca en la década de los noventa y se inserta en la primera década del siglo XXI. Su cobertura poblacional y geográfica es muy amplia. Los problemas de reproducción con mayor o menor profundidad cubren a casi todas las clases sociales del país. Es crisis rural y neurálgicamente urbana si se atiende a la relación población en crisis de reproducción por km².

Tiene tres fuentes. Una, un crecimiento insuficiente de nuevos empleos y autoempleos, sobre todo adecuadamente remunerados o autorremunerados; dos, la sustracción continua y creciente de ingresos del resto de las clases sociales por parte de la élite empresarial a través de mecanismos como la devaluación, el manejo monopólico de los precios de los combustibles, el manejo oligopsónico de los precios de los servicios de energía eléctrica y de la telefonía móvil y las altas tasas de interés; y, tres, una exacción constante y progresiva de ingresos a la población por parte del Estado por la vía de los impuestos en general y particularmente del impuesto de venta y del impuesto a los combustibles.

Se trata de un círculo en que la masa nacional de ingresos por empleo y autoempleo, ya insuficiente por si, es diezmada por la élite empresarial y el Estado, disminuyendo así la capacidad adquisitiva de bienes de consumo de las familias y contrayendo la demanda dirigida a las empresas. Esta contracción afecta el crecimiento de las empresas y el ritmo de crecimiento de nuevos empleos y autoempleos, retroalimentando así la crisis de reproducción generacional. La evidencia más palpable de este problema es el poco más de un millón de jóvenes de composición social diversa que emigran del país en busca de empleo, casi un tercio de la población activa. La crisis de reproducción escinde geográficamente a las familias. Las remesas familiares de los emigrantes postergan la erupción de la crisis y además devienen en provecho de los bancos de la élite por el alto cobro del servicio de transferencia de las partidas familiares, una exacción más.

El Estado hondureño hereda de la época reformista una deuda externa constituida en buena parte por la deuda del empresariado industrial no pagada y asumida por la CONADI en calidad de aval. Para pagarla, y a partir de los noventa, eleva los impuestos para agenciarse de mayores ingresos y devalúa la moneda para disponer de una afluencia mayor de los dólares en que debe cancelarse la deuda. Se asume que la devaluación estimula una mayor producción de exportación que aumenta el ingreso de dólares. Crece así la producción agrícola de exportación no tradicional y la maquilera.

Al incrementar los impuestos el Estado hondureño sustrae del resto de la población ingresos para pagar la deuda que corresponde al empresariado industrial. De esta forma le transfiere ingresos equivalentes al monto de la deuda y sus intereses o, lo que es lo mismo, ahorrarle lo que habría correspondido al pago de sus compromisos financieros.

La devaluación es otra acción estatal de igual naturaleza que incrementa los ingresos de los exportadores y los bancos a costa de la reducción equivalente de la capacidad de compra que, por medio de la inflación, sufren los salarios de los obreros, los ingresos de los campesinos y trabajadores por cuenta propia del sector servicios (autorremuneración de mano de obra y ganancias de producción), las ganancias de los micro y pequeños empresarios agrícolas industriales y comerciales y los sueldos y honorarios de los profesionales de nivel secundario y universitario. También la inflación afecta el fondo para la reposición de los bienes de capital de las empresas. Esta transferencia de ingresos deteriora, en el primer caso, las condiciones de vida de las familias y su capacidad de reproducción generacional, y en el segundo, pone en precario la supervivencia de las empresas y su capacidad como unidades productivas de generar ganancias y empleo. La situación de las empresas se agrava al enfrentarse a tasas de interés más altas si tienen que acudir al financiamiento bancario para la reposición de sus bienes de capital, alza que la lógica de los bancos fundamenta en al aumento de la inflación provocada por la devaluación de la que son beneficiarios.

Un tercer momento de la crisis de reproducción asociada a la sustracción y exacción vía precios es la transferencia estatal de los servicios de telefonía móvil y de energía eléctrica a la élite empresarial. Se omiten intencionadamente nuevas inversiones en la HONDUTEL y la ENEE y se genera una imagen de incompetencia para que el público vea con beneplácito la asunción de esos servicios por parte de la élite. En su poder, el cobro del servicio de energía eléctrica generada por sus plantas termoeléctricas, con una de las tarifas más altas de Centroamérica, drena recursos del público a través de la ENEE y, además, la coloca en condiciones financieras deficitarias que apuntan al objetivo estratégico de absorber finalmente la empresa estatal.[4] Las sobrevaloradas tarifas de telefonía celular constituyen otra vía de drenaje de los recursos del público hacia la élite.[5]

El notable crecimiento de la maquila, de los bancos, [6] de los servicios de telefonía móvil y energía eléctrica, de las exportaciones agrícolas no tradicionales y de ciertas macroempresas industriales define y pone de relieve un nuevo eje de acumulación que implica un encadenamiento de inversiones agrícolas, industriales y/o terciarias que maneja la élite empresarial y en el que se sustenta su actual poder económico y político. Es la élite nacida de una matriz originalmente comercial y luego industrial y para cuya génesis y consolidación las soluciones a las dos crisis de reproducción anteriores le han sido altamente provechosas, funcionales o redituables. Es la élite que en el proceso de afianzamiento de su hegemonía económica crea la actual crisis de reproducción generacional.

La crisis económica de reproducción generacional da lugar a una crisis de fe en los partidos políticos y el Estado, que han sido muy funcionales al crecimiento de la élite empresarial y al funcionamiento del nuevo eje de acumulación que fundamentan la crisis de reproducción. Da lugar a la crisis de reproducción de los partidos políticos: la tasa de crecimiento de los partidos queda muy rezagada con respecto a ritmo de crecimiento de los jóvenes que anualmente adquieren su calidad de ciudadanos. Alrededor de la mitad de los ciudadanos no tiene definición partidaria y el abstencionismo llega a un poco más de la mitad de la población electora. Se trata de una crisis de representación, de la crisis del sistema excluyente de democracia representativa que es crisis de credibilidad institucional y de legitimidad social que se ancla en la crisis de reproducción generacional.

Manuel (Mel) Zelaya Rosales, procedente de la clase latifundista ganadera desplazada en los 1970, asciende a presidente con un margen de votación cercano a un cuarto del total de la ciudadanía electora y, por consiguiente, con un bajísimo grado de legitimidad social. En el transcurso de su gestión la amplia considerablemente merced a que pone en práctica (más por espontaneidad e intuición política que obedeciendo a un plan de gobierno preelaborado), dos tipos de medidas económicas: por un lado, unas orientadas a estabilizar, reducir o impedir que aumente el costo de vida de la gente y, por otro, aquellas que buscan mejorar el ingreso de las personas.[7] Entre las primeras está el control de los precios de los combustibles (mediante la regulación del margen de intermediación y por medio del subsidio al precio de los combustibles) y la reducción de las tasas de interés para los préstamos de construcción de viviendas; entre las segundas, está el importante aumento que decide al salario mínimo. Zelaya aborda éstas y otras soluciones al problema de la crisis de reproducción.

