III Asamblea regional de Jubileo Sur/Américas
Taller de formación: ¿Qué deudas? para ¿Cuál desarrollo?
Hacia la reparación de las deudas y la construcción de alternativas
Managua, Nicaragua 14 al 18 de junio 2010
En el marco de la III Asamblea regional de Jubileo Sur/Américas y del Taller de formación: ¿Qué deudas? Para ¿Cuál desarrollo? El Bloque Popular de Honduras presenta el siguiente análisis de la situación actual que vive el país como insumo para la discusión y el esfuerzo regional para llegar a acuerdos conjuntos como pueblos organizados en contra de las tiranías militares y empresariales que pretenden gobernarnos.
La Historia
Históricamente Honduras ha sido un país victimizado por los intereses económicos de una minoría y a partir de los últimos 20 años con la consolidación de la mal llamada “democracia representativa” empezamos a sufrir los embates del neoliberalismo y el asistencialismo de las instancia multilaterales de financiación internacional, teniendo como principales referentes al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero de manera especial con los órganos más regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La deuda externa del país asciende a 2.457.8 millones de dólares, 17.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y superior en 134.9 millones de dólares respecto a la de 2008. Los mayores acreedores son la Asociación Internacional para el Desarrollo (IDA) del Banco Mundial 501.7 millones, el BID (449.1 millones) y el BCIE (404 millones), entre otros.
Es necesario apuntar que la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (IPPAE) incluyo a Honduras y que durante el gobierno de Ricardo Maduro el Club de Paris y el BID anunciaron la condonación de 3 mil 500 millones de dólares y durante el gobierno de Zelaya se logro una condonación de mil 500 millones de dólares lo que suma un total de 5 mil millones de dólares. Cifra impresionante para un país tan pobre pero al mismo tiempo ineficaz porque para el hondureño u hondureña promedio no significa nada.
El Régimen entre la espada y la pared
Estas condonaciones debían ser re direccionadas para la llamada Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) que sumaba el problema de pago del Estado a la exigencia social que vive en situación de completo abandono. El problema es que el discurso nunca fue coherente con las acciones y por un lado se exigía el cumplimiento de las cuotas y por otro se continuaba con las políticas neoliberales de la reducción máxima del Estado. La ERP no llegaba a la gente porque simplemente no tenia los fondos para hacerlo, teniendo así que incurrir en nuevos préstamos y aumentando a su vez la deuda interna del país que este año después del Golpe de Estado del 28 de junio del 2009 es de 22,844 millones de lempiras (1.207 millones de dólares), que representan el 33% de toda la deuda pública de la administración central, interna y externa, calculada en unos 3,647.8 millones de dólares.
Para tratar de aliviar esto el régimen instaurado desde el Golpe y ahora presidido por Porfirio Lobo ha anunciado que con la autorización del Congreso Nacional se emitirán 6,300 millones de lempiras (US$332 millones) adicionales en bonos del Tesoro, el monto del endeudamiento interno llegaría a 29,144 millones de lempiras (1.540 millones de dólares), el más grande jamás alcanzado en ese concepto.
La situación económica-administrativa del Estado es crítica pues por una parte las reservas estatales fueron saqueadas durante los primeros seis meses del régimen dirigido por Roberto Micheletti y por otro, que aunque los empresarios fueron las mentes maestras de esta ofensiva contra el legítimo gobierno de Manuel Zelaya, ahora no están dispuestos a soportar la crisis estatal y han anunciado que esta medida incrementara el valor de la moneda y que esto se traducirá en un incremento en las tasas de interés, asfixiando aun más a la población general que esta imposibilitada a acceder a fondos para inversiones propias.
El Gobierno no tiene respuestas y se mantiene en el poder solo a base de las armas de los aparatos represivos (Policía y Ejército) desde el 28 de junio del año pasado. Los “golpistas” le apostaron al montaje de unas elecciones falsas para ocultar los crímenes cometidos para frenar las aspiraciones de la población de crear una Nueva Asamblea Nacional Constituyente para Refundar el País.
Lo que no se esperaban era que desde el secuestro de Zelaya centenares de organizaciones incluidas, por supuesto, el Bloque Popular nos reunimos para luchar de manera unificada contra este régimen. Esta lucha desde un inicio se planteo más allá de la propia coyuntura política, pues puso en la mente de toda la población el proceso de construcción de un verdadero Poder Popular.
Como organización somos parte del Frente Nacional de Resistencia Popular (que es la plataforma de lucha más importante en la historia del país) y desde ahí hemos mantenido una posición firme en contra del reconocimiento internacional a Porfirio Lobo como presidente de Honduras, recibiendo un importante apoyo de todos los pueblos hermanos de América y del Mundo. El no reconocimiento asfixia todavía más a los golpistas que nunca en sus cálculos proyectaron tanta presión social y tal crisis como la que viven actualmente.
