Proceso de Paz: La discusión que se viene; el narcotráfico
FARC-EP no seremos los chivos expiatorios por los crímenes
contra la humanidad cometidos por el imperio y la oligarquía. Es hora de
que comiencen a responder por sus hechos
El diario limeño El Comercio reseñó el día 12 de febrero de 1998,
bajo el título Drogas, ¿una guerra injusta?, unas declaraciones del
famoso economista norteamericano Milton Friedman:
“Nuestra política antidrogas ha provocado miles de muertos y pérdidas
fabulosas en Colombia, Perú y México (…) Todo porque no podemos hacer
cumplir las leyes en nuestro propio país. Si lo lográramos no existiría
un mercado de importación (…) Países extranjeros no sufrirían la pérdida
de su soberanía (…) ¿Puede una política ser moral si conduce a la
corrupción generalizada, en tanto, tiene resultados racistas, destruye
nuestros barrios pobres, hace estragos entre la gente débil y acarrea
muerte y desintegración en naciones amigas?”
El padre de la Escuela de Chicago, aseguraba categóricamente que el
gobierno de su país debía legalizar el consumo de las drogas y cesar
unilateralmente la guerra contra ellas. Recordaba amargamente que,
debido a ella, los Estados Unidos habían multiplicado por ocho el número
de su población carcelaria, fundamentalmente población negra y latina
de muy bajos recursos.
Ese tipo de posiciones, carentes del mínimo asomo de sospecha, han
sido expuestas una y otra vez por respetables personalidades. Baste
recordar que en el año de 1979, Alberto Lleras Camargo, dos veces
Presidente de Colombia, prestigioso periodista y primer Secretario
General de la OEA, declaraba al diario El Tiempo, de Bogotá, que habían
sido las políticas represivas del gobierno norteamericano, la
persecución policíaca, costanera, de servicios secretos, las que habían
elevado a tal valor el precio de las drogas, que habían animado la
creación de unas mafias dispuestas a conseguirlas en cualquier parte del
mundo, para llevarlas a los Estados Unidos y allí hacer su gran
negocio.
El patriarca liberal no dudaba en advertir cómo a nuestro país se le
iba a convertir en el chivo expiatorio por una responsabilidad que
únicamente le competía al gobierno gringo: “La guerra y las drogas
teñirán la reputación de nuestros compatriotas en ese tiempo futuro”,
profetizó con sumo acierto.
Las dos décadas trascurridas desde las declaraciones de Lleras
Camargo, cuando Colombia apenas alcanzaba la folclórica condición de
exportadora de Cannabis, a las de Milton Friedman, al igual que los
quince años transitados desde entonces, nos permiten pensar en varias
cosas con relación a este asunto que pronto será objeto de discusiones
en la Mesa de La Habana.
Prácticamente existe coincidencia entre los distintos estudiosos de
la economía capitalista mundial, en el sentido de que los treinta años
gloriosos de ascenso y expansión de la producción industrial que
siguieron al fin de la segunda guerra mundial, y que significaron el más
asombroso crecimiento económico registrado en la historia, llegaron a
su fin en los primeros años de la década de 1970. El estancamiento
sobreviniente, producido por la evidencia de una crisis de súper
producción inminente, obligó a los grandes capitales a frenar su
inversión en la economía material, dando lugar a un descenso constante
de la cuota de ganancia.
Fue necesario buscar otras esferas de inversión. La crisis petrolera
de entonces y la fabulosa riqueza que derivó para el mundo árabe
abrieron las compuertas a la especulación financiera. El crédito
internacional, las bolsas de valores y la infinitud de negocios
especulativos derivados de ellas, se encargaron de estimular y legitimar
las más diversas formas de generación del capital y la ganancia. El
comercio de las drogas adquirió entonces inusitada importancia como
fuente de riqueza e inversiones.
La disputa por el destino final de esas inversiones terminó en la
declaratoria de guerra contra las drogas por el gobierno de los Estados
Unidos. Se trataba del control de los miles de millones de dólares que
sumaban los pagos por las dosis consumidas por sus ciudadanos,
cuantiosos capitales que salían al exterior en manos de desconocidos.
Además de la cobertura moral que se podía imprimir a esa cruzada, la
niñez y juventud que había que salvar de tan nefasto flagelo, ella podía
servir a intereses políticos inmediatos, como compensar la muerte de
cuatro millones de vietnamitas a manos de las tropas norteamericanas
invasoras, con el pueril argumento de que prostitutas indochinas
adiestradas por comunistas, habían iniciado en las drogas a los soldados
norteamericanos, equiparando el daño producido por la horrorosa matanza
y librando a los Estados Unidos de las obligatorias compensaciones.