Esa mayoría de personas afectada por los impactos adversos del nuevo eje de acumulación lo forma la élite empresarial durante el proceso de su consolidación y enriquecimiento. A esa mayoría la identifica y la unifica un padecimiento común. Tan diverso en su composición social ese contingente es parto de la élite. En las medidas económicas emprendidas por Zelaya Rosales, ese contingente encuentra soluciones comunes que establecen un lazo de identidad entre sus elementos constitutivos, por una parte, y frente a Zelaya, por otra, en una progresiva y paulatina dinámica líder-masa.

Las medidas económicas que de un lado son alivio a la crisis de reproducción, son percibidas por la élite empresarial como amenazas al proceso de acumulación y, por tanto, a si misma. Dentro de esa percepción, la amenaza se extrema con la propuesta de Zelaya de instalar una asamblea constituyente que se presume modificaría las reglas del juego que jurídica y constitucionalmente respaldan la modalidad de operación de las actividades eje del proceso de acumulación que ha beneficiado a la élite empresarial. Una asamblea que a la vez cambiaría la forma y medios de participación política más allá de la tradicional mediación de los partidos que han sido altamente funcionales a la élite. Elite y partidos se autoperciben entonces amenazados, fraguan el golpe de estado y lo ejecutan haciendo uso de los poderes judicial y legislativo y del ejercito. Reaccionando frente al golpe se visibiliza políticamente la mayoría afectada por el modelo de acumulación e identificada con las medidas económicas, emergiendo a las acciones de lucha que se emprenden contra el golpe.[8] De la variada composición social de esa mayoría deriva la tan marcada heterogeneidad social del movimiento de resistencia.

Dos percepciones políticas básicas alimentan este movimiento de dilatada estratificación social. Una que ve en la coyuntura antigolpe las posibilidades de modificar las características fundamentales del sistema económico. Otra que concibe las actuaciones del movimiento dentro de los parámetros del sistema. Dentro de esta última hay dos vertientes: una que se congrega en torno a Zelaya Rosales como su líder y otra que se constituye en reacción a la conculcación del derecho de soberanía popular implicada con el golpe. Con todos los matices posibles entre estas posiciones básicas el espectro político del movimiento es amplio. Une a todas estas posiciones y matices el consenso alrededor de la necesidad de medidas económicas antimodelo de acumulación y la necesidad de un esquema de participación más abierto y con mecanismos de democracia directa.

El golpe de estado escinde a la sociedad hondureña y a sus instituciones y polariza las percepciones, opiniones, actitudes y acciones de la población. La fuerte caída de la actividad económica es una de sus repercusiones más evidentes y graves. Agudiza en consecuencia la crisis de reproducción. El golpe como violación al derecho de soberanía popular agrava las crisis política, de credibilidad institucional y de representación. Y a un año de ese golpe no se advierten soluciones posibles.

La solución a la crisis de reproducción pasa necesariamente por el cuestionamiento y trastocamiento de la lógica y esquema de funcionamiento del actual modelo de acumulación y, por consiguiente, del poder económico y político de la élite empresarial, mientras que la solución a la crisis de participación pasa necesariamente por el cuestionamiento y trastocamiento del modelo político de democracia representativa.

Tegucigalpa, Honduras, 02 de julio de 2010.

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[1] Economista e historiadora hondureños. Investigadores asociados de la empresa consultora NYSA S. de R.L.

[2] El diagnóstico y la visión de país del proyecto gubernamental se encuentran contenidos en la novela La Heredad escrita por Marco Carías Reyes, sobrino del dictador. Ver Zelaya Sucelinda. Diagnosis y visión de país de la dictadura de Carías. En prensa.

[3] Un desarrollo amplio de todo el proceso de la crisis y de sus solución se encuentra en Miguel Cáceres Rivera y Sucelinda Zelaya Carranza. Honduras. Seguridad productiva y crecimiento económico: la función económica del gobierno de Tiburcio Carías Andino en Anuario de Estudios Centroamericanos Vol. 31, agosto, 2005, págs. 49-91.

[4][4] Además, el déficit es adjudicable también a que las grandes empresas de la élite y otras más no estilan pagar su alto consumo de energía eléctrica. Parte de la reacción adversa hacia Manuel Zelaya Rosales radica en que durante su gestión gubernamental les obligó a cancelar la deuda eléctrica con la ENEE. Personalmente hizo el cobro junto con su gabinete ministerial.

[5] Aparte del alto precio del servicio y de los teléfonos, las empresas de telefonía móvil inician sus operaciones haciendo un doble cobro: paga el que hace la llamada y paga también el que la recibe. Adicionalmente, cobran por el servicio de consulta del cliente y éste pierde el saldo prepago si en un plazo estipulado, extremadamente corto, no llega a hacer uso total del valor prepagado.

[6] El servicio de tarjetas de crédito proporcionado por los bancos ha sido altamente cuestionado por la fuerte exacción de dinero que han significado para los usuarios las altas tasas de interés cobradas a los saldos remanentes y la suerte de recargos adicionales aplicados. Para ello contaron con la sucesiva y constante connivencia del poder legislativo.

[7] Para una descripción pormenorizada de estas medidas y sus implicaciones ver Miguel Cáceres Rivera. Carta a un amigo hondureño que está lejos (Sobre el golpe de Estado en Honduras). 04/07/2009, en http://alainet.org

[8] No todos los integrantes de esa mayoría vulnerada por el modelo de acumulación son solidarios con este proceso. Una fracción de ella, no obstante haber recibido los beneficios de las medidas económicas aludidas, subjetivamente es influenciada por la adversa, nutrida, intensa y cotidiana publicidad desplegada contra la gestión de Zelaya Rosales por los medios de comunicación manejados por la élite empresarial. Esa campaña es asesorada por entidades paraestatales del gobierno de EUA como parte de una estrategia desarrollada en aquellos países de América Latina que son percibidos como puntos neurálgicos.

5.

Seis trabajadores muertos en las protestas contra el gobierno

Panamá prohíbe por ley el derecho a huelga

Torge Löding

Diagonal

El Gobierno conservador de Panamá ha aprobado una ley que prohíbe la huelga y elimina la necesidad de estudios de impacto ambiental en los proyectos de las transnacionales en el país.

“No es un movimiento de los partidos de oposición contra una ley, sino de la población en resistencia contra la política que hemos sufrido en el último año”, dijo Olmedo Carrasquilla, periodista de Radio Temblor. Panamá vive una sucesión de huelgas y manifestaciones cuyo detonante fue la aprobación el 16 de junio de la llamada Ley 30 por parte del Gobierno conservador de Ricardo Martinelli, de Acción por el Cambio. Esta ley se ha impuesto “en sólo tres días, sin debate, y con la argucia legal de modificar una ley sobre aviación comercial, con la intención de pasar desapercibida ante la opinión pública”, dice Silvestre Díaz, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso).