Presentaron un mal llamado Plan de País, pero lo hicieron sin presupuesto, como quien construye castillos en el aire. Afortunadamente los hondureños y hondureñas en la mayoría de los casos hemos dejado atrás los días en que la demagogia podía sorprendernos.
El desconocimiento
Así como se desconocen a las actuales autoridades, así se desconoce el sistema de gobierno y de ordenamiento económico junto con todo lo que este ha traído. Cuando el pueblo hondureño habla de Refundación lo hace entendiendo que todas las viejas estructuras políticas del país deberán ser derrumbadas para dar paso a una Democracia Participativa y Popular.
Todo el dinero que se le ha prestado a Honduras ha sido supuestamente para apoyar a los sectores más desposeídos y en los últimos 20 años lo que nuestro país ha sufrido no ha sido un alivio si no su dinámica de empobrecimiento más acelerada. Más del 70 por ciento vivimos en pobreza y de estos la mitad ya están en la miseria, somos uno de los países con menor gasto social del mundo y un ejemplo claro de que el neoliberalismo nunca fue, ni será una solución para los pueblos.
La deuda del país la adquirieron las cúpulas que nos han gobernado y no nosotros y nosotras como pueblo, por lo tanto es una deuda que no reconocemos. Creemos en la solidaridad de los pueblos y agradecemos el apoyo que hemos recibido de muchos países hermanos, así como del apoyo que recibimos en estos momentos de lucha.
Estas cantidades millonarias de dinero nunca se han traducido en beneficios para los más pobres, sin embargo algunos se han hecho millonarios con los mismos. Ese mismo grupo que vive en la opulencia es el que nos explota y el que nos asesina cuando exigimos cambios.
Si existe una deuda en Honduras es de los sectores gobernantes con el pueblo, así como de las grandes potencias con el pueblo hondureño. El treinta por ciento del territorio nacional esta concesionado para la explotación minera. Contamos con la biosfera más grande de América Central y la segunda de meso América, La Biosfera del Río Plátano, que mide 8.300 kilómetros cuadrados, además de muchas otras zonas con gran riqueza en biodiversidad y enormes fuentes de agua que abastecen a la región. De estos servicios naturales el país no recibe ninguna compensación y al contrario se regalan al mejor postor.
Esto cambiara cuando se refunde el país, así como cambiara la forma de entender el desarrollo del país. Hace poco más de dos años el país inicio de la mano de Zelaya el proceso de ser parte de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) proyecto que en poco tiempo trajo beneficios reales para la mayoría y que el régimen de Lobo trato de cancelar como primera acción. El ALBA sigue en Honduras pero ahora manejada por la Resistencia que representa los intereses de las mayorías y que ahora le apunta a la creación de redes de comercialización de productor a productor para que las ganancias del trabajo se queden en los trabajadores y no en los empresarios.
Como Bloque Popular siempre hemos luchado contra el imperialismo y la explotación capitalista, estamos en contra de los yugos impuestos a los pueblos ya sean estos económicos, políticos o militares. No creemos en la injerencia de las grandes potencias, ni en las Fuerzas Armadas hondureñas o las norteamericanas que solo han servido para reprimir a la población civil desarmada. Apostamos por la construcción de una sociedad justa y este discurso ha sido asumido por la Resistencia como su primer objetivo.
Esperamos seguir trabajando en el fortalecimiento de las redes de lucha entre los pueblos que luchamos contra el mismo enemigo. Esperamos que este encuentro de Jubileo Sur/Américas mantenga como siempre en agenda la lucha contra los yugos económicos y militares, impulsando a que la política sea tomada en manos de los pueblos para construir futuros más justos.
Saludamos a todas las organizaciones participantes y nos sumamos de lleno a los esfuerzos regionales que acordemos. Les recordamos que nuestra trinchera de lucha es la misma que la de ustedes y que el pueblo hondureño siempre tendrá sus manos abiertas para recibirlos y sus energías listas para salir a acompañarles en solidaridad militante cada vez que sea necesario.
CORRUPCIÓN Y TERROR ANTES DEL PARTIDO DE FUTBOL.
Gustavo Zelaya.
La presencia imperial norteamericana en Honduras se puede documentar desde mediados del siglo XIX intentando tomar el puesto de los ingleses en el Caribe y de los españoles en tierra firme, consiguiendo las primeras concesiones para explotar el bosque, las minas y todos los recursos naturales posibles. Manipulando gobiernos, fabricando guerras civiles, inventando conflictos, interviniendo militarmente hasta imponer como práctica política la doctrina de seguridad nacional. Desde el gran garrote, la diplomacia del dólar hasta el reciente poder inteligente que mezcla negocios, religión, tecnología, política, drogas y terror para perpetuarse como poder indisputable en esta miserables regiones del planeta.