Y convertirse en un poderoso instrumento de control social dentro de
sus propias fronteras. Las poblaciones conflictivas de los odiosos
negros e inmigrantes podían ser reprimidas y encarceladas de modo
masivo. Y, sobre todo, garantizar un efectivo instrumento de injerencia
directa en los países del tercer mundo, su patio trasero especialmente,
en los que las luchas sociales y políticas amenazaban con hacerlos salir
de la órbita políticamente correcta.
Todas las anécdotas y crónicas sobre cualquiera de las áreas de
cultivos de plantas usadas para la producción de drogas, dan cuenta,
sospechosamente, de que fueron unos generosos gringos los primeros en
aparecer promoviendo y enseñando el cultivo de la mata. Después vendría
el control total sobre los cuerpos de policía locales, y finalmente, con
la misma excusa de la heroica y justa lucha contra las drogas, la
dirección y el control de las fuerzas militares de país involucrado.
Colombia es un ejemplo destacadísimo del desarrollo de esa estrategia de
dominación.
Desaparecida la Unión Soviética, esfumado de repente el fantasma del
comunismo con el que se pretextaba la persecución contra todas las
formas de inconformidad política y social, en desarrollo de la doctrina
norteamericana de seguridad nacional, el poder hegemónico del gran
capital transnacional representado por los Estados Unidos y la OTAN, se
encontró de repente sin una excusa que pudiera justificar sus actos de
intervención y piratería a escala internacional. Había que crear un
enemigo que justificara el enorme aparataje bélico y las políticas
injerencistas.
Entonces hicieron aparición nuevos fantasmas: el terrorismo, el
narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos, la amenaza de las
armas de destrucción masiva, los atentados contra el medio ambiente,
etc., un largo listado caracterizado por la hipocresía y la
manipulación, que bien podía ser aplicado en primer término al poder
imperial, el primer Estado entre todos que ha utilizado armas nucleares y
armas convencionales de todo género, en forma masiva, contra naciones y
pueblos enteros, que ha depredado al planeta en su avidez de ganancias,
que ha promovido sangrientos golpes de Estado y apoyado dictaduras
sanguinarias y gobiernos títeres que pusieron en práctica los métodos de
tortura, guerra sucia y paramilitarismo enseñados en sus escuelas de
formación militar y policial.
Para el caso que nos ocupa, el narcotráfico resultó ideal. Mientras
que buena parte de los grupos y movimientos rebeldes de América Latina
cedieron ante el enorme peso que significó la debacle del socialismo
real, incluso en Colombia, donde buena parte del movimiento insurgente
arreó sus banderas ante los cantos de sirena de la globalización
financiera y el fin de la historia, otros grupos, verdaderamente
revolucionarios y comprometidos con su pueblo, como las FARC y el ELN,
persistieron en sus proyectos políticos y militares.
En adelante no seríamos tratados como fichas del comunismo
internacional, sino como grupos narcotraficantes, terroristas y demás.
No han faltado incluso los intentos de vincular las FARC con negocios
internacionales de uranio y otros minerales para la producción de armas
nucleares. Las llamadas operaciones sicológicas, tan difundidas y
practicadas en su momento por la CIA, hoy verdaderos instrumentos de
propaganda negra en manos de fuerzas militares y policiales dirigidas
directamente por el Pentágono, se encargan de sembrar en la mente de la
población nacional y mundial las representaciones más sucias en torno a
las organizaciones revolucionarias.
Dentro de las cuales se destaca nuestra vinculación con el
narcotráfico. Un país como Colombia, montañoso y con grandes extensiones
de selva, a cuyas regiones más apartadas fueron lanzados por sucesivas
oleadas de violencia latifundista campesinos y colonos, abandonados
además a su suerte por el Estado, resultó ideal para el crecimiento de
los cultivos prohibidos. Esos campesinos hallaron en ellos el modo de
sobrevivir y elevar medianamente su miserable condición de vida. Las
guerrillas, enfrentadas desde varias décadas atrás al régimen, asentadas
fundamentalmente en las áreas campesinas, no teníamos el derecho ni la
vocación de volvernos contra la población con miras a prohibirle la
única actividad de la que derivaba su pírrica subsistencia.
La responsabilidad fundamental por el problema de las drogas radica
en la esencia misma de la economía capitalista, en la incapacidad o
falta de voluntad del gobierno norteamericano para hacer cumplir las
leyes prohibitivas, y hasta en el carácter absurdo de éstas. Dicen los
que estudian esos temas, que producen más muertes el consumo de alcohol o
de comida chatarra que el de drogas. Y que la violencia que genera el
narcotráfico es producto de la actividad mafiosa e ilegal que deriva de
la prohibición del consumo. Y que la guerra contra las drogas genera más
violencia, corrupción y descomposición social y estatal, que la propia
degeneración adictiva.