La Ley 30 desmantela el derecho a la huelga y a la libre sindicación en las empresas privadas y niega el derecho de reunión de los trabajadores. Además, la nueva norma elimina la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental en las obras que el Estado considere que sean de interés social. El presidente de Panamá, tras la aprobación de esta polémica ley, declaró que el país está listo para la inversión extranjera. “En pocas palabras, es un atentado contra los derechos sociales y ambientales en nuestro país”, señala Díaz.

Durante el mes de julio, trabajadores y estudiantes se han echado a la calle para pedir la derogación de esta nueva normativa. El 13 de julio se llevó a cabo una huelga general que tuvo un gran seguimiento en todos los sectores. Según la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, integrada por diversas organizaciones sindicales y sociales, “la huelga fue un éxito en sectores como la construcción, donde paró el 95% de los trabajadores, el 80% de los maestros pararon y en la universidad se alcanzó el 95%. Organizaciones sindicales han denunciado la violencia con la que reaccionaron los antidisturbios, los centenares de manifestantes detenidos durante la jornada de lucha y los arrestos posteriores.

Seis muertos en las protestas

Las primeras movilizaciones contra el derecho de huelga se llevaron a cabo en la región bananera de Bocas del Toro, zona fronteriza con Costa Rica. Allí las manifestaciones han dejado un saldo de seis muertos. Los trabajadores del banano apoyaron la huelga general con una marcha, a pesar de la decisión de suspender el paro de nueve días, que habían mantenido, y que tuvo a toda la provincia incomunicada. “No fue una decisión fácil, pero hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno. Van a postergar los artículos más polémicos de la ley” dijo un representante sindical. El actual movimiento contra la Ley 30, que agrupa a trabajadores de diferentes sectores industriales, estudiantes, campesinos e indígenas (como el pueblo Naso, con tradición en la resistencia contra las multinacionales), cuenta con una fuerza que no se había visto desde hace muchos años en Panamá.

Sin oposición parlamentaria

Ricardo Martinelli, de la conservadora Alianza por el Cambio, llegó al poder tras las últimas elecciones generales de mayo de 2009. Arrasó entre el electorado (70% de los votos) con la promesa de liderar el país “como un supermercado”. Martinelli es un multimillonario, dueño de una cadena de supermercados. Mientras, la izquierda no cuenta con propuestas, como tampoco las tiene la ex candidata del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, que no tiene una posición izquierdista, exiliada en el extranjero. Por su parte, el anterior presidente, Martín Torrijos, del mismo partido, hijo del dictador Omar Torrijos, está envuelto en numerosos escándalos de corrupción. La situación social en Panamá es una bomba a punto de estallar. Martinelli lo sabía desde el principio y, por eso intentó desviar la atención con un discurso de mano dura contra los pequeños ladrones y a favor de la criminalización de organizaciones sociales. “Martinelli es el Fujimori de Panamá”, dice Díaz de Frenadeso. El presidente nunca se ha desmarcado de sus ideas. Su primera visita oficial como jefe de Estado fue a Italia para reunirse con Silvio Berlusconi y con el Papa. Se dice que entre sus ministros se encuentran varios miembros del Opus Dei, como el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, que elogió el “comportamiento sensato” del ejército hondureño durante el golpe en junio 2009.

Durante la manifestación, la represión de la policía y los antidisturbios en la calle ha sido desmesurada. De momento, la única razón por la que todavía no ha salido el ejército en defensa de la oligarquía es que Panamá tuvo que disolver sus fuerzas armadas cuando EE UU les transfirió el canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999, como estaba previsto en el Tratado Torrijos-Carter de 1977. Por eso los gobiernos de este país, para afrontar una situación de “desorden público”, han apostado por la militarización de las fuerzas policiales (como se ha hecho en el país vecino Costa Rica que disolvió su ejército en 1948). Sin embargo, “la resistencia sigue a pesar de toda la opresión”, señala Silvestre Díaz. Entre los detenidos políticos de los últimos días se encuentran activistas de Frenadeso que no han participado en ninguna marcha. Según Díaz, la policía entró en sus casas arrestándoles con el pretexto de “participar en una reunión para paralizar el Canal de Panamá”.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Panama-prohibe-por-ley-el-derecho.html

LOS NECIOS

1.

FMLN rechaza reingreso de Honduras a la OEA

San Salvador, 24 jul (PL) El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de El Salvador, rechazó la reincorporación de Honduras a la OEA mientras continúen las violaciones de los derechos humanos en ese país.

Medardo González, coordinador general del FMLN, declaró que el reintegro a ese organismo debe darse cuando las autoridades garanticen el regreso al país al ex presidente Manuel Zelaya y se respeten las prerrogativas ciudadanas.

Zelaya fue secuestrado en su residencia por militares encapuchados y llevado a la fuerza a Costa Rica el 28 de junio de 2009.

Tres meses después logró entrar de manera sorpresiva al país, donde permaneció alojado en la embajada de Brasil hasta su salida a República Dominicana, en enero pasado.

"El golpe de Estado que rompió el orden democrático en la región aún está fresco y no se puede obviar ese hecho tan nefasto", dijo el coordinador del FMLN, partido que llevó al poder al presidente Mauricio Funes.

Durante una cumbre celebrada esta semana en El Salvador, cuatro presidentes del istmo se pronunciaron por el regreso de Honduras al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), lo cual fue rechazado por Nicaragua.

La decisión no toma en cuenta que en esa nación aún se cometen graves violaciones a los derechos humanos y el quiebre constitucional no ha sido juzgado ni sentenciado, dijo el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega.

Sin la participación de Nicaragua la decisión carece de validez porque, según las normas del SICA, los acuerdos deben ser aprobados por unanimidad.

En un comunicado emitido en ocasión de la cumbre, el Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras también rechazó de manera rotunda el retorno del país a los mecanismos regionales e internacionales.

El Frente, que agrupa a organizaciones populares, políticas y a intelectuales, advirtió que un año después de aquellos sucesos las estructuras golpistas están intactas y los autores de los crímenes gozan de total impunidad.

Por otra parte -señaló- no existen condiciones mínimas para el retorno de Zelaya, ni de otras 200 personas obligadas a vivir en el exilio por la persistencia de las amenazas, persecuciones e intimidaciones en su contra.

El movimiento de resistencia, surgido a raíz del golpe de Estado, sindicó a Estados Unidos de ser coautor de la ruptura institucional y el principal impulsor del regreso de Honduras a la OEA y a otros mecanismos.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=208221&Itemid=2

2.