Para tal propósito ese imperio se sustentó en la pudrición que el mismo sistema capitalista genera y en la entusiasta actitud servil de sus aliados locales que, entre otras características, destacan por las prácticas corruptas en el manejo de los asuntos públicos y privados. Los grupos nacionales dominantes han desarrollado una forma de ver las cosas que repudia al resto del pueblo, que apela a la supuesta grandeza norteamericana y al credo anticomunista de los gobernantes demócratas o republicanos de la casa blanca. Esa ideología del imperio y de sus cómplices se apoya en una concepción mecánica, maniquea, que divide los fenómenos en buenos y malos, a las personas y gobiernos en amigos o enemigos; así, los adversarios representan al mal y son opuestos a la democracia y a los valores occidentales, mientras que los buenos son apoyados por los Estados Unidos y son portadores del espíritu de la libre empresa y la libertad. Esa visión tan simple de la realidad permite que clasifiquen los países como Estados fallidos, terroristas o imperio del mal y emprender guerras preventivas y emitir certificados para los Estados que colaboran contra la narcoactividad, censurar a otros como violadores de los derechos humanos hasta convertir tal maniqueísmo en fundamento del derecho internacional. Exactamente tal y como lo hacen a escala local los del Opus Dei, la Unión Cívica Democrática y todos los golpistas de palabra y acción. Para ellos cualquier intento de emprender tibias reformas es parte de proyectos subversivos financiados por Hugo Chávez y Fidel Castro, es decir, son intentos foráneos que deben liquidarse ya que no reflejan la idiosincrasia nacional.
Todos esos blancos personajes, esos inmaculados demócratas, tienen como consigna central la noción de libre empresa y de inversión extranjera como el camino único y absoluto para superar el atraso económico y social. En el gobierno de Lobo hay muchos de ellos que se llaman técnicos, jóvenes con nuevas ideas llamados por la voluntad divina para limpiar la sociedad de la histórica corrupción que ha provocado miseria y subdesarrollo, pero como continuadores del golpe de estado van a profundizar la corrupción hasta hacer de ella un procedimiento estándar en las políticas públicas. Tales prácticas que combinan corrupción, soborno, manejos arbitrarios de los bienes estatales, son productos normales de los golpes de estado y de todos los distintos gobiernos que hemos tenido desde mediados del siglo XIX. Es decir, son un resultado “natural” de la hegemonía norteamericana que contiene la respectiva explotación del trabajo humano y la represión de los opositores.
Después del bombardeo de las torres gemelas en Nueva York la fuerza militar norteamericana ha extendido operaciones a más países y dentro de los Estados Unidos tiene tal poder que ni el mismo congreso limita su influencia, con todo y operar en el mundo entero mediante guerras preventivas o supuestas amenazas terroristas argumentan que la seguridad interna sigue en riesgo y, por tanto, se extiende la inversión en armamentos, aumentan los negocios militares y en lo ideológico sus posturas se vuelven más extremas combinando política con religión. Por eso no es raro que aparezcan más grupos fanáticos o fascistas protegidos por los gringos y la CIA, que circulen libremente terroristas como los cubanos Luís Posada Carriles y Orlando Bosch, que respalden sociedades golpistas como la UCD en Honduras o candidaturas ligadas al paramilitarismo como la de Juan Manuel Santos en Colombia. Todos los mencionados contando con la complicidad de las fuerzas de seguridad, han puesto y ponen bombas, pueden matar en cualquier lugar del continente, mandan que se ametrallen dirigentes de la Resistencia, obligan a que muchas personas huyan del país y, frecuentemente, no son investigados por la policía ni son condenados por ningún tribunal. Son hijos e hijas del sistema capitalista y se comunican con grupos similares hasta conformar una internacional golpista que contiene a bandas paramilitares, sicarios, escuadrones de la muerte y cuerpos de seguridad oficiales, dedicados a ubicar, capturar y asesinar opositores. Es muy probable que este sea uno de los frutos más celebrados por la política militar norteamericana, su más logrado propósito, que es utilizar de manera ordenada y bien planificada los grupos civiles y militares que utilizan para resguardar su patio trasero.
15 de junio de 2010
URGE LA SOLIDARIDAD CON CAMPESINOS PRESOS DEL MCA
El Frente nacional de Resistencia en el departamento de colón,a los movimientos y organizaciones populares,a las organizaciones campesinas a nivel nacional e internacional,demanda la urgente solidaridad para con los campesinos Isabel Morales y carlos Maradiaga,presos desde el mes de agosto del 2008 y acusados injustamente de una enorme cantidad de delitos por los mal llamados operadores de la justicia Hondureña.1'-En los primeros días del mes de agosto del 2008 se produjo un ataque contra el movimiento campesino del aguan MCA,con armas de grueso calibre y en los predios de la tierra en recuperación en poder del coronel Henry Osorto, hecho que fue denunciado ante la policía del municipio de Trujillo y en la policía departamental de Colón,a lo que no le prestaron atención por su alianza con el aun jefe de la policía en el departamento de copan, Henry Osorto.En todo caso, los campesinos lucharon por evitar un enfrentamiento armado sobretodo porque no tenían armas.