Así que al asumir en La Habana el tema de las drogas ilícitas, las
FARC-EP marchamos de la mano con la voluntad expresada por las
comunidades campesinas afectadas con la guerra que la oligarquía
colombiana, como siempre, de rodillas ante el imperio, decidió declarar
contra ellas. Pese a que el Presidente Juan Manuel Santos masculla en
algunos escenarios la necesidad de aplicar una política distinta en el
combate a ese problema, en la práctica ha asumido la fiel interpretación
de las directrices de guerra total emanadas del gobierno de los Estados
Unidos.
Las FARC en cambio seguimos firmes en lo planteado en nuestra Octava
Conferencia Nacional, que ya en 1993 incluyó en nuestra plataforma
política:
“10. Solución del fenómeno de producción, comercialización
y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un
grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que
requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e
internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales
fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes”.
El gobierno y el pueblo de Colombia, así como la comunidad
internacional, pueden estar seguros de que el tratamiento en la Mesa al
problema de las drogas ilícitas, en todo lo que tenga relación con
programas de sustitución de cultivos ilícitos, planes de desarrollo,
ejecución y evaluación con participación de las comunidades, así como la
recuperación ambiental de las áreas afectadas, incluidos programas de
prevención del consumo y salud pública, que podrían contemplar su
legalización, se desarrollará con nuestra inquebrantable y decidida
voluntad de contribuir de la mejor manera a poner fin a la sempiterna
injusticia sufrida por las comunidades campesinas del país, una de las
razones históricas de nuestra lucha de cinco décadas continuas.
Entendemos que satisfechas las comunidades campesinas en sus
aspiraciones básicas como producto de acuerdos en la Mesa de La Habana y
en las diversas mesas de interlocución que se desarrollan en el país,
el problema de los cultivos ilícitos habrá desaparecido para siempre de
Colombia. Nuestra satisfacción por una Colombia sin coca será enorme.
Mucho más, si de paso acarrea una Colombia sin pobreza y miseria
rurales, que pueda hacer uso de sus derechos políticos sin ningún tipo
de amenazas y violencias.
De ese modo habrán desaparecido del país, de modo objetivo, como
consecuencia inmediata ydirecta, la producción de drogas y su
comercialización, las que sin embargo, no van a desaparecer del entorno
de la economía capitalista de que emergen. Otros escenarios y luchas
habrán de ocuparse de la erradicación definitiva del problema mundial.
En lo que esté a nuestro alcance, y al alcance de nuestro pueblo, habrá
que colaborar activamente a ello.
La utilización política y estratégica de la guerra contra las drogas
por el imperio de los Estados Unidos, seguramente que buscará trasladar
el conflicto a algunos países vecinos, cuyo régimen político democrático
está interesado en combatir. Esa consideración y advertencia final
debería hacer parte del arreglo pacífico que consigamos en Colombia.
La solución política del grave conflicto que sufre el país desde hace
más de cinco décadas, pasa por la recuperación de nuestra soberanía
nacional, de nuestras libertades de análisis y decisión como nación
independiente.
Los intereses geopolíticos del gobierno norteamericano, promotores de
la pérfida intención de mancillar nuestra condición de revolucionarios
con estigmas criminales, que resultan tan del agrado de las clases
dominantes colombianas y sus aparatos de represión, tendrán que ser
hechos a un lado y desechados por infames. Podemos discutir y debatir
cuanto se quiera nuestra condición ideológica, política, organizativa y
militar, de donde no puede esperarse jamás nuestra disposición a aceptar
las bajas sindicaciones y condenas que trama el Establecimiento.
Las FARC-EP no seremos los chivos expiatorios por los crímenes contra
la humanidad cometidos por el imperio y la oligarquía. Es hora de que
comiencen a responder por sus hechos. Se lo exige la historia.
Montañas de Colombia, noviembre de 2013.
Menea y vencerás...
Santiago
de Chile, 17 nov.- Los chilenos comenzaron a acudir hoy lentamente a
los centros de votación del país, jornada en la que ejercerán el
sufragio para elegir al Presidente de la República, 20 senadores, 120
diputados y los 278 integrantes de los 15 Consejos Regionales de la
nación.
A
pocas horas de haberse censurado el mensaje enviado al pueblo hondureño
por el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, llega al país
el reconocido terrorista venezolano y prófugo de la justicia Robert
Carmona Borjas a desestabilizar el proceso electoral.
Cuatro
años después de un golpe militar que depuso al presidente
democráticamente electo, Manuel Zelaya , los hondureños tienen una
oportunidad con las elecciones del 24 de noviembre para restaurar en
alguna medida la democracia. Hay mucho en juego: o Honduras se hunde más
en la vorágine de la violencia y la represión, o tendrá la oportunidad
de pelear para comenzar a restablecer el estado de derecho y la
construcción de una economía viable. En un plano más general, las
elecciones hondureñas probarán si a la transición de América Latina
hacia la democracia y la justicia social se le permitirá avanzar: a
donde el secretario de Estado John Kerry todavía se refiere como " el
patio trasero".
EEUU cuenta con Rusia para solucionar la situación humanitaria en Siria