Honduras: golpear a los defensores de los derechos humanos para impedir que se haga justicia

Ida Garberi

Rebelión

“Aplicaron un plan de exterminio: arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Estaba prohibido recordar. Se formaban cuadrillas de presos. Por las noches los obligaban a tapar con pintura blanca las frases de protesta que en otros tiempos cubrían los muros de la ciudad. Pero la lluvia, de tanto golpear los muros, iba disolviendo la pintura blanca y reaparecían, poquito a poco, las porfiadas palabras”.

Eduardo Galeano

Kenia Oliva, abogada coordinadora del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH (Comité de los Familiares de los Detenidos Desaparecidos en Honduras) es una de las muchas víctimas de este golpe de estado cívico-militar: su único delito es tratar de no permitir las violaciones de los derechos humanos y defender la justicia a cualquier costo.

Quise escuchar Kenia porque me preocupa esta persecución de los verdaderos abogados, de los que no se doblan a las opresiones del gobierno de facto: el 20 de julio de 2010 asesinaron en modo salvaje el valiente abogado del Frente de Abogados contra el golpe, Marco Tulio Amaya y el 21 de julio de 2010 asaltaron el carro de Kenia y le roban el ordenador.

Para mi, la Comisión de Verdad, impulsada por la Plataforma de los Derechos Humanos, está asustando los gorilas, ¡entiendo que es molesto pagar las consecuencias de acciones así horribles y violentas!

Pues, ¡para evitar el castigo hace falta mandar a callar quien está apuntando el dedo a los culpables o destruir engorrosas pruebas aplastantes!

En esta óptica, Kenia tuvo que soportar muchas violaciones de los derechos humanos, entre otra el peligroso destornillamiento de la llanta de una rueda de su carro, con el riesgo de matarse en un incidente mortal.

El 21 de julio de 2010, después de haber sido dos horas en los despachos del Fiscal, para controlar como están los muchos casos de denuncia de las violaciones de los derechos humanos y poner al día algunos casos (absurdamente, la Corte de Justicia de Honduras cierra por vacaciones 21 días al año!!!!), Kenia encontró su máquina abollada, con un vidrio roto, con todo el contenido del habitáculo desordenado, el baúl abierto, con los documentos botados por todos lados : el único objeto que faltó (otros de valor no fueron tocados) fue la computadora.

Subrayo que el carro fue aparcado delante de una tienda con un vigilante privado: ¿porque no vio nada?

¿Por qué solo el carro de Kenia fue asaltado, cuándo carros mas llamativos, estaban aparcados al lado del suyo no fueron tocados?

“Regresé en los despachos del Fiscal para denunciar el suceso, pero puesto que ya era el horario del término de la jornada laboral, no había nadie, tampoco en el despacho de emergencia”, me cuenta Kenia.

“Llamé enseguida el Fiscal con quien trabajé, Juan Carlos Griffin, que no se había ido todavía y que me tranquilizó, afirmando que inmediatamente habría mandado a alguien”, continuó Kenia.

Pues, abogado, una pregunta: ¿qué concepto usted tiene de “inmediatamente”?

Después de tres horas de espera, Kenia tuvo que irse de allí, cuando ya estaba obscuro y peligroso, y nadie había escrito su denuncia.

Kenia, así experimentó personalmente cuanto es difícil, en Honduras, en este momento, acceder a la justicia: el hecho mas absurdo es que tampoco entre colegas abogados existe una solidaridad de cuerpo.

Me permito de añadir que Kenia, laborando en un centro por la defensa de los derechos humanos es considerada por este gobierno golpista como una enemiga que obstaculiza su horrible impunidad.

En este momento, me acuerdo una frase de Franz Kafka cuando se preguntó, quién habría controlado los revisores de la ley: aquí en Honduras no existe absolutamente un control, los funcionarios del estado golpista pueden hacer absolutamente lo que creen impunemente, el ciudadano y la ciudadana son absolutamente desamparados y desamparadas, si no fuera por las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Propongo a Kenia de escribir una carta al presidente de facto, el Lobo vestido de oveja, para ver si puede ayudar, puesto que se cree primer ciudadano de la República… .pero llegamos a la triste conclusión que en realidad no tiene ningún poder concreto, ¡es solo un adorno de la Casa Presidencial, con la única función de empolvarse!

3.

Uribe: función de despedida

Atilio A. Boron

Rebelión

Incondicional peón del imperio, Álvaro Uribe se despide de la presidencia de Colombia con una nueva provocación: la denuncia de la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Ni lerdo ni perezoso el Departamento de Estado salió a respaldar sin reservas la acusación formulada por Bogotá en la OEA, alentado por la supuesta “contundencia” de las pruebas presentadas por Uribe que denuncian al gobierno de Hugo Chávez por permitir la instalación de campamentos de la FARC y la realización de diversos programas de entrenamiento militar de unos 1.500 efectivos de la guerrilla en territorio venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró con singular insolencia que “Venezuela ha mostrado una conducta desafortunada e insolente” con su vecino y amenazó que si ese país “no coopera, Estados Unidos y los demás países obviamente lo tomarán en cuenta". Hay que recordar que desde 2006 Estados Unidos incluye a Venezuela en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. En la misma línea se manifestó el Subsecretario Adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, declarando que la denuncia hecha por Uribe era “muy seria”. Ambas declaraciones arrojan espesas sombras de dudas sobre las capacidades intelectuales de ambos funcionarios y, lo que es aún más grave, alimentan la sospecha de que por su afición a la mentira la calidad moral de ambos no parece ser demasiado diferente de la de Álvaro Uribe.

Es evidente que para los administradores imperiales cualquier cosa que convenga a sus intereses tratan de hacerla aparecer ante los ojos de la opinión pública como “seria y contundente”. Y son esos intereses los que movieron a la Casa Blanca a pedirle una última “prueba de amor” al gobernante colombiano pocos días antes de abandonar la presidencia. Como es de público conocimiento, el prontuario que la DEA, la CIA y el FBI han venido construyendo sobre Uribe por sus íntimas y prolongadas vinculaciones con los narcos no le permite al mandatario colombiano desobedecer ninguna orden originada en Washington, so pena de correr la misma suerte que el ex presidente panameño Manuel A. Noriega y terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos.¹ La disparatada denuncia de Uribe, un inveterado mentiroso, viene de perlas para impulsar la desestabilización que Washington quiere producir en vísperas de las cruciales elecciones venezolanas programadas para el 26 de septiembre y, a la vez, legitimar el impresionante programa de militarización que está imponiendo en América Latina, una de cuyas mayores expresiones ha sido la firma del tratado Obama-Uribe mediante el cual el país sudamericano cede al menos siete bases militares para uso de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Por eso los personeros del gobierno norteamericano simulan que consideran “serias y contundentes” las pruebas que respaldan la denuncia de Uribe, sabiendo que no tienen asidero alguno y que son puro palabrerío y montajes fotográficos. Pero las mentiras son parte del discurso oficial de Estados Unidos, elementos imprescindibles para rodear con un halo de legitimidad los designios del imperialismo norteamericano, y esto por varias razones.