2.-Lamentablemente en el enfrentamiento perdió la vida un campesino del MCA y varios familiares y trabajadores del coronel Henry Osorto,el enfrentamiento fue tan confuso,y en un ambiente tan cerrado que difícilmente se pudo haber identificado que personas participaron en el hecho.
3.-Durante el mismo mes de agosto,se organizaron los patronatos y las juntas de agua del acentamiento de la colonia Guadalupe Karney ubicada en la comunidad de Silin municipio de trujillo departamento de Colón,fueron a registrarse como dirigentes de estas organizaciones para trabajar legalmente,haciendo su inscripción en el departamento de desarrollo comunitario de la municipalidad de trujillo,lo extrañable es que todos los que fueron a registrarse aparecen como parte de los 32 campesinos con orden de captura emitidas por los juzgados de Trujillo.
4.-A finales de octubre 2008, fueron capturados mientras hacian diligencias publicas personales en trujillo Isabel Morales y Carlos Maradiaga, en el municipio de tocoa que se desplazaban libremente sin saber que tenían orden de captura.Esos días movilizaron a todo el décimo quinto batallón de infantería y de las fuerzas especiales y toda la policía para trujillo. Días mas tarde los trasladaron en helicópteros militares para un presidio ubicado en la ciudad de la Ceiba en el departamento de atlantida.
5.-En las primeras audiencias les han incoado una innumerable cantidad de delitos y acusaciones utilizando testigos falsos incluyendo una persona que se supone tiene problemas mentales y en donde solicitan penas de 250 años para uno y 150 años para el otro, convirtiéndose históricamente en las penas de mayor cuantía solicitadas en honduras hasta hoy.
6.-El juicio oral y escrito contra estos campesinos se esta realizando desde el lunes 14 de junio hasta día viernes 18 de junio del año en curso en la Ceiba Atlantida en el tribunal de sentencias,juicio que tuvo que haberse realizado en trujillo pero que por conveniencias de la parte acusadora fue trasladado para esa jurisdicción.
7.-Para enfrentar la defensa legal del caso se requieren de unos 600mil lempiras que ahora no tenemos,la presencia permanente de las organizaciones frente al tribunal de sentencia en la ceiba y desenmascarar la voracidad de la ¨justicia Hondureña en contra de los mas humildes de este país mediante comunicados y pronunciamientos a travez de los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.
8.- Hacemos el llamado a la comunidad nacional e internacional,a la comisión interamericana de derechos humanos, a la plataforma de derechos humanos en honduras, a la corte de lo penal internacional de justicia,al frente nacional de resistencia popular en todo el país para que nos movilicemos hacia la ceiba atlantida y brindemos la solidaridad ahora que verdaderamente se necesita.
EL QUE GUARDA SILENCIO ANTE LA INJUSTICIA TAMBIÉN SEVUELVE CÓMPLICE.
EXIGIMOS LIBERTAD PARA LOS CAMPESINOS PRESOS DEL MCA.
4.
Manuel Zelaya culpó de su derrocamiento en junio de 2009 al Pentágono, la oligarquía local y a los líderes de su partido Liberal e instó a sus simpatizantes a continuar la lucha por convocar a una Constituyente.
"Debemos estar alerta (porque) los enemigos del pueblo hacen circular especies con el fin de dividirnos", dijo el ex mandatario en un comunicado entregado el viernes a la AP por su asesor legal Rasel Tomé.
"La cúpula del partido Liberal conspiró con la oligarquía y el Pentágono para armar el golpe militar para sacarme del escenario político", subrayó.
Zelaya (2006-2009) exhortó a los hondureños a "luchar por la unidad y por la Constituyente... por una nueva Constitución que garantice la libertad democrática (y que) debe tener contenidos claros que surjan de propuestas planteadas por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)".
El FNRP lo fundaron los zelayistas luego del golpe de Estado y para el ex gobernante se trata de la nueva fuerza beligerante en Honduras. Afirmó que debe ser el eje para coordinar y aglutinar las fuerzas políticas progresistas.
Advirtió además que "el partido Liberal sólo dentro de la Resistencia tiene opción de poder, fuera de la Resistencia es débil y está condenado al fracaso. No estar unidos en la Resistencia es entregar a la oligarquía nuevamente el país y el poder".
Zelaya, refugiado desde enero en República Dominicana, dijo que es un "liberal en resistencia permanente y lo seguiré siendo, de los que practican su verdadera doctrina, opuesta a las dictaduras militares y a los regímenes antidemocráticos".
Fuente: http://www.lavozarizona.com/
5.
| Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández |
Se suponía que el recién publicado Informe Final del Grupo de Trabajo para el Estudio de la situación en Guantánamo del Presidente Obama tenía que aportar un análisis convincente y definitivo sobre el estatuto de los 181 prisioneros que aún permanecen en esa prisión, teniendo en cuenta que “a los más de 60 profesionales de carrera, incluyendo analistas de inteligencia, fiscales y agentes del orden implicados llegados desde el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior, la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigación y otras agencias de la comunidad de inteligencia” les ha llevado once meses completar dicho Informe.
Sin embargo, lamentablemente, el resultado final –aunque válido en muchos sentidos- también ha revelado cautela institucional y credulidad respecto a las contribuciones de los servicios de inteligencia, incapacidad para abordar con la legislación los problemas esenciales que sirvieron para que se autorizaran las políticas de detención del Presidente Bush, así como buena disposición para doblegarse ante las demandas de la conveniencia política.
¿Por qué teníamos grandes esperanzas cuando Obama llegó al poder?
Cuando Obama ocupó su cargo prometiendo cerrar Guantánamo en el plazo de un año, parecía posible que antes que transcurrieran doce meses la administración empezaría a procesar en los tribunales federales a alrededor de tres docenas de los prisioneros que quedaban y que liberaría al resto.
Esta idea no era tan extravagante como podría parecer a simple vista. Con el pasar de los años, los informes de inteligencia indicaban que la cifra de prisioneros relacionados de modo significativo con al-Qaida u otros grupos terroristas internacionales era de entre 38 y 50. Como expliqué en un artículo en 2008:
De los 749 detenidos que hubo en la prisión durante sus primeros dos años y medio de existencia, ninguno, según docenas fuentes de inteligencia y militares de alto rango entrevistados por el New York Times en junio de 2004, “tenía rango de dirigente o alto operativo de al-Qaida” y “sólo un relativo puñado –algunos señalan la cifra de alrededor de una docena, otros de más de dos docenas- eran miembros implacables de al-Qaida o se ocupaban como militantes de elucidar los trabajos internos de la organización”.
Diez detenidos importantes, según se dijo, llegaron a Guantánamo desde prisiones secretas [vía Bagram] de la CIA en septiembre de 2004 y otros catorce “detenidos de alto valor”… llegaron en septiembre de 2006, pero estas apariciones –que en sí mismas revelaban la existencia de prisiones secretas que eran incluso menos controlables que Guantánamo- fueron apenas suficientes para convencer a nadie, excepto al más ferviente e incondicional de los seguidores, de que el experimento, totalmente extralegal, merecía la pena.
A éstos se añadieron dos “detenidos más de alto valor”, a los que hicieron volar hasta Guantánamo desde prisiones secretas en 2007 y 2008 (junto con otros prisioneros de menor importancia), esto significa que, del total de 779 prisioneros, sólo alrededor del 5% parecían “lo peor de lo peor”, como eran regular y persistentemente calificados por la administración Bush, y yo confiaba en que Obama reconocería esto y lo utilizaría para repeler las predecibles críticas republicanas.
Además, en cuanto a la liberación de prisioneros, aquellos de nosotros que en enero de 2009 confiábamos para bien, nos dimos cuenta de que las juntas militares de revisión del Presidente Bush habían aprobado ya la liberación (o traslado) de 59 prisioneros, pero que aún no estaban liberados porque tuvo que dejar la presidencia en ese momento. En consecuencia, confiábamos en que en los primeros meses de la presidencia de Obama se liberaría a docenas de prisioneros
Éramos optimistas incluso a la hora de pensar que iba a encontrarse una solución viable para las docenas de prisioneros cuya repatriación era impensable porque corrían el riesgo de que les torturaran en sus países de origen –entre ellos Argelia, China, Libia, Siria, Tunez y Uzbekistán-, o porque, como ocurría con un puñado de palestinos, eran esencialmente refugiados sin patria. Cuando vimos toda la buena voluntad que había por todo el mundo hacia el Presidente Obama, creímos que sería relativamente fácil asegurar la ayuda de otros países para acoger a esos hombres y hasta pensamos que EEUU daría el primer paso ofreciendo a algunos de los hombres un nuevo hogar en su zona continental.
Los uigures eran los candidatos con más posibilidades de reasentamiento en EEUU. El grupo de uigures está constituido por musulmanes de la oprimida provincia china de Xinjiang, a quienes los campesinos pakistaníes habían vendido a los soldados estadounidenses tras huir de un destartalado asentamiento en las montañas afganas, donde habían acabado después de intentar sin éxito viajar a Turquía en busca de empleo, o porque alimentaron inútiles esperanzas de poder levantarse contra el gobierno chino. Desde el momento en que pasaron a custodia estadounidense, resultó obvio para casi todo el mundo que no tenían conexión alguna ni con al-Qaida ni con los talibanes y, en octubre de 2008, fueron los primeros hombres en conseguir sus peticiones de habeas corpus después de que el Tribunal Supremo dictaminara tres meses antes que los prisioneros de Guantánamo tenían constitucionalmente derecho al habeas corpus.
De cómo se desvanecieron nuestras esperanzas
Sin embargo, finalmente, aunque el grupo de trabajo recomendó que se sometiera a juicio a 36 de los prisioneros (completamente dentro del ámbito de las estimaciones ofrecidas por la inteligencia) y aprobó que se liberara a 126 (de los 240 prisioneros cuyos casos estudiaron), sus miembros mostraron también cautela, credulidad, confusión y la asunción de la conveniencia política que mencioné al principio de este artículo.