Mentiras porque, en primer lugar, si las FARC controlan cerca del 30 % del territorio nacional (cosa que es archisabida en Colombia) no se entiende que sentido puede tener distraer nada menos que 1.500 hombres del teatro de operaciones, enviar a sus jefes a vacacionar en Venezuela y organizar 85 campamentos guerrilleros en el vecino país. Si hay un político que miente sistemáticamente en nuestra región -¡y hay muchos!- Uribe se lleva las palmas: es en la propia Colombia donde la crisis y putrefacción del estado oligárquico permite que amplias franjas de su territorio, especialmente en las zonas selváticas, estén contraladas por la guerrilla, los narcos y los paramilitares. Diversas autoridades ecuatorianas comentaron luego del ataque que las fuerzas colombianas realizaron en su territorio que Ecuador no limita al norte con Colombia sino con una tierra de nadie controlada por las organizaciones descritas más arriba. Con una necedad sin límites Uribe acusa a sus vecinos de no hacer lo que él ha dado sobradas muestras de ser incapaz de hacer: controlar su propio territorio. Cerrando los ojos ante esta realidad, Estados Unidos se monta sobre esta falaz denuncia para, desde allí, acosar al gobierno bolivariano por su falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, ocultando ante la opinión pública -¡con la complicidad de la “prensa libre”, por supuesto!- el molesto hecho de que el mayor exportador mundial de cocaína (y también de narcotraficantes) es la Colombia militarizada por Uribe y devenida gracias a su invalorable colaboración en un protectorado norteamericano. Ante semejante cuadro de descomposición política, denunciar que las FARC se instalan en Venezuela -¡y para colmo con el aval y la complicidad del gobierno de Hugo Chávez!- no pasa de ser una vulgar engañifa al servicio del imperio ; una acusación que carece por completo de entidad como para ser tomada mínimamente en serio. Es la calumnia que descerraja un personaje completamente inescrupuloso como Uribe. ²

En segundo lugar, ¿cómo olvidar que Uribe fue el hombre que mintió alevosamente cuando sus fuerzas, apoyadas por las de Estados Unidos, incursionaron en territorio ecuatoriano aduciendo que iban en persecución de una columna de las FARC? Las pruebas demostraron que los guerrilleros a los que supuestamente se perseguía luego de un enfrentamiento ocurrido en territorio colombiano estaban durmiendo -vestidos inclusive con pijamas- al momento de producirse el ataque y que, en consecuencia lo que tuvo lugar en Santa Rosa de Sucumbíos no fue un combate sino lisa y llanamente una masacre indiscriminada. Esta operación, realizada poco después de la medianoche del 1º de marzo del 2008, fue realizada con el apoyo logístico y material de los efectivos norteamericanos estacionados en la base de Manta, los únicos que disponían de la tecnología necesaria y de aviones capaces de efectuar un bombardeo de asombrosa precisión en plena selva y en medio de la más absoluta oscuridad. Una muestra más de la enfermiza afición de Uribe por la mentira fue la historia montada en torno a la famosa laptop de Raúl Reyes, que en un prodigio tecnológico sin precedentes sobrevivió indemne a un bombardeo que destruyó todo lo que había a su paso y cuyo disco rígido habría entregado valiosísima información sobre los profusos contactos de Reyes y las FARC con todos los enemigos de Uribe y Estados Unidos.³

Tercero, ¿cómo se le puede creer a un hombre que desde la presidencia de Colombia convalidó la acción de los paramilitares y del terrorismo de estado? El 16 de febrero de este año la unidad de “Justicia y Paz” de la Fiscalía colombiana publicó un informe en el que se revela que algo más de 4.000 paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en el período comprendido desde mediados de los ochenta hasta su “desmovilización” en 2003-2006. No sólo eso: la Fiscalía recibió además declaraciones de los paramilitares dando cuenta de 1.085 masacres, 1.437 reclutamientos de menores, 2.520 desapariciones forzadas, 2. 326 desplazamientos forzados y 1.642 extorsiones, además de 1.033 secuestros. Pese a este luctuoso record Uribe es considerado por sus mandantes en Washington como un campeón en la lucha por los derechos humanos.⁴ En relación a esto, si el ansiado TLC entre Colombia y Estados Unidos no ha sido todavía ratificado por el Congreso norteamericano es porque, tal como lo señala el conservador periódico colombiano El Tiempo, tan sólo en el año 2009 los paracos y las “fuerzas de seguridad” asesinaron a 40 sindicalistas, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo para ese tipo de actividad. Sobre un total de 76 dirigentes gremiales asesinados en todo el mundo, el 52 % de esos crímenes se perpetraron en un país al que Estados Unidos considera un ejemplar paradigma de la lucha por los derechos humanos y el combate al terrorismo. La Central Única de Trabajadores de Colombia informó pocos meses atrás que desde 1986, año de su creación, 2.721 activistas y dirigentes de esa organización fueron asesinados por las “fuerzas de seguridad.” ⁵ Pese a ello, las credenciales democráticas de Colombia jamás fueron puestas en duda por Washington.⁶

Cuarto, el denunciante es nada menos que el responsable intelectual y político de la masacre serial conocida con el nombre de “falsos positivos.” Tal como lo señalan distintas notas publicadas en Colombia por el Observatorio Latinoamericano, Cronicón, durante estos tres últimos años de gobierno de Uribe el balance es funesto. Se comprobó que el ejército, ante el acoso del gobierno para que mostrara resultados concretos en la lucha contra la guerrilla, diseñó y ejecutó un plan criminal: recorrer las comunidades y aldeas más pobres del país ofreciendo trabajo a la enorme masa de desocupados y reclutando a un elevado número de indigentes, campesinos indefensos y jóvenes marginados, que luego eran asesinados a sangre fría y hacer pasar sus cadáveres como pertenecientes a guerrilleros ejecutados en combate para cobrar la recompensa establecida por el gobierno u obtener estímulos o ascensos en su carrera militar. Según estimaciones muy conservadoras, estos crímenes de Estado, perpetrados cuando el futuro presidente de Colombia, Juan M. Santos era Ministro de Defensa, superan los mil setecientos casos.⁷ Otra faceta de esta criminal política mal llamada de seguridad democrática la brinda el hallazgo, dado a conocer el 16 de febrero del 2010, “de la mayor fosa común de la historia contemporánea del continente americano, horrendo descubrimiento que ha sido casi totalmente invisibilizado” por los principales medios de comunicación de masas en Colombia y en el mundo. "La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas, está en La Macarena, departamento del Meta…(y fue descubierta ) gracias a la perseverancia de los familiares de desaparecidos y a la visita de una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaba la situación de derechos humanos en Colombia, en diciembre 2009."⁸ Cabe añadir que esa zona había sido objeto de preferente atención por parte de las fuerzas armadas colombianas desde el 2005, con los nefastos resultados recientemente revelados.