El ejemplo más inquietante de cautela y credulidad fue lo que el grupo de trabajo llamó “la disposición” de otros 48 prisioneros, quienes, en su opinión, deberían seguir indefinidamente detenidos porque “no es factible procesarlos ni en un tribunal federal ni en una comisión militar”. Los miembros del grupo no perdieron la ironía –esa detención indefinida fue lo que estableció exactamente el Presidente Bush en primer lugar-, ya que intentaron sofocar las críticas de la siguiente forma:
Los obstáculos principales al enjuiciamiento en los casos considerados inviables por el grupo de trabajo no estaban motivados por la preocupación de proteger fuentes sensibles o métodos que no se pudieran revelar, ni porque pensaran que las pruebas contra los detenidos estuvieran falseadas. Aunque esas preocupaciones estaban presentes en algunos de los casos, se consideraba que la mayoría de los detenidos no podían ser enjuiciados en base a pruebas más esenciales y limitaciones jurisdiccionales ligadas a los requerimientos de un foro criminal.
Según el grupo de trabajo, esas “pruebas fundamentales y limitaciones jurisdiccionales” estaban relacionadas con las circunstancias de la captura de los prisioneros y los problemas percibidos al procesarles en los tribunales federales o en las comisiones militares.
Los problemas con las pruebas
En cuanto al primer punto, el grupo de trabajo explicó que, debido a que “el objetivo en el momento de su captura era reunir información de inteligencia y eliminarles del combate, no se les sometió a investigaciones criminales formales y que las pruebas no se reunían ni preservaban pensando en procesarles”. Esto hizo que las circunstancias de su captura –en gran medida en manos de los aliados pakistaníes y afganos del ejército estadounidense en un momento en que estaban muy generalizados los pagos por botín- parecieran menos caóticas de lo que realmente fueron y también se ocultó la clase de trato, o maltrato, a que fueron sometidos durante “la recogida de información de inteligencia”.
Con esto en mente, no resulta más tranquilizador leer la evaluación del grupo de trabajo sobre la calidad de los informes utilizados por los servicios de inteligencia para establecer la importancia de esos 48 prisioneros. El grupo de trabajo trató de explicar que “la inteligencia sobre esos hombres podía ser precisa y fiable”, pero que “por diversas razones, no puede ser prueba admisible o suficiente para satisfacer una carga criminal de prueba en una comisión militar o en tribunal federal”.
No se explicaron esas “diversas razones”, pero leyendo entre líneas lo que esta declaración, bastante suave aunque condicional, muestra con el uso destacado que hace de la palabra “puede” es que la inteligencia invocada como prueba no podría probablemente enfrentarse a ningún tipo de control genuinamente objetivo, y las razones de esto se revelan inadvertidamente en la línea final del párrafo relativo a las “limitaciones de las pruebas”.
“Un problema común”, escribió el grupo de trabajo, “es que, para muchos de los detenidos, no hay testigos disponibles que puedan testificar en su contra en cualquier acción legal”. Aquí, la utilización de la disponibilidad de los testigos es una especie de cortina de humo, que trata de ocultar una verdad contundente: que la inteligencia y cualquier testigo del que se pudiera disponer, están contaminados por las circunstancias bajo las que tuvo lugar “la recogida de inteligencia”: los interrogatorios coercitivos y, en algunos casos, la tortura a los mismos prisioneros o a sus compañeros en prisión.
Con 50 fallos ya emitidos en el Tribunal de Distrito en Washington DC, sobre las peticiones de habeas corpus de los prisioneros (36 de las cuales fueron ganadas por los prisioneros), los jueces han subrayado una y otra vez esos problemas, con una objetividad que sin embargo eludió el grupo de trabajo, como por ejemplo en los casos de Fouad al-Rabiah, un kuwaití al que el Presidente Bush llevó a juicio ante una comisión militar, que fue liberado después que un juez dictaminara que todo el caso contra él se basaba en una falsa narrativa conseguida mediante torturas y amenazas. Y, por citar dos ejemplos más, Alla Ali Bin Ali Ahmed, un yemení atrapado en un albergue estudiantil en Pakistán, y Mohammed El-Gharani, un nacional del Chad, que sólo tenía catorce años cuando fue secuestrado en un asalto contra una mezquita en Pakistán. En ambos casos, fueron liberados después de que los jueces fallaran que los testigos presentados por el gobierno –los compañeros prisioneros de los hombres- eran irremediablemente poco fiables y que cuando no se les sometió a violencia, al menos se les sobornó para que hicieran declaraciones falsas.
Es por tanto, bastante poco honrado que el grupo de trabajo afirmara que el “obstáculo principal para enjuiciar” a esos 48 hombres “no procedía típicamente de… la preocupación porque las pruebas contra el detenido[s] estuvieran contaminadas”, cuando, para ser sinceros, las actas están repletas de ejemplos que prueban lo contrario.
Además, un estudio de algunos de los casos para los que el grupo de trabajo consideraba que era conveniente la detención indefinida resulta aún más alarmante. Aunque el grupo de trabajo identificó aproximadamente a un 10% de los prisioneros (24 en total) como “dirigentes, operativos y facilitadores implicados en complots terroristas contra objetivos estadounidenses” (incluyendo a seis de los catorce “detenidos de alto valor” trasladados a Guantánamo desde prisiones secretas de la CIA en septiembre de 2006), el 20% identificado como “Otros con papeles organizativos importantes dentro de al-Qaida u organizaciones terroristas asociadas” (48 prisioneros en total), entre los que se incluían “los individuos responsables de supervisar o proporcionar apoyo logístico para las operaciones de entrenamiento de al-Qaida en Afganistán; facilitadores que ayudaron a mover dinero y personal para al-Qaida; un grupo de guardaespaldas de Osama bin Laden, que mantenían una posición única de confianza dentro de al-Qaida; y operativos bien entrenados por los dirigentes de al-Qaida para futuras operaciones terroristas”.
La inclusión más preocupante aquí es la del “grupo” de guardaespaldas de al-Qaida por razones desde hace mucho evidentes. Los hombres en cuestión, identificados en Guantánamo como los “Treinta Sucios”, son treinta hombres capturados cuando intentaban cruzar la frontera desde Afganistán a Pakistán en diciembre de 2001 y, aunque algunos tenían implicaciones con al-Qaida y habían estado combatiendo a las fuerzas estadounidenses (o, para ser más exactos, a sus apoderados afganos) en las montañas de Tora Bora, esas acusaciones de ser guardaespaldas se presentaron por vez primera en 2006 en virtud de las falsas aseveraciones hechas por Mohammed al-Qahtani, el hombre que se hizo tristemente célebre como víctima de tortura.
Además en un reciente caso de habeas corpus, se reveló que similares acusaciones sin base se habían producido en los casos de otros dos prisioneros mantenidos en prisiones secretas antes de entregarlos en Bagram, donde se les extrajeron las confesiones. En los casos de estos dos hombres, Sharqwi Abdu Ali al-Hajj y Sanad Islam Ali al-Kazimi, el juez Henry H. Kennedy Jr. anuló sus declaraciones porque, como explicó: “Hay pruebas irrefutables en las actas de que ambos hombres acababan de ser torturados en el momento de los interrogatorios en que hicieron tales declaraciones”.
Es igualmente significativo que las falsas acusaciones se dirigieran contra Uthman Abdul Rahim Mohammed Uthman, supuestamente uno de los Treinta Sucios, a quien el Juez Kennedy concedió su petición de habeas corpus el 24 de febrero de este año (un mes después de que se publicara el informe del grupo de trabajo). En su inclasificable opinión, el Juez Kennedy dictaminó que el gobierno había fracasado, en base a la preponderancia de la prueba, al establecer que Uthman “recibía y ejecutaba órdenes de al-Qaida”.
Los problemas de retener combatientes en Guantánamo
Más allá de los problemas con las pruebas, el grupo de trabajo identificó también “limitaciones jurisdiccionales”. Estas se producían, por ejemplo, cuando se habían aparentemente establecido los vínculos de un prisionero con al-Qaida –por “haber estado en un campo de entrenamiento”, o “por jugar algún papel en la jerarquía de la organización”-, pero “el grupo de trabajo no encontraba ninguna prueba de que el detenido hubiera participado en un complot terrorista específico”.
A pesar del hecho de que “se utilizaron los estatutos federales para condenar por apoyo material a personas que simplemente habían proporcionado algún tipo de servicio a una organización terrorista”, el grupo de trabajo se embridó a esta opción, temiendo que los estatutos impidieran que se presentaran cargos sobre actividades anteriores a los ataques del 11-S, preocupándose por las limitaciones de ocho años contenidas en el estatuto para esos delitos y preocupándose también de que la sentencia máxima por tal apoyo material -quince años- no fuera suficientemente punitiva.
Sin embargo, en estas discusiones se perdía un problema adicional planteado durante las resoluciones de las peticiones de habeas de los prisioneros; es decir, que la mayoría de los prisioneros que han perdido sus peticiones de habeas corpus y que podrían tener que enfrentarse a esas acusaciones de apoyo material son, típicamente, reclutas talibanes de bajo rango que se vieron implicados, de una forma u otra, en el conflicto de los talibanes con la Alianza del Norte antes de los ataques del 11-S, y que de forma clara no tenían nada que ver ni con al-Qaida ni con el terrorismo internacional, más allá, quizá, de haber escuchado una arenga de Osama bin Laden para levantar la moral en un campo de entrenamiento.