Como ocurrió con todos los terrorismos de estado que asolaron la región en los años setentas del pasado siglo, los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus perpetradores tenían también un trasfondo económico. En el caso de la Colombia de Uribe, con su comparsa de sanguinarios esperpentos, entre las corruptas fuerzas armadas, los paramilitares y el narco se repartieron millones de hectáreas que en su desesperado éxodo dejaban tras de sí los campesinos desplazados por los bombardeos y masacres indiscriminadas a que estaban sometidos. Tal como lo expusiera Jomary Orteon Osorio, del Colectivo de Abogados de Colombia, en la conferencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU reunida en Ginebra a comienzos de mayo de este año, la cifra de los campesinos desplazados ascendería a 4.500.000 y sus tierras fueron luego transferidas, con gran provecho para los encargados de desalojarlos, a los terratenientes y el agronegocios, auspiciantes y cofinanciadores del paramilitarismo. En esa misma conferencia se estableció que pese a los “éxitos” del gobierno de Uribe el número de desplazados sigue creciendo a razón de 150.000 personas por año. El Ministro de Planeación de Colombia, Esteban Piedrahita Uribe, jefe de la delegación colombiana en esta conferencia, no desmintió las alegaciones antes formuladas y se limitó a decir que "hemos confiscado 2.000.000 de hectáreas a grupos criminales que se apropiaran ilegalmente de esas tierras y ahora la justicia va a decidir la devolución a sus verdaderos propietarios."⁹ En todo caso, hay que subrayar que el cálculo del número de hectáreas expropiadas en esta salvaje reedición del proceso de acumulación originaria que Marx describiera en su célebre capítulo 24 del primer tomo de El Capital está sujeto a fuertes controversias. Hay quienes sostienen que el número de hectáreas así transferidas asciende a 6 millones pero hay otros que fijan esa cifra en torno a los 10 millones. En todo caso, cualquiera que sea el número que finalmente se establezca más allá de toda duda, lo cierto es que la política de seguridad democrática si hay algo que efectivamente aseguró: la expropiación de la masa campesina y la apropiación de las mismas por el capitalismo agrario.¹⁰

Este es el hombre que hoy levanta su dedo acusador contra la revolución bolivariana. Es evidente que lo suyo es una maniobra más, dictada por los estrategas del imperio, para acosar al gobierno de Hugo Chávez y para legitimar la política del hard power (poder duro) a la cual parece haberse vuelto más afecto Obama que su ignominioso predecesor, pese a que en las declaraciones oficiales y en los escritos de algunos analistas cercanos a la Casa Blanca, como Joseph Nye, se hable con insistencia de las ventajas del soft power (poder blando, o la diplomacia tradicional) o el smart power (el poder inteligente, de la nueva diplomacia) sobre la brutalidad y elevado costo del primero. Sin embargo, el imperio insiste en el poder duro de su impresionante dispositivo militar: por eso las bases en Colombia; en Aruba y Curazao, a pocos kilómetros del litoral marítimo venezolano; las que se encuentran en El Salvador y en Honduras y, ahora, la autorización para introducir nada menos que 7.000 marines y toda clase de armamento, además de portaviones, helicópteros, buques anfibios, aviones de última generación, en la vecina Costa Rica. Por eso también la Cuarta Flota. El gobierno de Uribe cumple así un servicio de extraordinaria importancia para facilitar los planes destituyentes del imperialismo: incapaz de proteger su frontera de 586 kilómetros con Ecuador, a la que destina apenas 8 minúsculos destacamentos militares, y mucho más incapaz todavía de hacer lo propio en los 2.216 kilómetros que tiene la frontera colombo-venezolana, convertida en una zona liberada para narcos y paracos, trata por todos los medios de crear las condiciones que justifiquen la intervención militar norteamericana en América del Sur; en lo inmediato, mantener viva la tensión entre Colombia y Venezuela luego del recambio presidencial, evitar que Santos modifique la agenda de confrontación permanente con la revolución bolivariana instituida por Uribe y enlodar la cancha para que Chávez llegue desgastado y acosado internacionalmente a las elecciones de finales de septiembre. Preocupado por su futuro y agobiado por el espectro de Noriega pudriéndose en una cárcel gringa o de una querella planteada ante la Corte Penal Internacional, Uribe se esmera hasta el último día de su mandato para mostrar su total sumisión a los dictados de los imperialistas. Por eso es importante desenmascarar al denunciante, y exigir la pronta intervención de la UNASUR para desbaratar los planes de Washington en Nuestra América. Este no es un tema para la OEA (que además no supo desbaratar la provocación uribista) sino para la UNASUR, que será puesta a prueba con este incidente. Es de esperar que esta naciente organización de los países suramericanos actúe de inmediato, ya mismo, porque de lo contrario puede ser demasiado tarde para evitar las graves consecuencias de todo orden que tendría la consumación del proyecto belicista de los Estados Unidos, implementado por Washington y sus proxys latinoamericanos.

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4.

Gobierno Sandinista

Revertir el deterioro económico y social

Hedelberto López Blanch

Rebelión

Tras dos años y medio de haber retomado el control del país, el Gobierno sandinista está logrando revertir el deterioro económicos y social en el que dejaron a Nicaragua 16 años de regímenes neoliberales y pro estadounidenses.

Cuando en enero de 2007 los sandinistas, encabezados por el presidente Daniel Ortega retomaron el poder, encontraron una Nicaragua devastada por la pobreza, la insalubridad y la desatención social mientras sólo 12 familias acaparaban las riquezas del país.

Hay que hacer un poco de historia y recordar que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocó en julio de 1979, mediante una masiva lucha guerrillera, a la dictadura somocista que se había adueñado del país en 1936 mediante un golpe de Estado fraguado por Estados Unidos.

La familia Somoza (primero el padre, Anastasio Somoza García, y después sus hijos) era la mayor latifundista, a la cual pertenecía el 30% de las tierras. Entre los recursos que nutrían sus arcas aparecía el negocio de la cría de ganado con los respectivos mataderos, numerosas fábricas y recursos minerales. Era lógico que Nicaragua apareciera entre los países más pobres de América Latina.

Durante la gobernación del FSLN (1979-1990) y pese a la cruenta guerra que enfrentó, lanzada y organizada por Estados Unidos, se llevaron a cabo grandes campañas de alfabetización que alcanzaron a zonas remotas de su geografía, se estableció la atención médica gratuita y se inició una reforma agraria para beneficiar a las masas campesinas, entre otras medidas.

Al perder el Frente las elecciones generales debido al desgaste ocasionado por el conflicto y al bloqueo político y económico lanzado desde Washington, se sucedieron tres gobiernos de derecha que aplicaron y llevaron adelante las políticas neoliberales y de privatización diseñadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que provocaron graves afectaciones a los programas sociales antes instaurados.