En lugar de debatir sólo las dos opciones –juicio o detención indefinida-, el grupo de trabajo, en mi opinión, debería haber sugerido una tercera opción: retener a los hombres como prisioneros de guerra, protegidos por los Convenios de Ginebra y no bajo el peligrosamente único tipo de prisionero cuya detención se justifica en virtud de la Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés). El Congreso aprobó el documento fundacional de la “Guerra contra el Terror” justo unos días antes de los ataques del 11-S, la AUMF autorizó –y aún autoriza- al presidente “a utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que él determine que planearon, autorizaron, se comprometieron o colaboraron en los ataques terroristas acaecidos el 11 de septiembre de 2001” (o contra quienes les hubieran acogido).
El Tribunal Supremo aprobó en 2004 el encarcelamiento de los hombres detenidos en función de la AUMF, en Hamdi v. Rumsfeld se afirmaba que “el Congreso ha autorizado clara e inequívocamente la detención” de individuos contemplados por la AUMF, y es esta combinación de factores la que utiliza Obama, al igual que hizo Bush, para justificar el encarcelamiento de los prisioneros de Guantánamo.
Sin embargo, como los casos de habeas han demostrado –y los problemas del grupo de trabajo refuerzan-, todo lo que se ha creado para la mayoría de los hombres retenidos en Guantánamo es una alternativa a los Convenios de Ginebra (que, fundamentalmente, autorizan las detenciones hasta el fin de las hostilidades), que involucra a todos los implicados en enredos legales y, además, sólo proporciona argumentos a quienes mantienen que Guantánamo está lleno de terroristas, cuando la verdad es que queda muy claro que sólo contiene a una pequeña proporción de terroristas y a una cifra mucho mayor de combatientes.
Los problemas con la conveniencia política
El problema último del informe alimento un problema más grande para la administración relacionado, como he mencionado con anterioridad, con los peligros de la conveniencia política. Al analizar los casos de los 97 yemeníes en Guantánamo durante el curso del informe, el grupo de trabajo aconsejó que se procesara a cinco de ellos y que a veintiséis se les retuviera indefinidamente, aprobando la liberación de los 66 restantes. A siete de esos hombres se les liberó el año pasado, pero Obama se doblegó a las presiones políticas y detuvo en enero el resto de liberaciones hacia el Yemen, justo semanas antes de que se publicara el informe, en respuesta a la oleada de histeria con que se recibió el descubrimiento de que Umar Faruk Abdulmutallab, el fallido suicida-bomba del Día de Navidad de nacionalidad nigeriana, se había entrenado en el Yemen.
El grupo de trabajo había ya agrupado a 30 de los 66 absueltos en una categoría propia, al “representar una amenaza menor que la del grupo de detenidos calificados para continuar detenidos en función de la AUMF”, y había recomendado que “no se trasladaran al Yemen en un futuro cercano” y que “se les retuviera en detención ‘condicional’ –otra novedad- hasta que “la situación de la seguridad mejore”.
Sin embargo, tras la “moratoria de traslados” al Yemen del presidente, el grupo de trabajo se manifestó unánimemente de acuerdo con la decisión del presidente, a pesar del hecho de que no había razón para suponer que los yemeníes detenidos desde hace ocho años en Guantánamo tuvieran –o pudieran tener- conexión alguna con la reciente aparición de una rama de al-Qaida en el Yemen, en la que al parecer había implicados un puñado de ex prisioneros saudíes (no yemeníes), cuya liberación en 2006 y en 2007 fue además autorizada por el Presidente Bush, a pesar de los consejos de los servicios de inteligencia.
Lamentablemente, este ejemplo de conveniencia política es sólo uno de los muchos ofrecidos por parte de la administración Obama a lo largo año pasado que han hecho que se evaporaran las muchas esperanzas que muchos de nosotros albergábamos en enero de 2009. Otros ejemplos incluirían el veto de Obama al plan del consejero de la Casa Blanca Greg Craig de la pasada primavera para llevar a algunos uigures a vivir a Estados Unidos, su decisión de reactivar el vilipendiado sistema de juicios de las comisiones militares (que suspendió en su primer día en el cargo) y su apoyo a la detención indefinida sin acusación o juicio, que anunció en un importante discurso sobre seguridad nacional el pasado mes de mayo, cuando la mayor parte de las cartas de George W. Bush, que Obama había quitado de la mesa, se recuperaron de nuevo.
En conclusión, el Informe Final del Grupo de Trabajo para el Estudio de Guantánamo no es un desastre total pero sus equivocadas interpretaciones y omisiones son profundamente inquietantes e indican que sigue siendo considerablemente difícil cerrar Guantánamo, mucho más de lo que debería haber sido. Esto representa una muy triste noticia para los que allí continúan, se les considere o no importantes, que siguen aún esperando, después de casi ocho años y medio, que se les aplique por fin algo parecido a la justicia.
Este es un grupo de correos de amigos de la Organizacion Politica Los Necios. Creemos en el debate, en el ejercicio de opinar y difundir pensamiento revolucionario, sentimiento humano. Tambien para hacer acopio de ideas, observaciones, criticas y pensamientos que contribuyan con la construccion de una nueva sociedad hondureña y centro americana, que a la vez nuestra luz crezca y se comparta con el mundo.
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