El analfabetismo, que prácticamente se había erradicado con el sandinismo, afectaba en 2007 al 35% de la población y 800.000 niños se encontraban fuera del sistema escolar.

En ese mismo año, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) informó de que Nicaragua exhibía el índice más alto de desnutrición de Centroamérica con más de 1.400.000 personas, en su mayoría niños.

Los regímenes neoliberales (Violeta Chamorro 1990-1996, Arnoldo Alemán 1997-2001 y Enrique Bolaños 2002-2007) vendieron el país al mejor postor y dejaron al 80% de las personas en la pobreza, 45% en la indigencia, sin derecho a la atención médica ni a la educación.

En los 16 años, las compañías transnacionales se adueñaron de más de 350 empresas estatales, fundamentalmente las principales de los sectores financieros nacionales como la generación de electricidad, teléfonos, bancos, agua, construcción.

En solo 2 años y medio de haber retomado el poder, el FSLN ha logrado revitalizar la generación eléctrica en el país con la ayuda de Venezuela y Cuba (los apagones eran hasta de 16 horas diarias); la nación se declaró libre de analfabetismo después de una ardua campaña con la utilización del método cubano Yo Si Puedo.

Pese a los tiempos de crisis económica mundial, Nicaragua ha estado creciendo a un ritmo promedio de 2% del Producto Interno Bruto.

Asimismo, las exportaciones nicaragüenses aumentaron el 34,9% en el primer semestre de 2010 en relación con 2009, según indicó el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).

De enero a junio las ventas al exterior alcanzaron 1.006 millones de dólares, superior en 260 millones con respecto a igual período de 2009.

Aunque Estados Unidos continúa siendo el principal destino de sus exportaciones, Venezuela ya aparece en el segundo lugar al incrementarse sus intercambios en los dos últimos años, después de la entrada de Managua en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

En cuanto a los avances sociales, la salud se ofrece en forma gratuita a la población y en este mes el Gobierno inauguró 16 hospitales y policlínicas acondicionadas con equipos de alta tecnología.

Mediante la Operación Milagro, auspiciada por Cuba y Venezuela, miles de ciudadanos, sin costo alguno, han podido recobrar o mejorar la visión.

La operación Todos con Voz ha recorrido toda la geografía del país centroamericano para analizar, descubrir y atender a personas con discapacidad o cualquier otro problema de salud.

Numerosos son los esfuerzos económicos que ha realizado el Gobierno sandinista para sacar a su pueblo del enorme sitial de pobreza que le han dejado los regímenes coloniales, neocoloniales y neoliberales a lo largo de su historia.

No obstante, resulta sintomático que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante una declaración recientemente emitida por su Consejo Ejecutivo, pida (para no decir, exija) al “Gobierno de Nicaragua que resista las presiones para aumentar el gasto” y la organización se sienta “preocupada por el aumento de los salarios de los empleados públicos”.

Los tiempos han cambiado. Ya el Fondo no puede imponer políticas neoliberales a la usanza de los anteriores gobiernos neoliberales.

Nicaragua esta renuente a padecer la situación de principios de este siglo cuando el director de Proyectos y Capacitación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en 2008 la definió de la siguiente forma:

“La pobreza la vemos día a día, en la gente que llega a los hospitales públicos con altos niveles de desnutrición, cuando vemos que un millón de niños queda afuera del sistema educativo cada año, o un cuarto de millón trabajan en las calles, además de padecer una creciente explotación sexual de los menores".

Los comentarios huelgan.

5.

El asalto al Moncada o el reinicio de la Guerra Necesaria

Paco Azanza Telletxiki

Rebelión

No diré que los imperialistas yanquis y europeos son unos torpes crónicos, pero sí que el ansia de lucro y poder les convierte muy a menudo en individuos carentes de raciocinio. En Cuba, la oligarquía nacional y extranjera siempre tuvo mucha fuerza, cierto, pero fortaleza no es sinónimo de inteligencia. Cegados por su parásita codicia pusieron en serio riesgo el mantenimiento de sus inmensos e injustos privilegios, tanto que, por querer más y más, finalmente acabaron perdiéndolos todos. Los imperialistas y sus obedientes lacayos apretaron demasiado la soga alrededor del cuello de los oprimidos, y éstos, sencillamente, no tuvieron otra alternativa que recurrir, con éxito, al único método eficaz que les quedaba para alcanzar la soberanía de la nación y hacerse con las riendas de su propio destino: el reinicio de la Guerra Necesaria. A eso obedeció el asalto al Cuartel Moncada aquel 26 de Julio de 1953 cuyo autor intelectual, sabemos, fue José Martí.

Y es que todo maltrato tiene su límite. Existen maltratos soportables y maltratos insoportables. Si la población “maltratable” es maltratada con “moderación”, el maltratador podrá adquirir pingües beneficios económicos, y al maltratado difícilmente se le ocurrirá rebelarse contra el maltratador de forma decidida y contundente. Es decir, seguirá permitiendo el maltrato a cambio de las migajas que le permitan creer que vive a un nivel de vida más o menos aceptable. E incluso, en algunos casos, tendrá palabras de agradecimiento para su maltratador porque éste, “con su bondadoso y arriesgado esfuerzo me está dando de comer todos los días”. Pero, insisto, la parásita ambición de los históricos maltratadores es insaciable, y ésta no les permite ver más allá de sus propias narices; así está el mundo como está, que estallan conflictos por doquier todos los días.

La población cubana siempre fue extremadamente maltratada por la colonia española, primero, y por la neocolonia yanqui después. Por eso el pueblo cubano se rebeló repetidas veces contra el colonialismo español y el imperialismo yanqui. Con el grito de Yara -10 de octubre de 1868- se inició la Guerra de los Diez Años. Ésta finalizó tras la firma de un pacto indigno –el del Zanjón, 10 de febrero de 1878-, aunque un grupo de insurrectos, con Antonio Maceo a la cabeza, salvó la honra del pueblo con la protesta de Baraguá del 15 de marzo de 1878. Año y poco después, el 26 de agosto de 1879, la guerra Chiquita estalló en Santiago de Cuba. Ésta guerra la conocemos con el nombre de “Chiquita”, ya que fue la más corta de las tres desatadas durante la época colonial. Pero no lo fue tanto porque se combatió hasta 1881, y los muertos, heridos y prisioneros se acercaron a los 6.300. Aunque este intento no fructificó, sirvió para mantener vivo el espíritu de combate. Después, tras diecisiete años de “tregua fecunda” o “período de reposo turbulento”, el 24 de febrero de 1895, en Baire, estalló la ya mencionada Guerra Necesaria ideada por Martí. No por gusto, al cabo de la “tregua fecunda” el Apóstol dijo de Cuba que era “un presidio rodeado de agua”. Y anteriormente dejó escrito: “Para que la isla sea estadounidense no necesitamos hacer ningún esfuerzo, porque, si no aprovechamos el poco tiempo que nos queda para impedir que lo sea, por su propia descomposición vendrá a serlo. Eso espera este país y a eso debemos oponernos nosotros”.

Con Martí y Maceo caídos en combate, y el anexionista Tomás Estrada Palma adueñado de la dirección política de la guerra sin que fuera efectivamente elegido; con la intervención yanqui de 1898, la disolución del Partido Revolucionario Cubano a final de aquel mismo año –eliminando de esa manera la unidad ideológica de la Revolución-; con la disolución igualmente del propio Ejército Libertador, así como de la Asamblea General de Representantes de la Revolución, Cuba siguió en manos extranjeras, ya que de las garras españolas pasó a las estadounidenses.

En 1901 se aprobó una Constitución a medida de los imperialistas yanquis, a la que además, como apéndice de la misma, se le impuso la Enmienda Platt, que permitía al Gobierno estadounidense intervenir militarmente en Cuba siempre que lo considerara necesario; de hecho llegaron a intervenir entre 1906 y 1909 y desde 1917 hasta 1922. La Enmienda Platt también permitió la cesión de parte del territorio nacional –la porción de Guantánamo que hoy todavía permanece ilegalmente ocupada- para, según su sarcástico artículo séptimo, “mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa”. Finalmente, con la firma del Tratado Permanente y el Tratado de Relaciones Comerciales se oficializó la dependencia política y económica de Cuba con respecto a los Estados Unidos. La Revolución quedó pospuesta, y el pueblo cubano siguió sufriendo sobremanera.

Entre 1920 y 1930 –llamada por Juan Marinello como “La Década Crítica”-, se rescató la conciencia nacional de inspiración martiana y antiimperialista. A esta importante época pertenece el surgimiento de la Protesta de los Trece, el Movimiento de Veteranos y Patriotas, el Grupo Minorista, la Federación Estudiantil Universitaria, la Universidad Popular José Martí, la Confederación Nacional Obrera de Cuba y el primer Partido Comunista de Cuba; emergiendo como protagonistas de estos hechos tan importantes nombres no menos importantes para la historia como el ya nombrado Marinello, Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Pablo de la Torriente Brau, el “Canciller de la Dignidad” Raúl Roa, Antonio Guiteras...

Derrocada el 12 de agosto de 1933, la sangrienta dictadura de Gerardo Machado –el “asno con garras”, al decir del citado Rubén- por la lucha revolucionaria del pueblo –la Revolución del 30-, el 29 de mayo de 1934 quedó abolida la Enmienda Platt y con ella también cesaron los desembarcos de marines y las injerencistas notas diplomáticas. Así acabó la era del protectorado (1902-1934), el régimen semicolonial de dependencia que sustituyó a la anexión, y se iniciaron los tiempos de la neocolonia (1934-1958) no mucho mejores, como demuestra la historia.

Con Machado derrocado, los yanquis trataron de prolongar el machadismo sin Machado. Pero el 4 de septiembre de 1933 se instaló en el poder, por primera vez en la historia de la republica plattista, un gobierno producto de un golpe revolucionario que, obviamente, no contó con la anuencia y aprobación de los Estados Unidos, sino todo lo contrario. El nuevo gobierno contó con el respaldo mayoritario del pueblo, y, por supuesto, con la acérrima oposición del gobierno imperialista, así como de los politiqueros y la oligarquía nacional. Pronto dictó leyes de carácter social, llegando a intervenir la compañía estadounidense de electricidad.

Pero los Estados Unidos no podían tolerar un gobierno nacionalista y popular en Cuba -que ya había rechazado la Enmienda Platt al no jurar la Constitución de 1901-, y no tardaron en comenzar a tramar, desde su embajada en La Habana, una conspiración con la reacción del país y el concurso traicionero del entonces jefe del ejército, Fulgencio Batista. Mientras tanto, amenazante, la flota de guerra yanqui rodeaba las costas cubanas.

El “Gobierno de los Cien Días” no consiguió sostenerse, y acabó cediendo el poder el 18 de enero de 1934. Una lástima, sin duda, porque, como dijera el Che, “revivió, en una de las épocas más oscuras de Cuba, todos los ideales de la generación anterior, que fueron frustrados después de 1898” y “volvía a tomar el espíritu de aquellos mambises…”

Estados Unidos utilizó a Fulgencio Batista para instaurar la república neocolonial en 1934, y lo utilizó otra vez colocándolo al frente del gobierno tras el golpe militar del 10 de marzo de 1952. “No fue suficiente la traición de enero de 1934… el pueblo sintió que había retrocedido veinte años de historia patria” –expresó Fidel en La historia me absolverá.

Por la vía electoral estaba claro que no existían posibilidades de tomar el poder. La Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba lo dijo de esta manera: […] “el imperialismo y los sectores más reaccionarios de las clases dominantes nativas, temerosos de las fuerzas de las masas, no estaban dispuestos a permitir el triunfo electoral de los candidatos que contaban con el respaldo de las mayorías nacionales, lo cual no habría implicado un cambio social, pero sí la barrida de la pandilla gobernante de turno, abriéndose nuevas perspectivas de lucha”.

Así lo entendió en su momento la llamada Generación del Centenario que, afortunadamente, tenía bien aprendida la lección del Maestro: “Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas, y permite que le pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado. […] En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Ésos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana...”

El 28 de enero de 1953, José Martí cumplió 100 años de nacido. “Parecía que el Apóstol iba a morir en el año de su centenario, ¡tanta era la afrenta!” –expresó Fidel en su alegato del 16 de octubre de aquel mismo año-. “Pero vive, no ha muerto –continuó diciendo-, su pueblo es rebelde, su pueblo es digno, su pueblo es fiel a su recuerdo […] ¡Cuba, qué sería de ti si hubieras dejado morir a tu Apostol!”

Efectivamente, José Martí no murió el año de su centenario, todo lo contrario. Con las primeras luces del día 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes dirigidos por Fidel Castro Ruz asaltó los cuarteles Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel Céspedes de Bayamo. Estos hechos supusieron el reinició la Guerra Necesaria de 1895, la continuidad, en definitiva, de la Revolución iniciada en 1868. Debido a algunos contratiempos, los asaltantes fracasaron militarmente, pero nunca políticamente. Prueba de ello es que, cinco años, cinco meses, cinco días y 20.000 compañeros caídos después, la contundente victoria del Ejército Rebelde liberó al pueblo de Cuba de sus gruesas y oprobiosas cadenas.

Más sobre el 26 de julio: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89184

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Este es un grupo de correos de amigos de la Organizacion Politica Los Necios. Creemos en el debate, en el ejercicio de opinar y difundir pensamiento revolucionario, sentimiento humano. Tambien para hacer acopio de ideas, observaciones, criticas y pensamientos que contribuyan con la construccion de una nueva sociedad hondureña y centro americana, que a la vez nuestra luz crezca y se comparta con el mundo.

¡Venceremos!

¡Necedad!


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